El día 18 de julio de 2017, se promulgó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para el Estado de Michoacán, y en su artículo 53 establece «El sistema de denuncia pública de faltas administrativas y hechos de corrupción será establecido de acuerdo a lo que determine el Comité y será implementado por las autoridades competentes». Y un año más tarde el Contralor Estatal en reunión con el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA «llamó a los integrantes de este órgano central del SEA a proponer mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción, a fin de establecer una red de articulación ciudadana para combatir la corrupción e impunidad» (Pactan fortalecer acciones para consolidar SEA en Michoacán, cambiodemichoacan.com, 27 de julio de 2018). Un día antes, la Subsecretaria de Contraloría Social de la Contraloría del Estado, Laura González Martínez, en otro evento afirmó «Quien violente la norma debe ser denunciado y sancionado» señalando que el gran reto en materia de fiscalización es el involucramiento de más ciudadanos al cuidado y protección de los programas (Revisa Contraloría 58 programas sociales de la Federación, Quadratin.com, 26 de julio de 2018). Sin embargo, Francisco Huergo, titular de la Secretaría de Contraloría (SECOEM) declaró, «Para el Gobierno del Estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, la transparencia, la rendición de cuentas, el orden, el control y el combate a la corrupción, son principios de actuación cotidiana con sustento legal en su aplicación, razón por la cual, la adopción de estos principios por quienes conformamos la administración debe estar respaldada por el reconocimiento de la situación actual que guarda la entidad» (Asiste SECOEM a revisión técnica en el Colegio de Contadores Públicos, Respuesta.com.mx, 2 de agosto de 2018).

Lo anterior resulta una paradoja, dado que manifiesta elementos válidos pero envueltos en la confusión y contradicción. Porque cómo es posible que el Contralor Estatal invoque la atención del Comité de Participación Ciudadano cuando él forma parte del Comité, y que dicho sistema de denuncia será establecido de acuerdo a lo que determine éste. En todo caso debió de haber ejercido su llamada de atención a los que conforman el Comité (Presidente del CPC, Auditor Superior de Michoacán, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Presidente del Consejo del Poder Judicial, Presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, a los tres titulares de los órganos internos de control municipal electos, y a él mismo). Además, resulta evidente el retraso y falta de iniciativa para desarrollarlo e implementarlo.

Y las afirmaciones más desafortunadas del Contralor «son principios de actuación cotidiana con sustento legal en su aplicación (…) la adopción de estos principios por quienes conformamos la administración debe estar respaldada por el reconocimiento de la situación actual». En primero, dichos principios no han vinculado o ligado al servidor público en su actuación diaria, derivado de la falta de lineamientos, directrices generales y ordenamientos reglamentarios que, una vez emitidos, faculten a los órganos de control y fiscalización para que vigilen el desempeño del servidor público, e inicien los procedimientos en su caso, y turnándolos a la instancia correspondiente para su sanción (los cientos en la Contraloría y miles en la Auditoría Superior de expedientes de auditoría inconclusos, “extraviados” y otros que duermen el sueño de los justos, es prueba de ello. Segundo, todos los michoacanos somos conscientes de la actual situación que guarda la entidad, salvo el Contralor Estatal. Tercero, si la máxima autoridad en el control estatal afirma ‘los principios son de actuación cotidiana para quienes conformamos la administración’. Luego, se sostiene implícitamente que la transparencia, rendición de cuentas, el orden, control y el combate a la corrupción es la “normalidad” en la práctica diaria de los servidores públicos en Michoacán. Y entonces, los ciudadanos o servidores públicos que pretendan avisar o revelar presuntos hechos de corrupción se colocan en una situación desventajosa y negativa, al colocarse fuera de la “normalidad”. Por lo que resulta común que los denunciantes sean considerados no confiables y etiquetados. Y esto se relaciona con la acertada declaración de su Subsecretaria “el gran reto en materia de fiscalización es el involucramiento de más ciudadanos”. Aunque también señala la contradicción que priva entre los altos funcionarios de la Secretaría de Contraloría. No es casual que la palabra denuncia tenga un significado negativo o peyorativo, asociado a la delación, y el denunciante sea considerado un “chivato”. Toda una cultura de privilegiar el silencio ha permeado a nuestra sociedad, y no resulta extraño que las leyes que rigen a los órganos de control y fiscalización continúen privilegiando la secrecía, y en forma coincidente también en los centros penitenciarios y en la mafia. Pero «la denuncia supone siempre la revelación de un delito, de una infracción deshonorante, aunque no sea delictiva; sino conforme a su sentido propio, una comunicación más genérica: la de una noticia desconocida, sorprendente, oculta, imposible de descubrir por el receptor y difícil de averiguar incluso por el que informa» (Naturaleza y deontología del periodismo de denuncia, www.unav.es/fcom.communication-society/es/articulo,  José María Desantes Guanter). Y cuarto, que Francisco Huergo haya expresado tal declaración en el Colegio de Contadores Públicos evidencia la falta de crítica del gremio, su sometimiento y disimulación.

Quiero manifestar un hecho que pretende mostrar la problemática actual en la presentación de denuncias ciudadanas en Michoacán (aunque la publicación de la denuncia y otros aspectos analíticos se abordarán posteriormente dada su extensión) en forma resumida es lo siguiente: El día 05 de julio de 2018, el que suscribe presentó denuncia ciudadana ante la Auditoría Superior de Michoacán por presuntos hechos irregulares en una entidad estatal. Y la Auditoría Superior incumplió con proteger en todo momento la identidad del denunciante según la Ley de Fiscalización Superior, dado que fui molestado, vía telefónica, por el funcionario denunciado y personal de la entidad denunciada. Además no se me informó sobre la resolución que la Auditoría Superior haya tomado sobre la procedencia de iniciar la revisión correspondiente.  Asimismo señalo la debilidad del artículo 34 Duovicies de la LFS, en cuanto dice “Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas con documentos y evidencias”. Y cabe preguntar ¿qué hacer cuando el denunciante carece de documentos y evidencias derivado del ocultamiento y negativa de entregar documentos a trabajadores que por ley debieran de cumplir, luego no es procedente la denuncia? Pero en todo caso, la Auditoría Superior estaría obligada a informar de ello. En comparación, recientemente en Argentina un chofer escribió ocho cuadernillos que llegaron a manos de la Justicia, ahora ya se encuentran detenidos doce ex altos cargos y empresarios de la obra pública.

Sí en Michoacán se pretende proteger a los denunciantes ciudadanos o servidores públicos se deberá estudiar la Agenda de la Unión Europea de Bruselas del año 2015, que ha emitido dos directivas. La primera, blindar a los denunciantes y brindarles todas las facilidades para que puedan comunicar todo lo que saben en confidencialidad. Y la segunda directiva, acotar qué significa ser calificado como denunciante. Y cuando se consigue este estatus, es el empleador el que tiene que demostrar que no ha habido despido, represalias o acoso laboral. Además se ofrece derecho a asistencia jurídica y apoyos. Es una idea que pudiera ampliarse, más a los ciudadanos que ejercen el derecho de denuncia pero que carecen de empleo, pero que todavía más se encuentran en una situación vulnerable y de acoso. La denuncia de los servidores públicos o ciudadanos sólo prosperará si se promueve que la denuncia es un valor social y reglamentar la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias y de evitar que con motivo de éstas se causen molestias indebidas al quejoso. Y privilegiando, denunciar es hacer lo que se debe y lo que es.

1 Comentario

Dejar respuesta