Una reforma de la Ley Electoral

Por fin anunció el Gobierno su proyecto de reforma de la Ley Electoral e inmediatamente se han levantado voces contrarias, tildándola de ser partidista, entendiendo que lo que busca la propuesta es mejorar los resultados efectivos del PP, que de aplicarse el nuevo sistema pasaría a gobernar en más de 200 Ayuntamientos en los que no ha logrado mayoría absoluta, pero sí ganar las elecciones.

La propuesta de reforma se basa en:

1. La reforma propone que un partido con el 35% de los votos y una distancia de cinco puntos sobre el segundo, o el 30% de los votos y 10 puntos sobre el siguiente, tenga automáticamente la mayoría absoluta (se le asignarían la mitad más uno de los Concejales)
2. Si ningún partido consigue alcanzar los márgenes citados para otorgarle la mayoría absoluta automática, se celebraría una segunda vuelta en la que participen todas los partidos que superen el 15% de los votos. Esas fuerzas concurrirían en las mismas condiciones que en las primeras elecciones, estando prohibidas «expresamente las coaliciones o uniones de candidaturas», según la propuesta registrada este miércoles en el Congreso. En esa segunda ronda, si un partido logra el 40% de los sufragios o se impone por siete o más puntos al siguiente, se le adjudicaría la mayoría absoluta directamente. El resto de la Corporación -es decir, la mitad menos uno de los concejales- se organizaría de acuerdo a la ley d’Hondt pero con los resultados que obtuvieran en la primera vuelta.
3. Caso que ningún partido alcance en la segunda vuelta el 40% de las papeletas o que supere por más de siete puntos al segundo más votado, el reparto de los Concejales se haría como hasta ahora.

Las críticas se basan en que el nuevo sistema otorgaría al PP, con idénticos resultados a los del 24 de mayo, 200 nuevas Alcaldías, con mayoría absoluta. Pero además obligaría a ir a una segunda vuelta a la mayoría de las grandes ciudades en las que ha perdido la Alcaldía.

En primer lugar, para tranquilidad de todo el mundo, debe tenerse en cuenta que, a pesar de los ríos de tinta vertidos por las numerosas Alcaldías arrebatadas al PP en virtud de pactos, en el 80 por 100 de los municipios españoles es Alcalde el candidato más votado. 7.593 Alcaldes de un total de 8.082 proceden de la lista más votada, si bien es cierto que en más de 2.600 de ellos se elige directamente el Alcalde, por ser menores de 250 habitantes.

La conclusión parece que la propuesta, más que profundizar en la democracia, busca arañar poder en grandes ciudades. Por su parte la oposición a la propuesta nos tememos que tampoco trata de acercar más el gobierno municipal a la voluntad real de los ciudadanos, sino que también pretende rascar Alcaldías para la propia saca. Aunque olvidan los grandes partidos que en más de una ocasión los intentos de empujar al electorado han arrojado efectos beneficiosos para las formaciones contrarias.

Al margen la motivación real, que si no es la declarada habría que probar y no presumir, creemos que la propuesta merece cierta crítica, desde el punto de vista puramente de respeto democrático a la voluntad manifestada por el pueblo.

En primer lugar, es un procedimiento que cocina los resultados. “Como no nos gusta que el pueblo vote de manera dividida o dispersa, y no tenemos suficiente con la famosa Ley d’Hondt (que ya aliña los votos antes de transformarlos en escaños), vamos a guisar lo que salga de las urnas, para llegar al resultado que los representantes del pueblo (legisladores) consideramos aceptable”. Es decir, como creemos que lo que diga el pueblo no vale, por ser éste ¿inmaduro?, ¿irresponsable?, ¿inconsciente?, vamos a arreglar lo que los votos estropeen.

Pero si de verdad creemos en la voluntad del pueblo y que éste es maduro, responsable y consciente la solución y, por tanto, la reforma electoral deberían ir por otro lado. Y no pretendemos descubrir la rueda ni la cuadratura del círculo, sino ir en la dirección que desde todos los Partidos Políticos se ha señalado en algún momento: acabemos con las listas cerradas y bloqueadas.

Simplemente el desbloqueo de las listas permitiría que el elector pudiera decidir quién quiere que vaya a ser Alcalde o Concejal con su apoyo y que también pudiera manifestar su repulsa a aquél que, pese a ir en las listas del partido de su preferencia, no le parece digno de desempeñar el cargo.

Y las listas abiertas permitirían que el elector hiciera su propia combinación de representantes, sin atender a Partidos, sino a su preferencia personal y a la confianza que le ofrecen las personas, sea cual sea su militancia.

Y eso por no hablar de la nueva oportunidad que dejamos pasar de que se dé opción al voto telemático. Si para pagar impuestos tenemos madurez suficiente para hacerlo desde casa a través del ordenador, también debemos serlo para depositar nuestro voto, permitiendo adelantar el conocimiento del resultado de la elección y mejorar la fiabilidad democrática del procedimiento.