No corren buenos tiempos para las subvenciones. Primero, por la crisis, que se ha cebado con las ayudas al mundo académico, cultural y educativo y que ha impuesto a esta actividad de fomento nuevos corsés a través de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa contra el fraude y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y en segundo término, por una filosofía ultraliberal, que algunos quieren anclar, en este punto, a preceptos de tratados constitutivos europeos y que parecieran querer recordar las duras palabras de aquel Decreto revolucionario de 14 de noviembre de 1868, en el que se veía en los estímulos dinerarios “un germen inagotable de inmoralidad y desde el punto de vista económico por todo extremo inadmisible”, prohibiéndose para el futuro “consorcios funestos entre el Estado y las empresas”. Y es cierto que aún los tribunales están despachando expedientes en los que la corrupción se vincula a subvenciones de mayor o menor cuantía, mediante las que se incentivaron actividades inexistentes o irrealizadas, absurdas o de menguado o nulo interés, apareciendo, en ocasiones, algún tipo de vínculo entre otorgantes y beneficiarios. Aún recuerdo –y no pasó nada- una ayuda duplicada a una misma empresa para fomentar el uso de una variedad lingüística regional en el comercio de los productos de mar: una cantidad se pagaba como pescadería y otra igual como marisquería.

De momento, según nos cuenta el BOE del 23 de septiembre, se salvan las ayudas vinculadas a la difusión y tutela de los derechos humanos. En efecto, la Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, publica las subvenciones concedidas durante 2013 para actividades de divulgación, promoción y defensa de un objetivo tan noble.

Las bases reguladoras para la concesión de este tipo de subvenciones habían sido recogidas en la Orden ministerial de 15 de abril de 2011 que, siguiendo el mandato legal, preveía la publicación de las que se otorgaran. Y entre estas, podemos ver la amplitud temática que, al menos para el Ministerio de Asuntos Exteriores, tienen los derechos humanos y la no distinción entre el tipo de beneficiarios: desde una congregación de religiosas embarcadas en un proyecto de víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación, hasta la presentación de un informe sobre derechos del colectivo, auspiciado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, pasando por la eterna y nunca plena promoción de los derechos del niño ante los principios empresariales, a cargo de la Fundación UNICEF u otras solicitudes aceptadas en torno al agua dulce como derecho humano, a la mutilación genital femenina, a la reparación de las víctimas del terrorismo, a la superación socio-laboral de la discapacidad o a los problemas de la defensa activa de los derechos fundamentales en algunos países iberoamericanos.

El montante global para los 27 adjudicatarios es de 184.000 euros. Una cantidad ciertamente modesta que también evidencia la época de vacas flacas que nos toca vivir. Y que, a los más necesitados, los que requieren de ayudas externas –y privadas, porque el Estado llega mal y tarde a socorrerles- aún les hace la penuria más insoportable.

Viendo estas módicas subvenciones (unos treinta millones de pesetas anuales, a repartir entre todos), aunque algunas finalidades nos gusten más que otras, puede observarse que, en general, no hay ni caridad ni beneficencia detrás. Son actividades de fomento en el sentido más técnico e, incluso, despolitizado del término y eso merece elogio. Aunque, posiblemente, por el camino se hayan quedado, por falta de consignación u otras carencias, muchos proyectos solidarios y meritorios. Porque temas, en esta era de profundas desigualdades sociales, sí que se echan en falta en la relación de afortunados.

Aunque afortunados, ya que escribo estas líneas mientras leo las matanzas brutales en varios puntos del planeta, somos todos los que podemos hablar de derechos humanos desde la lectura sosegada, por ejemplo, de una página digital del BOE.

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