En el presente Inseguridad Jurídica

Análisis de oficios para practicar Revisión al Control Interno de la Delegación

Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico

Hecho.- El día 11 de mayo de 2016, el que suscribe auditor líder en la Secretaría de los Pueblos Indígenas, recibí en mi correo electrónico, formatos de oficio de Orden de Revisión y Solicitud de Información, dirigidos al Lic. Antonio Soto Sánchez, y C. Alberto Sedeño Simontes, Secretario y Delegado Administrativo, con motivo de la Revisión al Control Interno de la Delegación Administrativa, y con fundamento en el artículo 73, fracciones IV y XII del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán. En el primero, “han sido comisionados los CC.C.P. Mario Amilcar García Soto, C.P. María Amparo Chávez Ramos, C.P. Fernando Cerano Pedroza, y Lic. Paulina Anaya Vázquez, personal adscrito a esta Secretaría de Contraloría” firmado por la Secretaria de Contraloría, M.I. Silvia Estrada Esquivel. Y el segundo, firmado por el Director de Evaluación y Auditoría al Sector Central, C.P. Mario Amilcar García Soto. Ambos oficios fechados con 29 de abril del 2016.

Los oficios anteriormente mencionados se enviaron al presente como ejemplo, para elaborarlos de la misma forma y enviarlos de la Contraloría Interna de la Secretaría de los Pueblos Indígenas a su firma a las Oficinas Centrales de la Secretaría de Contraloría. Pero cabe hacer notar lo siguiente:

  1. Ambos oficios se fundamentan con el nuevo Reglamento Interior de la Administración Pública, pero sólo se hace referencia al artículo 73, fracciones IV y XII, y no se hace mención alguna al artículo 77, de las facultades de los Órganos Internos de Control, como tampoco ninguna referencia a su participación e intervención, dado que solamente se establece que es “personal adscrito a esta Secretaría de Contraloría”. Lo cual representa  inseguridad jurídica de los Órganos Internos de Control. E incumple el artículo 77, del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán, de fecha 18 de abril de 2016. Además, incumple con el artículo 4, fracción d) del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos de Operación de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de fecha 14 de marzo de 2016, establece que los titulares, y por ende, los auditores de los Órganos Internos de Control son representantes de la Secretaría de Contraloría, no personal comisionado.  Asimismo ha existido una ilegalidad al incumplir la fracción b) del mismo artículo referenciado, en cuanto a que los titulares de los Órganos Internos de Control, “formulan y proponen el programa operativo anual del Órgano Interno a su cargo”. Y como es sabido toda formulación y propuesta ha sido elaborada por de la Dirección de Evaluación y Auditoría Central de la Secretaría de Contraloría.
  2. Sí la decisión de la Dirección de Evaluación y Auditoría al Sector Central y de la propia Secretaria de Contraloría, es continuar con la formulación de los oficios conforme a los formatos enviados, se debe reconocer que la responsabilidad de los titulares de los Órganos Internos de Control y Auditores Líderes es limitada, en cuanto que no se está cumpliendo con el artículo 77, fracciones, I, II, III, VI, XVII y XX.
  3. Se pretende que tanto la Secretaria de Contraloría como el Director de Evaluación y Auditoría al Sector Central firmen este tipo de oficios, y otros más, lo que implica una verticalidad y burocratismo en la gestión pública contraria a la transversalidad y gobierno abierto que debería predicarse como ejemplo desde la Secretaría de Contraloría del Gobierno de Michoacán.

 

