¿Sirve la Fiscalización para no tolerar la corrupción en Michoacán?

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En el Estado de Michoacán en México la violencia y asesinatos se han convertido en nota cotidiana, como las extorsiones y el secuestro, en una manifiesta debacle del estado de derecho, y tal parece que las autoridades sólo se enfocan a fortalecer a los cuerpos de seguridad, pero se olvidan que los altos índices de delincuencia solamente reflejan el alto nivel de corrupción, y por ende, de debilidad institucional. Valga esta introducción para ciudadanos de otras latitudes y como otra forma de rescatar la historia de la fiscalización en Michoacán.

Para Jesús Reyna, Gobernador Interino, evidentemente sí. Puesto que se ha comprometido a no tolerarla; a promover un Código de Ética; de haber sancionado a por lo menos 105 ex funcionarios del gobierno anterior; de reconocer que en la pasada entrega-recepción de la administración estatal no hubo orden ni claridad; y,  al apoyar el Acuerdo de Michoacán, intenta  reformar la gestión pública e instituciones, como la idea de transformar integralmente a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) Órgano de Fiscalización del Poder Legislativo. Sin embargo, el Gobernador ha advertido que “nadie debe mantenerse al margen”, pero ha eximido o dejado de lado a la Fiscalización de su propio Poder.

Al no señalar que también la Coordinación de Contraloría del Ejecutivo requiere transformarse. Puesto que resulta claro su ineficiencia en su intervención de supervisar y vigilar el Proceso de Entrega-Recepción pasado. De haberse desentendido de ejercer la auditoría pública al aceptar una auditoría privada, la cual resultó fallida (González de Aragón) al incurrir en vicios legales. Y sin reconocer sus errores presentó las denuncias por los presuntos desfalcos financieros del gobierno anterior a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sin integrar correctamente los expedientes. Por ello la PGJE ha sido incapaz de consignar las averiguaciones, más permanece en silencio, tal como la Contraloría del Ejecutivo que defiende sobre todo sus secretos, los cuales le han permitido imponer decisiones que de otra forma sería imposible de justificar.

La credibilidad de las instituciones de Fiscalización se genera cuando los ciudadanos consideran que sus informes son creíbles y confiables. Aunque en Michoacán, tanto la ASM como la Coordinación de Contraloría se encuentran inmersas en una crisis de credibilidad. Por ejemplo, los partidos de oposición (PRD y PAN) así como la sociedad en general dudan de la veracidad de la sanción a los funcionarios de la Administración anterior. Derivado de las innumerables promesas incumplidas, de la manipulación de la información, del déficit en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y en la ineficiente vigilancia de la gestión pública.

De tal forma que la intención de Jesús Reyna, de reformar a las instituciones, podría verse truncada, más no por la objeción del titular de la ASM que ha expresado su desacuerdo “la reingeniería en la ASM no es la solución” sino por la falta de correspondencia entre el Código de Ética y la transparencia, dado que en el Código se dice, “Actuar sin preferencias o privilegios indebidos y, en consecuencia, ejercer todas las funciones públicas sin prejuicios ni bajo influencia de terceros”. Y la Contraloría estatal al no informar los nombres de los funcionarios sancionados, incurre en el privilegio indebido del secreto, y somete su actuación a la influencia de la política. Porque ejercer la Fiscalización es someter la auditoría pública al principio de publicidad, implicando que se dé a conocer los nombres de los presuntos responsables, las responsabilidades incurridas, las evidencias y pruebas, y todo aquello que permita determinar la responsabilidad.

El discurso de la política responde básicamente a sus intereses. Ciertamente, “Solamente alguien que esté mal de la cabeza podría aceptar la teoría del asalto en la muerte del diputado perredista, Osbaldo Esquivel Lucatero” (muerto a machetazos en la ciudad de Morelia, y aunque la PGJE ha detenido a un presunto asesino, se duda de la versión oficial) aseveró el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Fidel Calderón. Pero también, solamente alguien que esté mal de la cabeza podría aceptar que la Auditoría Superior puede mejorar con más personal, o que implementando un sistema colegiado en la dirección de la ASM se podría garantizar la independencia en su actuar.

En el olvido quedaron los intentos de otras Legislaturas para transformar a la Fiscalización, atrás también quedo la promesa electoral de Leonel Godoy de fortalecer el control mediante la fusión de la ASM y la Contraloría estatal, y ante los hechos recientes de repartirse los diputados las plazas vacantes en la ASM y los desvaríos del Contralor, demuestran que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo prefieren continuar sometiendo la  fiscalización a la negociación política, como moneda de cambio, no obstante que la sangre ya les salpicó.

 

1 Comentario

  1. Ante la crítica, la Auditoría Superior de Michoacán ha enviado un boletín informativo a los medios de comunicación, en donde su titular, José Luis López Salgado, declara que «no pretende violentar procesos, mandato o normativa de organismos» integrantes del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Fiscalización, cuyo propósito es establecer las normas profesionales comunes a nivel nacional a partir de las ya emitidas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Y añade, al calce «México indudablemente está avanzando con la construcción de este nuevo sistema de fiscalización nacional en el país, pero resaltó que comparados con países del primer mundo en donde ya no existen órganos de Fiscalización Superior, sino Tribunales de Cuentas» (La Voz de Michoacán, 4 de octubre de 2013, p. 26 A).

    Sí, resulta más cómodo aceptar tácitamente las directrices de la INTOSAI que analizar y criticar las debilidades teóricas de éste organismo internacional, puesto que su noción básica de independencia se ha convertido en culto superfluo y en sofisma (leer ensayos Los sofismas de la INTOSAI y la INTOSAI, culto superfluo a la independencia, en este blog). Pero lamentablemente, sobre todo, en el mundo de la auditoria y fiscalización domina un pensamiento acrítico, donde suscita reticencias exponer a la luz, los errores, debilidades o deficiencias de los organismos de control.

    Y afirmar que en el primer mundo no existen órganos de fiscalización superior, evidencia la ignorancia del máximo responsable de la fiscalización en Michoacán. Porque la INTOSAI está conformada por organismos llamados, entidades de fiscalización superior (EFS), independientemente, que se denominen, Auditorías Superiores, Contralorías Generales, Tribunales de Cuentas, u otras. Es decir, en el primer mundo, obviamente sí existen EFS.

    El sistema nacional de Fiscalización en México es un burdo engaño de supuestamente mejorar la auditoría pública en las entidades de fiscalización. Que se ha impuesto a través de la permanencia del coloniaje intelectual. Aunque en el primer mundo, las supuestas mejores prácticas no han evitado el endeudamiento público, la crisis económica y todos los escándalos de corrupción.

    Quizá, sea tiempo en América y Europa de construir un nuevo paradigma de fiscalización.

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