En busca del objeto en la auditoría pública (y II)

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(Viene del anterior post) Lo rescatable del artículo de Antonio M. López, lo constituye, no solamente el de pensar la auditoría y fiscalización sino relacionar el estado o situación de las cuentas públicas con su entorno o marco económico, y evidentemente, social. Aunque el Consejero Mayor queda finalmente atrapado en las redes conceptuales que confunden el objeto por objetivos, y la objetividad sea atribuible al sujeto, es decir, al auditor.

Porque tal como lo afirma el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía “han de considerarse principios de auditoría las ideas fundamentales que rigen en el desarrollo de su práctica. Considerando de inicio, los concernientes al sujeto auditor”. Uno de los cuales, la objetividad. En la actualidad, su Ley de Auditoría de Cuentas, la define “implica el mantenimiento de una actitud imparcial en todas las funciones del auditor. Para ello, deberá gozar de una total independencia en sus relaciones con la entidad auditada”. Por lo que pareciera que la Ley de Auditoría recientemente aprobada en España, representa una evolución con los tiempos, o una adaptación permanente de la auditoría a la realidad cambiante. Aunque otros opinen “Los auditores consideran mayoritariamente que la vigente Ley de Auditoría de Cuentas resulta poco o nada adecuada para el correcto desempeño de la profesión y para la nueva situación del mercado único. Puesto que, a pesar de la reiteración del término cuando se hace referencia a diversos aspectos  relacionados con el auditor, no se hace mención alguna a que la labor que éste desempeña sea una profesión. Únicamente se habla de actividad, pero es ésta una expresión ambigua, que en nada ayuda a clarificar el cometido del auditor[1].

Pero, ¿Cuál es el cometido del auditor?

Porque se ha dado por supuesto que el auditor conoce su comisión, encargo o encomienda. Por ejemplo, Franz Fiedler, Secretario General de la INTOSAI y Presidente del Tribunal de Cuentas austríaco, dice en el Prólogo a la Declaración de Lima, en 1998, “El éxito de la Declaración se debe sobre todo al hecho de que, por una parte, abarca una amplia lista de todos los objetivos y temas relacionados con la auditoría de la Administración pública, y que, al mismo tiempo, son notablemente significativos y concisos, lo cual facilita su utilización, mientras que la claridad de su lenguaje garantiza que la atención se centre en los elementos principales”. Y posteriormente él mismo afirma, la Declaración de Lima “estipula en términos inequívocos que las Entidades de Fiscalización Superior pueden llevar a cabo sus tareas con objetividad y eficacia únicamente si son independientes de la entidad fiscalizada y están protegidas con respecto a los influjos externos (Art. 5.1)”[2]. Sin embargo, analizando el artículo antes mencionado y la Declaración de Lima se observa que no existe mención alguna al término de: objetividad. Veamos, en el Preámbulo dice, “Los objetivos específicos de la fiscalización, a saber, la apropiada y eficaz utilización de los fondos públicos, la búsqueda de la gestión rigurosa, la regularidad en la acción administrativa y la información, tanto a los poderes públicos como al país, mediante la publicación de informes objetivos”. Y en el Artículo 17.1, dice al calce “Los hechos enumerados en los informes tienen que representarse de forma objetiva y clara, limitándose a lo esencial. Deberán redactarse de manera precisa y comprensible”.

Lo que significa que la noción de <objetivo> se utiliza en dos acepciones. La primera, expresa los propósitos que se pretenden alcanzar mediante un acto intencionado para alcanzar la realización de un plan, programa o proyecto. Y es el mismo sentido cuando se expresa “La auditoría de cuentas se configura en dicha Ley como la actividad que, mediante la utilización de determinadas técnicas de revisión, tiene por objeto la emisión de un informe acerca de la fiabilidad de la información económica financiera auditada” (Ley de Auditoría de Cuentas, preámbulo, BOE, 1 de julio de 2010, Sec. 1, p. 57586). También, Kurt Gruter, Director de la Oficina Federal de Auditoría de Suiza, señala “Los objetos de la auditoría se determinan sobre la base de un análisis de riesgos”[3], y Roberto Michel, Director de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (México), establece, la Auditoría Superior de la Federación “La selección de los sujetos y objetos a fiscalizar, se efectúa con base en criterios institucionales, esto es, con base en un conjunto de atributos de carácter cuantitativo y cualitativo, cuyo peso ponderado equivale a la importancia que se les confiere al determinar la elegibilidad de los sujetos y objetos de revisión”[4].

Y es lo que afirma la Auditoría Superior de la Federación en su página Web, el universo sujeto a fiscalización “los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionalmente autónomos, los estados y municipios, e incluso los particulares, cuando reciben este tipo de recursos”[5]. Pero, ¿cómo someter o sujetar a una realidad pública compleja? Si desde la Declaración de Lima a la actualidad se ha pretendido “informes objetivos”, cuando lo objetivo solamente tiene relación con el objeto, es la segunda acepción confusa que prevalece en el mundo de la auditoría y fiscalización.

Por ello, cuando el diputado César Augusto Santiago, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en reunión con los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, el día 21 de marzo de 2012, les pregunta si no es conveniente enfrentar los problemas de fiscalización, de fondo. Éstos no acertaron al responder.

Porque en la Auditoría Superior de la Federación como en la generalidad de las Entidades de Fiscalización priva una visión invertida, al considerar al sujeto como las entidades a fiscalizar, los objetivos sin relación con un objeto, el método confundido con el procedimiento, por esto se exige en la auditoría pública y fiscalización la construcción  conceptual y metódica de su objeto, en tanto conocimiento, y el método un orden ligado directamente a la objetividad investigada (ya dejemos la noción vulgar de objetividad como una toma de posición personal) y ante todo, fortalecer la creatividad e innovación. Los instrumentos teóricos tradicionales resultan insuficientes para prevenir la recurrencia de las irregularidades, de examinar y demostrar no solamente los nexos entre una específica realidad pública y el objeto de la auditoría sino que cumpla verdaderamente con el  interés general, público y social.


[1] Rodríguez Gutiérrez, C. y Álvarez Pérez, M. La reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas: Algunos aspectos claves. www.uned.es/ca-guijon/web, pp. 2-3.

[2] Fiedler, F. La independencia de las EFS, Intosai: 50 años (1953-2003), www.intosai.org, pp. 118-119.

[3] La Fiscalización de las finanzas públicas: El caso de Suiza. Memoria del Foro Internacional sobre la Fiscalización Superior en México y el Mundo 2005, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, noviembre de 2005, p. 174.

[4] Transición y modernización de la fiscalización superior en México, noviembre 2009 p. 65.

[5] www.asf.gob.mx, Qué hacemos y cómo lo hacemos.

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