Y debilidad institucional

Lo que a continuación se cita forma parte del Acuerdo de Conclusión de Seguimiento, “Mediante oficio UORCS/211/662/2016  de fecha 11 de febrero de 2016, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, de la Secretaría de la Función Pública, comunicó la realización de la Auditoria a los recursos del Programa Contingencias 2015 a la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán. Y mediante oficio SC/DASC/867/2016, de fecha 22 de febrero de 2016, la Titular de la Secretaría de Contraloría, M.I. Silvia Estrada Esquivel, giró instrucciones para que se llevara a cabo la Auditoría a los recursos presupuestales de los Convenios para el otorgamiento de subsidios (Contingencias Económicas, fortalecimiento financiero), correspondientes al ejercicio presupuestal 2015.  Por medio de Acta de Administrativa de Cierre de la Auditoria Número: MICH/CONTINGENCIAS/SFA/16,  fueron presentados ante el C.P. Agustín García Franco, representante de la Secretaría de Finanzas y Administración los resultados de la Auditoría en comento, mismos que se traducen en 18 dieciocho cédulas  de observaciones, exhortando a la Secretaría de Finanzas y Administración a dar atención a las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar las observaciones determinadas en el término que establece el artículo 311 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo que, de acuerdo con el “INFORME DE AUDITORÍA” los plazos para presentar la información tendiente a la solventación total de las mismas llegó a su término y cuyo seguimiento se realizó de la siguiente manera:

OBSERVACIÓN 1 INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, SIN CUANTIFICAR.

Derivado de la auditoría número MICH/CONTINGENCIAS/SFA/16, para la revisión a los recursos transferidos al estado a través de cuatro Convenios para el otorgamiento de Subsidios (de los cuales solo se tuvo a la vista tres), que tiene por objeto el fortalecimiento económico en la entidad, ejercicio presupuestal 2015, suscrito entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Ejecutivo del Estado de Michoacán representada por la Secretaría de Finanzas y Administración, suscritos los días 21 de agosto, 6 de noviembre y 16 de diciembre de 2015, por un monto total de $2,645’000,000.00, para lo cual la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán administró los recursos.

Del análisis efectuado a la información presentada por la Secretaria de Finanzas y Administración para su análisis del programa de Contingencias Económicas (Fortalecimiento Financiero) del ejercicio presupuestal 2015, de los recursos ministrados por $1,204’000,000.00 depositados en la cuenta bancaria específica número 0417384807 del Banco Mercantil del Norte, S.A., el 8 de diciembre de 2015, no ha sido proporcionado el convenio correspondiente, del cual solo tenemos conocimiento del monto que aportaron basado en la “Solicitud y entrega de apoyos financieros extraordinarios no regularizables”.

La Secretaria de Finanzas y Administración no cumplió con los requerimientos solicitados a través del acta de inicio y los oficios emitidos por la Secretaria de Contraloría del Estado de Michoacán, como se detallan a continuación:

  1. 22 de febrero de 2016. Oficio No. SC/DASC/8672016 Oficio de acta de inicio en la que se hizo de su conocimiento que a partir de esa fecha debía tener a disposición de los auditores actuantes la información requerida.
  2. 25 de Febrero de 2015. Acta de inicio donde se solicitó de manera inmediata toda la documentación requerida en original, además se aclaró que en el supuesto de no contar con alguna de la documentación o información solicitada, deberá de exponer los motivos por los cuales no se presenta, debiendo acompañar el soporte documental que así lo acredite.
  3. 16 de Marzo de 2015. Oficio No. DASC/0415/2016, con atención al enlace designado, donde se le reitera la entrega de la documentación inmediata.

Por lo anterior, al hecho, que no existió respuesta por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración para la entrega de la documentación, ni proporcionó por escrito la manifestación de la falta de documentación o de la no existencia de la misma, se observa incumplimiento a lo estipulado en el Artículo 114 fracción VI de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 310 de su Reglamento y lineamiento Centésima vigésima del MANUAL DE NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN”.

