Llevamos años de acoso al sistema constitucional nacido en diciembre de 1978, especialmente desde ámbitos separatistas. Como respuesta a ello, y a diversas especulaciones sobre la insuficiencia de la Constitución en algunos aspectos, se propone una reforma basada en la creación de una «nación de naciones». Desde mi modesto punto de vista de abogado municipalista me voy a permitir hacer una breve reflexión en voz alta, aun siendo consciente de que seguramente no logre aportar mucha luz frente a lo que vienen sosteniendo mentes más preclaras que la mía.

A mi modesto entender hablar de nación de naciones es una contradicción, pues el concepto nacional conlleva la unidad. Esto es un simple circunloquio que en el fondo lo que propugna simplemente es un estado federal. Y el proceso federativo lo estamos aplicando en cuanto a la progresiva integración política en la Unión Europea, por lo que parece poco consecuente tratar de buscar la unión para constituir una entidad mayor, más fuerte, y al mismo tiempo dividirse para hacer de una Nación grande e histórica varios microestados.

Según el dicho «la unión hace la fuerza», resultando evidente que la separación provoca pérdida de fuerza. Ello evidencia que quienes propugnan la separación de un territorio de España no buscan una mejora para ese territorio, sino que su motivación será la preferencia en ser cabeza de ratón, antes que cola de león, o estaremos ante gente que necesita divorciarse a cualquier precio por haber llegado a una absoluta «incompatibilidad de caracteres».

Lo que no parece de recibo es plantear un chantaje separatista y tratar de solucionarlo negociando. De seguir esta senda, como ha ocurrido ya en repetidas ocasiones, únicamente se conseguirá una tregua en la guerra de reivindicaciones, para esperar la siguiente ocasión de volver a «negociar» obteniendo nuevos beneficios. En resumidas cuentas, si los ciudadanos de Cataluña o el País Vasco son más ricos que la media nacional, al igual que ocurre con Madrid, no pueden pretender «equilibrar» su balanza fiscal, pues ello atenta contra la solidaridad interterritorial a nivel nacional. De hecho, si algún territorio llegara en el futuro a separarse de España, sería de justicia que antes pague a la comunidad los beneficios de los que haya podido disfrutar por haber gozado de mayores inversiones colectivas que le han permitido desarrollarse más que otras regiones. Si el oro indiano al ser repatriado por la separación de nuestras colonias hubiera financiado estructuras de ferrocarril, fábricas, carreteras, etc. en Sevilla, Valencia o Gijón, en lugar de Barcelona y Bilbao, la realidad económica española sería absolutamente diferente.

Por otra parte se plantea la necesidad de una reforma constitucional, de forma errónea, a nuestro modo de ver. La reforma necesaria no pasa por generar mayores desigualdades interterritoriales, para favorecer más a quienes más han sido históricamente favorecidos. Creemos que la procedente debería ir más bien a potenciar la solidaridad entre regiones, y de forma ineludible a poner orden al disparate autonómico que hace que en España existan 17 ordenamientos diferentes en materia de urbanismo, medio ambiente, sanidad, etc. Un español enfermo debe tener derecho a la misma atención en cualquier lugar del país.

Y es hora de recuperar la centralización en materia de educación. Gran parte de los problemas que nos aquejan vienen alimentados por largos años de adoctrinamiento de generaciones en el odio a España, aun a costa de falsificar la historia, ocultar la geografía e ignorar la literatura. Si dentro de poco dos más dos van sumar distinto según la Comunidad Autónoma que enseñe las matemáticas…

Y puestos a sumir la reforma constitucional, ya es hora de reconocer constitucionalmente el municipio como la pieza fundamental de la organización política. Las políticas que nacen desde arriba (Estado, Comunidad o Provincia) son impuestas, mientras que las que nacen desde abajo (Ayuntamientos) suponen la autogestión de los propios intereses.

Y por supuesto, ya es hora de dotar a la Administración Local de una financiación acorde con la importancia de sus competencias y su proximidad al ciudadano.

6 Comentarios

  1. Magnífica solución si el objetivo es olvidarse para siempre de Cataluña y el País Vasco. Liquidar el pacto constitucional y volver a un estado centralizado. Volver políticamente a los años 20.

  2. No se trata de centralizar, sino de igualdad de todos y solidaridad económica interregional, en favor de los más desfavorecidos, no de Cataluña y País Vasco que son de los más ricos

  3. Tu mismo has dicho ser “consciente de que seguramente no logre aportar mucha luz frente a lo que vienen sosteniendo mentes más preclaras que la mía”

  4. Enlazando tu artículo con los recientes de Manuel Pimentel y Francisco Sosa Wagner se completaría un certero análisis sobre a dónde nos ha llevado el Estado autonómico. Mientras tanto, el gato sigue suelto y sin cascabel, arañándonos en la parte catalana que más duele y vamos caminando al borde del precipicio. Visto por el espejo retrovisor (el camino siempre se ve más fácil cuando no soportas sus inclemencias) ¡Cómo hemos dejado durante cuarenta años que este problema fuera tan grande! Ojalá quede en España inteligencia, generosidad y tolerancia suficientes para reconducir esto. Lo sucedido estos días no invita de momento al optimismo.

  5. Joan, Xavier si de verdad consideráis que Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, el Condado de Treviño o la la Comarca de la Alcarria pueden hacer frente en mejores condiciones que formando parte de España (y por ende la Unión Europea) al terrorismo, la corrupción, el envejecimiento de la población, los desafíos de la inteligencia artificial, el sostenimiento de los gastos públicos, la financiación de las pensiones, etc. entonces contad conmigo para que, tras un proceso de reforma constitucional, se redefinan los límites del Estado español; los que permanezcamos en lo que quede de España estaremos deseando aprender de los nuevos modelos de Estado que surjan. Pero como bien dice Fernando, el Estado de las Autonomías nos está mostrando su agotamiento, al menos tal y como se definió en la Constitución de 1978. Nos hemos convertido en un país con muchas ineficiencias y desigualdades en ámbitos fundamentales como la sanidad, la educación o la justicia, así como en las infraestructuras. Reconocer eso no creo que deba llevar a una implosión del Estado, sino a su rediseño. Y lo siento, pero eso no es un juego de suma cero para todo el mundo. Los que han salido más beneficiados del modelo deben ser conscientes que no se trata de que salgan perdiendo, sino que no salgan ganando tanto como hasta ahora. Y si eso se hace desde un análisis moderado (¿será posible?) a lo mejor vemos que determinadas regiones o zonas sin aspiraciones nacionalistas también tienen que dejar de ganar tanto (véase el caso de los cinturones urbanos frente a un medio rural que tradicionalmente se ha visto castigado en muchos sentidos). Pero ello no debe hacerse a través de la voladura ilegal de la Constitución, sino desde ella y dentro de ella. Y en lugar del egoísmo que supone el nacionalismo nos hace falta a todos la generosidad, la solidaridad y la altura de miras que, fíjate tú por dónde, tuvieron los políticos del ahora denostado “régimen del 78”.

    • José María, creo que tu análisis es más acertado que el mío, más preciso. Como bien dices los retos que el futuro nos plantea se pueden asumir mucho mejor globalmente, que aldeanamente.

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