Auditoría pública que Mata (II)

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Auditoría pública que Mata (II)  Derivado que la institución de fiscalización se ha basado en un sistema disciplinario, autoritario, y pretendidamente moderno, que marca las pautas de conducta que se deben de obedecer. Así, el auditor público está atado al código y normas establecidas que tienden a evitar que cometa alguna alteración a un orden basado en el poder de su saber. Dado que la auditoría se enseña como verdad teológica, debiéndose memorizar como si fueran las tablas de multiplicar o los diez Mandamientos, sin que sea necesaria su comprensión. De tal forma, que el auditor acaba viendo lo que se le manda ver y termina informando lo que se espera de él, caso contrario su destino es el exilio, y los auditores podrían documentar ampliamente estos casos que significan las luchas de poder, de intereses y compromisos, de responsabilidad personal o claudicación. Y es parte de la historia de la fiscalización que ha permanecido oculta, justificándose que la auditoría es un servicio “por lo general poco innovador y menos dado a la exposición pública” 

Y cuando se producen inconformidades o quejas sobre una auditoría en lo particular, se culpa directamente al auditor. Atendiendo a su falta de capacitación, capacidad, e inclusive, probidad. Aunque, el auditor público no puede actuar de manera diferente, porque fue formado para hacer exactamente lo que hace de la manera en que lo hace, sin que tenga que existir, en ocasiones, la mala fe. Su formación profesional ha carecido de una estructura curricular, y además no se ha considerado relevante desarrollar en el auditor o auditora, aptitudes tales como la reflexión, la crítica, y la autocrítica.

La institución de fiscalización ha alejado al auditor de la supuesta “contaminación del mundo real”, es decir, de la historia y la política, y ha pretendido proporcionarle  la seguridad de la certidumbre, al conducirlo al secuestro de su trabajo, su personalidad, y responsabilidad social, a fin de reproducir una fiscalización sin problemas, muy light. Por lo que no resulta extraño encontrar auditores  obedientes y sumisos, como un reflejo fiel de una práctica que se ha caracterizado por su antidemocracia y acriticidad.

Los discursos sobre la fiscalización, generalmente hacen alusión al auditor como un personaje importante, sin embargo, lo que sabemos de los auditores es bastante poco. Más allá de los datos generales que nos dicen cuántos son, dónde están ubicados y cuánto ganan, según su colocación en el tabulador, no se sabe casi nada de ellos como personas y como profesionales. Y por lo general, los que hablan sobren la fiscalización son personas ajenas a éste campo relevante de la sociedad. Quizá se podría argumentar que no se les ha dedicado el tiempo para escucharles, aunque se omite y se evade que no se les ha dado la oportunidad de hablar. Luego…

1.    ¿Quién es el auditor?

En lo educativo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de México, en el artículo 84, VII, se establece los requisitos para ser Auditor Superior “contar con cédula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización”. La Ley Orgánica 2/1982 de 12 de mayo del Tribunal de Cuentas de España, en Artículo Treinta, dice “Los Consejeros de Cuentas y funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos se exija titulación académica superior, abogados, economistas y Profesores Mercantiles”. Y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Argentina, en el artículo 9, es más específica al señalar “El Personal del tribunal estará integrado por a) Contadores Fiscales Mayores y un cuerpo de Contadores Fiscales (…) con título profesional en la carrera de Contador Público Nacional”. Aunque existen casos, tales como: Genaro Matute Mejía, Contralor General de la República de Perú, graduado en gerencia con maestría en administración de empresas y de negocios, y experto “en el entrenamiento de ejecutivos de alto nivel para la administración pública y privada”; y, Miroslaw Sekula, Presidente de la Cámara Suprema de Control en Polonia, ingeniero químico  (según información de la Memoria del Foro Internacional sobre la Fiscalización Superior en México y el Mundo 2005, Cámara de Diputados LIX Legislatura, noviembre de 2005, p. 206 y 294, respectivamente) y seguramente los lectores podrían documentar más el asunto en cuestión.

Lo anterior indica que al parecer casi cualquier profesionista podría realizar la tarea de auditar. Pero no nos engañemos, porque inclusive, el contador público carece de un programa curricular que le dote de las capacidades y conocimientos para desarrollar el trabajo de fiscalización. Entonces, la concepción del auditor ha sido y es un implícito, que a través de la costumbre y el tradicionalismo ha convencido a todo el mundo que tiene claridad con respecto a su actividad. No se trata aquí de negar el papel que ha tenido la educación, y menos aun soslayar la contribución de muchos profesionales que se han dedicado al desarrollo de la fiscalización, pero lo que deseamos destacar, es el surgimiento de un nuevo objeto de la auditoría pública, objeto como conocimiento y realidad. Tal como lo ha expresado Manuel Nuñez Pérez, Presidente del Tribunal de Cuentas, “cualquier aproximación o análisis que se pretenda efectuar del sector público ha de partir del reconocimiento de que se trata de una realidad y de una organización muy compleja”[9] aunque no logre entender que se trata de una perspectiva epistemológica, es decir,  la importancia que tiene el conocimiento en el quehacer de la fiscalización. Dado que contradictoriamente sugiere “el Tribunal recomienda que haya un único Plan General de Contabilidad Pública, al igual que ocurre en el ámbito privado”[10] porque sostiene que la realidad pública es compleja, luego, cómo aplicar la unicidad de la contabilidad en la diversidad, pero además se pretende extrapolar el ejemplo o modelo del ámbito privado, lo que representa que no se distingue la esfera pública de la privada.

[8] Dos ejemplos de buenas prácticas en Auditoría Interna. www.fiscalizacion.es 05 de febrero de 2010.
[9] Nuñez Pérez, Manuel. Transparencia e instituciones de control. Revista Auditoría Pública, No. 49, noviembre de 2009, p. 13.
[10] Ibídem, p.14.

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