Un fantasma recorre los pasillos de la Auditoría Superior de Michoacán: el fantasma de su autonomía. Y aunque en México en todos los congresos y órganos de fiscalización se pregone, en el fondo, su instauración causa pavor.

En Michoacán, la fiscalización a veces funciona, pero frecuentemente no. Y generalmente los acuerdos, disposiciones y modificaciones en materia de fiscalización de sus legisladores no solamente no se entienden sino que en la mayoría de las veces contribuyen a profundizar la debilidad de su órgano técnico, y por ende, de la gestión pública estatal y municipal. Y en el empiezo (de poner piezas) se encuentra el verbo funcionar, el cual significa, realizar las funciones para lo que un organismo fue concebido. Por ello adquiere vital importancia los principios, dado que representan las reglas o postulados esenciales para el desarrollo de una práctica. Y en la Ley de Fiscalización Superior de fecha 18 de julio de 2018, se estableció que el desarrollo de las actividades de la Auditoría Superior se regiría bajo 16 principios. Pero en la reciente Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 29 de marzo de 2019, en su artículo I, afirma «La Auditoría Superior de Michoacán se regirá bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, en forma simultánea, anual, posterior, externa, independiente y autónoma». Es decir, ya solamente 10 principios regirán la actividad de la Auditoría Superior. Puesto que se eliminó la celeridad, eficiencia, eficacia, calidad en el servicio, vigilancia y fiscalización técnica oportuna.

Cuando la Auditoría Superior de Michoacán tiene miles de expedientes sin resolver, otros extraviados o “perdidos”. Cuando los Entes estatales y municipales incurren en las mismas observaciones año tras año (e incluso, trienio tras trienio, y administración estatal tras administración estatal) y cuando los quebrantos financieros no se observan ni sancionan resulta evidente que su práctica no ha sido eficiente, eficaz, de calidad, vigilante y oportuna. Aunque  la celeridad ha sido su característica en la fiscalización de las Cuentas Públicas 2017 (en la acepción de premura y prisa) y posiblemente sea la causa de su eliminación, sin embargo, la celeridad también significa realizar las actividades en el tiempo conveniente. Pero, cuál es el tiempo razonable en la ASM para la práctica de sus auditorías si no existen criterios ni indicadores que permitan medir tal razonabilidad. Dos semanas para llevar a cabo una auditoría, en campo, ha sido totalmente absurdo, más si han adolecido de lineamientos y procedimientos para concluir o cerrar las auditorías. Aunado que un gran porcentaje de sus auditorías son realizadas, “de gabinete”, es decir, a distancia. Y se han llevado a cabo por dos razones, la primera, la falta de recursos para los viáticos correspondientes. Y la segunda, cumplir cuantitativamente con el número de entidades auditadas en el ejercicio, dando por resultado observaciones superficiales. La auditoría seria y rigurosa es, in situ, o no es auditoría.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas ha ratificado los principios de  definitividad y confiabilidad. Sin embargo, en los hechos, de los Informes de la Cuenta Pública 2017, los legisladores han instruido a la ASM, en lo Municipal para que en un plazo de 60 días naturales presente a la Comisión Inspectora los informes de resultados faltantes. Y en lo Estatal, derivado de «Ninguna de las 87 instituciones fiscalizadas por la ASM presentaron el 100 por ciento de la documentación del gasto del presupuesto que les fue asignado y 13 de las entidades revisadas entregaron cero documentación (…) se les deberá poner una fecha límite para que entreguen la documentación» (Quadratin.com, 16/04/2019). De lo anterior se observa:

Primero. Incumple con los principio de definitividad y legalidad. Puesto que, los informes de auditoría al entregarse al Congreso son concluyentes, es decir, definitivos. Los legisladores carecen de las atribuciones para otorgar nuevos plazos en tanto no están considerados en la Ley de Fiscalización Superior. Además, brindarles más oportunidades de las que establece la propia Ley abre la puerta a la discrecionalidad, corrupción e irrespeto al trabajo de fiscalización.

Segundo. La historia de la ASM indica que la no presentación de las Cuentas Públicas ha sido permanente, también la entrega parcial o total de la documentación comprobatoria, y asimismo ante la solicitud de informaciones menores, los Entes hacen caso omiso de los correos y llamadas telefónicas del personal de la Auditoría Superior. Lo cual demuestra la debilidad endémica del órgano técnico.

Tercero. También en su historia se registran continuos fracasos del quehacer legislativo en materia de fiscalización, porque los legisladores se han acostumbrado a decidir lo que hay que hacer y de cómo hacerlo (sin considerar un diagnóstico y opinión del personal de la ASM, así como las condiciones y necesidades de los Entes), y su órgano técnico a obedecer, en forma obligatoria y acrítica. Resultando que sus acuerdos, disposiciones y modificaciones a la ley se convierten en letra muerta. Y Legislatura tras Legislatura acusa a la Auditoría Superior de incumplimiento y exhortan (inútilmente) a los Entes que cumplan con la normatividad.

Cuarto. Desde la creación de la ASM se le otorgó autonomía técnica y de gestión, sin embargo, nunca ha sido realidad. Un hecho reciente, derivado de la presentación del Plan Anual de  Fiscalización Municipal de la Cuenta Pública 2017, se afirmó «Actualmente la Auditoría Especial de Fiscalización Municipal (…) no ha sufrido ningún cambio en su organización, sin contar en muchos casos con la experiencia idónea para efectuar dicha responsabilidad, por otra parte se tienen en otros el perfil profesional no adecuado acorde a los lineamientos de la nueva ley». Y en el Acuerdo 627 rechazó dicho Plan “se considera de poco alcance y representatividad (…) se instruye a la ASM incluir a los 113 municipios”. Y ya sabemos que sucedió, la ASM incumplió, no obstante las auditorías exprés que realizó.

Quinto. El incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental no es atribuible a la Auditoría Superior de Michoacán. Pero lo que sí ha sido su responsabilidad, no haber presentado análisis y argumentos que demostraran que la referida Ley es inadecuada e improcedente para la realidad pública estatal y municipal en Michoacán. Y que habría la necesidad de presentar sugerencias para su modificación. Aunque dado el sometimiento que ha prevalecido en la ASM no resulta extraño su silencio.

Conclusión. Toda la historia del Poder Legislativo en Michoacán demuestra que no han podido romper con el control y sometimiento que ejercen sobre su órgano técnico, y en general, sobre la práctica de fiscalización. Y nada ha debilitado más a la Auditoría Superior de Michoacán que el hecho que se ordene y promueva desde su propio Congreso, acuerdos y disposiciones que han partido de la ignorancia, de anteponer sus intereses personales y partidistas, y de impedir que se convierta en garante de una fiscalización imparcial, oportuna y confiable. Para ello se requiere que los Principios de la Auditoría Superior precisen su contenido y las consecuencias de su inobservancia. El comienzo de los cambios empieza por el principio. Y todavía la LXXIV Legislatura tiene la oportunidad histórica de iniciar el cambio. Las y los diputados tienen la palabra.

Cualquier semejanza con lo que sucede en otras entidades de fiscalización superior no es casualidad.

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