El lado oscuro de la auditoría

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El lado oscuro de la auditoríaLa crisis económica y sus fraudes han puesto al descubierto el lado oscuro de la auditoría. A Madoff le bastó falsificar los informes de auditoría para construir la fachada de credibilidad, su caso ha originado un caudal de tinta pero poco se sabe de su auditora de la que era el único cliente; y los institutos de auditores y contadores han guardado silencio, una vez más. Así se ha expuesto los serios agujeros en la supervisión realizada por la Securities Exchange Comisión (SEC), pero también ha evidenciado que el sistema de control y regulación ha perdido su confiabilidad.

El escándalo de Enron, terminó con la desaparición de la firma auditora, Andersen. El fraude de Worldcom se puso al descubierto debido al cambio del despacho de auditoría. En España, los casos Banesto, PSV, y Gescartera, estaban respaldados por auditorías limpias y hechas por firmas de profesionales prestigiados. Y no acabamos de salir de la vorágine de fraudes cuando conocemos otros más. Por esto, Leandro Despouy, Presidente de la Auditoría General de la Nación, en Argentina,  ha denominado la situación adecuadamente, como “la crisis de los órganos de control”. Sin embargo, pocos funcionarios de entidades de fiscalización lo aceptan, aunque todos coinciden en fortalecer a la auditoría pública o fiscalización superior. El problema es de fondo, si no se reconoce la gravedad de la auditoría, de nada sirven los diagnósticos o propuestas para cambiar o reestructurar a los órganos de fiscalización. Porque solamente se puede transformar aquello que se diagnostica correctamente.

Un examen exhaustivo de las propuestas para fortalecer a las entidades de fiscalización nos indicaría la omisión de colocar a su disciplina, es decir, a la auditoría en el centro del debate y la reflexión. Por ejemplo, Leandro Despouy, afirma “La absoluta independencia del auditor es otro de los requisitos indispensables para garantizar la objetividad de la auditoría. Hoy es tan importante acercar el auditor a la gente como alejarlo de los intereses que controla. Este es el principal epílogo del gigantesco escándalo de las corporaciones americanas y a la vez la causa del derrumbe de la credibilidad de las principales auditoras privadas del mundo, que asesoraban a las mismas empresas que auditaban” (Una economía sana no puede funcionar sin controles, www.agn.gov.ar). Sin embargo, los despachos externos continúan dominando el ejercicio de la auditoría, recientemente, Arturo González de Aragón, Auditor Superior de la Federación en México, en su Mensaje de la Entrega del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 a la H. Cámara de Diputados, aseveró “La Auditoría Superior de la Federación fue sometida igualmente a una revisión internacional entre Pares, de la cual obtuvo un Dictamen favorable por parte del equipo auditor, integrado por la Contraloría General de los Estados Unidos de América (GAO), la Auditoría General del Reino Unido (NAO) y las Oficinas Auditoras Generales de Canadá (OAGC) y de Puerto Rico (OCPR). Dicho Dictamen, reconoce la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, el cumplimiento de las normas y el rigor técnico de las auditorías de desempeño que se practican. Complementariamente, la Institución se ha sometido a auditorías de carácter externo llevadas a cabo por despachos de profesionales independientes, con el fin de garantizar la transparencia en el ejercicio de sus recursos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el buen desempeño institucional” (Mensaje del 12 de marzo de 2009, www.asf.gob.mx, p.6). Lo anterior pareciera la respuesta a ¿Quién vigila a la Auditoría Superior de la Federación?

Pero bien sabemos que los despachos de auditoría externos, en su trabajo dependen del auditado, y de manera más sútil se pliegan a los discretos deseos oscuros del auditado para obtener contratos de auditoría y consultorías. Y cómo apelar a la Contraloría General de los Estados Unidos (GAO) si ésta resultó ineficaz en su papel de vigilante ante los fraudes corporativos, bancarios, y financieros de su país.

De tal forma, la independencia ha resultado un reclamo constante en los órganos de control. Por ejemplo, Joan Colom, Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas en Cataluña, con motivo del acto conmemorativo de 25 años, señaló “muchas veces las recomendaciones que este organismo hace a las administraciones no son tenidas en cuenta (…) Nuestra independencia debe ser respetada y asumida por las instituciones y por las fuerzas políticas” (Ecos de la sociedad, 6 de marzo de 2009, www.fiscalizacion.es ). A lo cual Leandro Despouy en el artículo antes mencionado, dice “Para recobrar la confianza pública la auditoría debe situarse en un espacio mucho más cercano a la comunidad (…) Resulta decisivo actuar a tiempo para que los informes y sus recomendaciones permitan mejorar prácticas, enmendar conductas, rectificar rumbos (…) La transparencia debe abarcar las distintas etapas del proceso de auditoría, desde la planificación hasta la adecuada divulgación de sus resultados. De esto último depende en gran medida el impacto de los informes y la posibilidad de que se pueda hacer un correcto seguimiento de sus recomendaciones, de tal manera que cualquier ciudadano u organización este en condiciones de verificar su cumplimiento”.

