Del 4 al 6 de octubre de este año, tuvo lugar y organizado por la Diputación de Segovia y la Fundación Democracia y Gobierno Local, la III Conferencia de Presidentes de Gobiernos Locales Provinciales, en donde se abordaron temas relacionados con la financiación de las Diputaciones, el endeudamiento local, la cooperación económico local, la necesidad de recuperar los planes provinciales y el ejercicio de competencias impropias en el ámbito local.

Tuve la suerte de poder asistir el último día, en donde se leyó una Declaración Institucional denominada “Declaración de Segovia”.

Las Diputaciones son entes locales y cuentan con un presupuesto de casi 6.400 millones de euros, que alcanzaría los 22.000 millones si se incluyen las Diputaciones forales (13.200) y las Islas Baleares y Canarias (2.100). No sólo controlan los presupuestos más potentes a nivel territorial, sino que suman un total de 60.696 empleados.

En la actualidad, hay 38 diputaciones de régimen común, a las que se deben sumar las tres diputaciones forales del País Vasco, que cuentan con un régimen especial al tratarse de territorios históricos. De hecho, las diputaciones vascas son órganos de elección directa y tienen competencias para gestionar los impuestos.

Las seis comunidades autónomas uniprovinciales, Asturias, Madrid, Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra, no cuentan con diputaciones provinciales, ya que sus competencias fueron absorbidas en su día por los gobiernos  autonómicos. En el caso de Navarra, el Gobierno foral se denomina Diputación Foral. Por su parte, las islas tampoco cuentan con diputaciones, sino que tienen siete cabildos en Canarias y tres consejos en Baleares.

Afortunadamente parece que las campañas dirigidas por algunos partidos políticos, en principio mal asesorados o informados, que propugnaban la desaparición de dichos entes locales en régimen común, han remitido o desaparecido.

Como Municipalistas militantes no podemos asumir los planteamientos o argumentaciones que desarrollaban los defensores de la desaparición de las Diputaciones Provinciales ya que su labor es de gran importancia y decisiva puesto que, sin las mismas,  los pequeños municipios se quedarían sin servicios públicos esenciales y en una situación muy complicada para su subsistencia, y sobre todo por ofrecer a los vecinos del medio rural igualdad de oportunidades.

Así la Diputación de Huesca –y como explicaba su Presidente sr. D. Miguel García Ferrer– destina 6,5 millones de euros para reducir la brecha digital, en  localidades de escasos habitantes,  a los que no llegan las operadoras.

Así la Diputación de Soria ha desarrollado los Centros de Acción Social (C.E.A.S.) que coordina la prestación de Servicios Sociales básicos a través de 10 Centros de Acción Social y están dotados de un Trabajador Social y Animador Socio-Comunitario, para municipios de escasos habitantes.

La Diputación de Valladolid –como ponía de manifiesto su Presidente Sr. D. Jesús Julio Carnero– ha ofertado un Plan Provincial de Transportes para facilitar la comunicación entre pequeños municipios, en una provincia con una baja densidad de población y una amplia dispersión geográfica que facilita núcleos de población reducidos y muy alejados.

¿De no existir las Diputaciones Provinciales? ¿Estaríamos seguros de que las Comunidades Autónomas desarrollarían estos servicios?, tal y como están dimensionados en la actualidad los Gobiernos Regionales, hechos a imagen y semejanza de las estructuras estatales, y con poca sensibilidad municipal, dudo mucho que atendieran estos servicios, con lo que la existencia de las Diputaciones está justificada en todos sus extremos.

Una mirada permanente al mundo rural es inherente a la propia existencia de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y la cobertura técnica, jurídica y financiera a nuestros pueblos es absolutamente imprescindible, siendo los citados entes locales los ideales para municipios luchar contra la despoblación y asimismo los que gestionen los fondos públicos destinados para ese fin.

Es prioritario para que el mundo provincial se recupere la financiación estatal para los Planes Provinciales para dinamizar, las obras y servicios de los pequeños municipios, siendo un reto importante para el reforzamiento de las Diputaciones –una vez alejadas y olvidadas de pretensiones sobre su desaparición– el esclarecimiento y correcta definición de las competencias que les correspondan, siempre acompañadas de la correspondiente financiación.

Son varias las opciones que se debatieron para el refuerzo institucional de las Diputaciones Provinciales,  en la  III Conferencia de Presidentes de Gobiernos Locales Provinciales, desarrollado en Segovia y así:

 

  • Potenciar la función coordinadora de los servicios municipales así como su forma de ejercicio, y fomentar las fórmulas conjuntas de prestación de servicios, que permitan que los gobiernos locales intermedios puedan asumir el papel de prestadoras de servicios a los ciudadanos como subsidiarias de la inactividad municipal.

 

  • Posibilitar que las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, a demanda de los municipios, puedan asumir como propias algunas competencias municipales en los casos en que estas no puedan ser desarrolladas en el ámbito local.

 

  • Considerando que la provincia es ámbito territorial idóneo para ejercer competencias autonómicas, permitir que las mismas puedan ser delegadas en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

Es imprescindible y necesario una estrategia multinivel que implique a todas las Administraciones Públicas actuantes (Gobiernos Locales, Estado y Unión Europea) para garantizar las inversiones que necesiten los pequeños municipios y los territorios despoblados, dentro de una Ordenación Territorial y compartida, debiendo de asignar a las Diputaciones Provinciales tales competencias.

De no existir las Diputaciones Provinciales, sin duda alguna,  deberíamos de crearlas.

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