Así, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Contraloría de Michoacán carecieron de la capacidad y fortaleza para que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán cumpliera con la entrega de información (resulta más cómodo enfrentar una sanción administrativa que una responsabilidad penal). Y no es un asunto nuevo la impotencia de las instituciones de control, es de carácter endémico. Por lo que no resultó extraño que se ignoraran los señalamientos de sus inconsistencias, inseguridad jurídica y debilidad. Ni tampoco que el presente se ha convertido en réplica del pasado. Y mientras resulta contradictorio promover la transparencia, cuando en los documentos actuales de sus auditorías se pone al calce la leyenda “En los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, según Acuerdo de Reserva de Información de fecha 21 de enero de 2014, expedido por la Coordinación de Contraloría del Titular del Ejecutivo Estatal”. Como declaraciones de la titular de la Secretaría de Contraloría, que después de un año en el cargo afirma “Más de 40 por ciento de los recursos de que disponía el estado, no se aplica para lo que se etiquetaron (…) en la Secretaría de Finanzas también se dispuso de otros presupuestos  para cubrir salarios de burócratas” (Silvia Estrada, Diario Provincia, primera plana, 07/12/16). Puesto que desde hace años se sabía que existía desvío de recursos, que en la Secretaría de Finanzas se diluía las responsabilidades por hechos de corrupción. Por lo que, cómo podrá prevenir, investigar y sancionar actos delictuosos, así como generar la metodología de evaluación de avances y retrocesos, sí se carece de la capacidad para que un trabajo de auditoría cumpla con la normativa y legalidad, y que los auditados cumplan con la entrega de información.

El futuro

No, no existe futuro. Que está por venir la rendición de cuentas, transparencia, y la disminución de la corrupción e impunidad. Aún con la aprobación de los sistemas nacionales y estatales sobre armonización contable, fiscalización, transparencia, y anticorrupción, dado que las leyes no se cumplen en México ni los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad en la función de fiscalización. En el fondo no se ha entendido que el modelo de auditoría se encuentra agotado, y no obstante las recientes reformas permanece tal cual, pretendiendo legitimarlo a través de la participación de especialistas de la academia, de organizaciones sociales y del sector público. SÍ finalmente se manifiesta un sistema de auditoría y fiscalización que denota las tres As (acrítico, autoritario y antidemocrático).

Luego las reformas se han derivado de un diagnóstico equivocado. Tal si fuera posible consolidar un gobierno abierto cuando no existe una auditoría abierta. Por lo que las reformas representan un sucedáneo, un consuelo que más temprano que tarde desaparecerá, y de nueva cuenta nos encontraremos con los lamentos y pesares al saber que las Contralorías Estatales y Entidades de Fiscalización Superior se encuentran en discapacidad nuevamente. Y todo lo anterior pudiera objetarse en cuanto que un caso particular no valida que su afirmación se traslade a lo general. O pudiera argumentarse que es un ejemplo extremo, aunque no se conoce ni se sabe, cómo se práctica y desarrolla la auditoría en cada órgano de control. Pero lo que sí se sabe es la vorágine de escándalos que terminan en la impunidad y olvido, ante los nuevos casos que emergen sin cesar. Quizá es un atrevimiento adjudicar a la cita de Jean Meyer que sea la verdad histórica, pero ante la falta de historia sobre el manejo de los dineros públicos, sólo nos queda escribir lo que nos ha tocado vivir, y tal vez removamos conciencias al dejar por escrito lo que no es conveniente olvidar. Y el mejoramiento de la Secretaría de Contraloría en Michoacán no está aislado del cambio a la fiscalización en su universalidad. Y es el nudo gordiano que debemos cortar mediante la construcción de la historia en los órganos de control y fiscalización, de exponer al escrutinio público la realidad sobre la rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, de lo contrario, el tiempo no suele pasar.

1 Comentario

  1. En principio agradezco a aquellos que me han votado. Es un aliciente, cuando en un mundo al revés, en México ha causado conmoción saber que el gobernador Fausto Vallejo haya autorizado a la encargada de las finanzas estatales desviar recursos, entre los años 2013 y 2014, ahora después de tres años. Noticia que ha sido replicada con amplitud nacional, a partir de que la difundiera Carlos Loret de Mola, el día de ayer, Sin embargo, el problema continua sin resolver. Órganos de control y fiscalización que actúan a destiempo, sin resolver ni determinar la responsabilidad entre los hombres del poder, es decir, los hombres malos, porque éstos no sólo son los narcos sino también los políticos. Y en estos tiempos que lo normal es desgarrarse las vestiduras por los improperios de Trump, pero habría que reconocer nuestros errores y debilidades de los mexicanos para comprender que nuestro mayor mal no se encuentra fuera, sino en nuestra incapacidad para actuar.

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