De lo anterior se observa por una parte, que la independencia no se asume, incluso, por decreto legislativo. Y es lo que ha sucedido en México, al dotar de autonomía técnica y de gestión a las entidades de fiscalización, dado que ha sido insuficiente. Toda vez que los órganos técnicos de los Congresos siguen inmersos en malas prácticas de auditoría, y ante su incapacidad de afrontar sus vicios de origen, han preferido implementar modelos de calidad e ir tras el mito de obtener la certificación. Si fuera suficiente, el Órgano de Fiscalización de Puebla, la primera entidad de fiscalización, en certificarse debiera ser un ejemplo en la auditoría, rendición de cuentas, y su transparencia, pero dista mucho de ello, y ahora su certificación solamente le sirve como membrete para intentar generar una dudosa credibilidad. En tanto, las entidades de fiscalización en México buscan remediar sus males con las ideas de planeación estratégica, y se profundiza este erróneo ejemplo, cuando Arturo González de Aragón informa en su Mensaje haber obtenido la certificación internacional ISO 9001: 2000 de parte de una empresa británica. Que la implementación de modelos de calidad produzcan resultados en el sector privado es un hecho, pero trasladarlos a las entidades de fiscalización cuando no se ha resuelto la problemática de la auditoría, la complejidad de la realidad pública y la reestructuración del sistema de rendición de cuentas, es no sólo una pérdida de tiempo y de recursos económicos sino sobre todo, es perder la posibilidad histórica de entroncar la fiscalización con su realidad social, y nuestra actualidad es la recesión, y escapar de esta recesión requiere restaurar el orden, la precisión y la confianza en el papel de la auditoría pública y de las entidades de fiscalización. No se pretende minimizar la importancia del mejoramiento de la gestión pública y de instaurar sistemas de evaluación del desempeño, la cuestión es priorizar porque se debate no solamente el colapso de la economía y el modelo económico, también el futuro de la auditoría.

Al solicitar el Auditor Superior de la Federación, en primer lugar otorgarle autonomía constitucional al órgano de control del cual es titular, en relación al fortalecimiento de la fiscalización. La autonomía se ha convertido en meta inalcanzable al depender de la aprobación política, pero también en justificante que ha eximido a la Auditoría Superior de cumplir cabalmente con su función. Porque al final de cuentas, la auditoría pública se subordina a los intereses de la política, aunque en su discurso asume que su actuación debe sustentarse en un ejercicio independiente, imparcial y objetivo. La legitimidad de la auditoría se ha construido con base en este deber ser, y aunque se degrade en su práctica concreta, el mundo oficial (universidades, gremios profesionales de contadores y auditores, e instituciones de control) de la auditoría ha reducido las fallas en la regulación a motivos externos y aislados. No obstante la persistencia de la corrupción y fraudes que han minado los fundamentos básicos de una práctica profesional.

La falla de la auditoría constituye el preludio de la búsqueda de una nueva auditoría. Pero la auditoría tradicional hace grandes esfuerzos para defender la idea que la auditoría se encuentra fuera de la discusión. Dado que las novedades y la complejidad de la realidad actual amenazan sus fundamentos, y como detentadores del monopolio de un saber temen ser desposeídos del saber que legitima el manejo de los fondos públicos.

Lo que conduce, a la otra parte, a la necesaria transformación de la fiscalización. Dado que existe la concepción que solamente se requiere una supervisión más estricta, apelando al ejercicio responsable de la ética política y la moral pública, pero esto no será suficiente. Los mercados legales modernos sólo funcionarán si el papel de la auditoría es confiable y la ciudadanía tiene acceso a información explícita y amigable.

Ha llegado el momento de establecer nuevas normas de auditoría, de garantías que permitan verificar y demostrar la independencia y objetividad de un trabajo concreto de auditoría. Los Congresos deben reconocer en los planes para fortalecer y reestructurar a las entidades de fiscalización que ya no pueden delegar su solución a despachos profesionales “independientes”, ni al traslado mimético de modelos exitosos en la esfera privada, como tampoco permanecer ajenos e indiferentes al análisis, estudio y debate teórico de la auditoría. 

Resulta frecuente y hasta normal que las entidades de fiscalización acusen que las cuentas públicas adolezcan de opacidad, y resulta una paradoja que los órganos encomendados para transparentar la gestión pública tengan un lado de oscuridad. El problema se encuentra en el conocimiento, entendido como un hacer, que presupone una postura activa del sujeto (léase auditor) y éste no es una tabla rasa donde se refleja pasiva y mecánicamente la realidad de la administración pública. Aunado a una enseñanza universitaria y profesional que no ha permitido, generalmente, en los auditores asumir un rol de investigación, que la concepción de la auditoría que ha perneado a la sociedad de nuestro tiempo no es verdad absoluta, ni los fundamentos y normas de auditoría son definitivos. La historia de la auditoría es una asignatura pendiente, que dictaría la medida de su desarrollo, dado que conociendo su historia implicaría conocer las capacidades del auditor para realizarla. Así, la investigación de la auditoría no ha de ser dirigida solamente a las modificaciones teóricas, como tampoco a los condicionantes y resultados de las auditorías, sino a las capacidades de los auditores en la construcción de su propia historia.

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