Sin duda, la reciente Ley de Propiedad Intelectual de 30 de Octubre, que si nada lo remedia entrará en vigor con el cambio de año, es un monumento al afán regulador e impositivo de todos los gobernantes, en un ejercicio estéril que producirá escasos o nulos resultados.

Con el propósito de garantizar ingresos para los editores de periódicos, la Ley establece el “derecho irrenunciable de los medios de comunicación a cobrar una compensación económica equitativa por el uso de sus contenidos”; es decir, la obligación de cobrar una cantidad no definida por el hecho de que alguien facilite parte de sus contenidos.

Como es lógico, en la Ley no se indica nada al respecto, pero el ánimo de la norma se enmarca en los movimientos de muchos países europeos de inventar impuestos para grabar la actividad de gigantes internacionales como Google, o Microsoft, en este caso, del servicio Google News: conforme el desarrollo tecnológico abre nuevos caminos a los gustos y necesidades de los usuarios de todo el mundo, y surgen empresas que las atienden, la voracidad recaudatoria de los gobiernos nacionales los lleva a inventar todo tipo de excusas y pretextos para frenarlo, en un esfuerzo estéril.

Hay personas que desconfían  sistemáticamente de empresas grandes y rentables como Google, y suelen pensar que disfrutan esa posición como resultado de oscuras maniobras y turbios manejos; y a veces los políticos caen en la tentación de buscar votos entre ellos, además de ingresos claro está.  Por supuesto, no me corresponde a mí defenderlas, que para algo tienen sus propios equipos de profesionales cualificados. Pero sí que puedo opinar como observador, y como usuario de internet. Y desde esa perspectiva sostengo que la postura de nuestro legislador es incomprensible y muy perjudicial a largo plazo.

En cuanto se filtraron los primeros esbozos de la Ley, desde muchos frentes profesionales se advirtió  de las consecuencias negativas que tendría. Y el pasado día 12 ya se conoció la reacción natural de Google ante la Ley, en su calidad de principal damnificado: a partir del 16 de diciembre, antes de que entre en vigor, dejará de agregar en su buscador del servicio Google News información correspondiente a periódicos españoles; y a juzgar por las reacciones posteriores, parece que nadie esperaba un movimiento tan lógico.

El eco de esta noticia en todo el mundo es muy negativo para España, porque refleja una imagen de país que no facilita el desarrollo de las tecnologías y compromete seriamente su propio crecimiento; y es muy negativo para los hipotéticos beneficiados de la Ley, es decir, los periódicos nacionales. A partir de ahora, cuando alguien quiera saber noticias de España, o la opinión de especialistas españoles sobre asuntos internacionales, tendrá a su disposición lo que se haya publicado en el resto del mundo, pero no aquí. Eso, o se dedica a invertir su limitado tiempo disponible en visitar una a una las webs de los periódicos españoles y medios de información en general, para investigar también uno a uno en ellos. Se comprende fácilmente que este segundo camino será muy poco transitado.

Y parece mentira que los medios de comunicación clásicos, obsoletos dicen algunos, no comprendan todavía que el futuro está en la Red, y que cada vez hay menos lectores de los clásicos periódicos en papel; que su modelo de negocio debe adaptarse a la tecnología actual; y que una parte considerable de sus ingresos vendrá del tráfico de usuarios que haya en sus webs. Por tanto, cuantas más visitas tengan, mejor podrán defender sus intereses ante los anunciantes y demás negocios de internet; y todos aquellos cuyo negocio sea canalizar tráfico a dichas webs son sus aliados naturales, no sus enemigos.

Cuando tanto se habla de cambio de modelo económico, y se escribe de las  condiciones en las que debería basarse el desarrollo económico de España, llega esta innecesaria Ley y da al traste con esos mensajes: ¿cómo vamos a explicar al resto del mundo que somos un país donde se quiere “cobrar una compensación económica equitativa por el uso de fragmentos no significativos (de información), divulgados en publicaciones periódicas o en web de actualización periódica y que tenga una finalidad informativa de creación de opinión pública y de entretenimiento”?

¿Por qué se empeñan los políticos en regular lo que no necesitaba regulación? ¿Qué falta hacía esta Ley? Hubiera sido más fácil subvencionar directamente los medios de comunicación con el pretexto de su reconversión tecnológica, como se ha hecho en Francia, que alterar completamente el flujo de información de toda la economía con nefastas consecuencias de incalculable alcance; eso sí, explicando con todo detalle la razón de semejante subvención.

 

 

 

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