En busca del objeto en la auditoría pública (I)

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¿Cómo las entidades de fiscalización – sean auditorías superiores, contralorías generales, tribunales de cuentas, y otros órganos de control- pueden orientar en la dirección adecuada y mejorar el funcionamiento de las entidades públicas, si desconocen su objeto?

Quizá sea un contrasentido o tal vez una paradoja, pero cuando el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en España, reconoce por una parte, el deterioro de las cuentas públicas, y además intenta explicar tal hecho, al decir que es resultado de forma “más o menos directa de las medidas de choque adoptadas para suavizar el impacto de la crisis sobre la actividad económica y el empleo. Y por otra que, la auditoría en el sector público constituye un proceso sistemático para obtener evidencia relevante y suficiente con respecto a la información concerniente a la realidad económica de una entidad, con el objetivo de establecer el grado de correspondencia entre dicha información y los principios y normas establecidas. Y en consecuencia agrega, no cabe duda de que, la auditoría pública es uno de los métodos de control y seguimiento más idóneos para verificar la gestión pública”[1].

Pero sí cabe la duda ante la subordinación, acatamiento, o sometimiento de la auditoría pública y fiscalización, a los dictados o lineamientos de la INTOSAI, GAO, IFAC, y los correspondientes en cada país, y que han derivado en su aceptación tácita e incuestionable, tal como el Consejero Mayor de Andalucía que afirma, “Los organismos normalizadores (…) han dedicado buena parte de los esfuerzos a la emisión de normas técnicas de auditoría del sector público “. Por ello se acepta sin cuestionar que el objetivo central de la III Jornada de Auditoría en el Sector Público del Colegio de Censores Jurados de Cataluña, a celebrarse el 26 de abril de 2012, que “En esta Jornada analizaremos las distintas normas de auditoría: IGAE, OCEX, IFAC, INTOSAI. Contemplaremos las necesidades de los distintos destinatarios (…) En definitiva, un recorrido para aproximar y comprender la verificación externa de las cuentas públicas”. Asimismo en la firma de Contadores Públicos en América, establecen en curso de Auditoría Gubernamental, a llevarse a cabo el 29 y 30 de marzo del 2012, cuyo objetivo es, “Que el participante conozca de manera general los siguientes aspectos de la Auditoría de Gobierno:

  • El marco jurídico
  • El marco normativo
  • Las normas de ejecución del trabajo de auditoría.

Que el participante conozca de manera específica la norma de auditoría de ejecución del trabajo referente a la obtención de evidencia suficiente y competente, así como los tipos de informes a emitir” (www.uccs-america.org). Por esto se afirma, sin dudar, que en la supuesta auditoría pública, gubernamental, o en la fiscalización, “La metodología se basa en las normas existentes de auditoría”. Tal como en el referido curso de Auditoría Gubernamental se expresa:

VIII. Metodología

A través de exposiciones teóricas y experiencias de los expositores. Este curso es parte de una serie de cursos para el sector gubernamental de la firma:

2009- Auditoría del ciclo de egresos.

2010- Auditoría de obras públicas.

2011- Auditoría de ciclo de ingresos.

2012- Auditoría del ciclo productivo: Inventarios, producción y costo de ventas.

2013-Auditoría del ciclo de recursos humanos y nóminas”.

Lo anterior ejemplifica el trastocamiento en la auditoría y fiscalización. Puesto que la firma de contadores públicos asume que tiene la capacidad de dar a conocer a los participantes del curso lo que es la “auditoría de gobierno”. Pero si se omite analizar las normas personales, la noción de metodología carece de rigurosidad, se supedita la auditoría a una serie de ciclos y uno “productivo” (en México los entes públicos no tienen como objetivo el lucro) y no aborda la problemática que enfrenta la auditoría en la actualidad, el curso resultará como otros tantos, superfluo. Porque no crítica ni reflexiona sobre los temas de fondo en la auditoría pública (no gubernamental y aunque pareciera un asunto menor, denominarla correctamente es comenzar a ponerla en su lugar). Más el dominio que ejerce el pensamiento de la auditoría privada en lo público es un lastre que ha impedido el pensar creativo y la búsqueda de nuevos caminos.  Por ejemplo, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía, afirma “en la actualidad, una de las cuestiones de mayor polémica se refiere a la utilidad de la presentación del trabajo  de auditoría a través del correspondiente informe (…) y, la diferencia de expectativas de la auditoría o diferencias surgidas entre lo que el auditor cree que es su responsabilidad y la que le atribuyen los usuarios y destinatarios de los informes (…) producen un cierto desencantamiento en sus usuarios”[2].

Por lo que la III Jornada de Auditoría intenta recuperar el encantamiento, es decir, cautivar la atención de los usuarios de los informes de auditoría mediante un Programa que abarca: Normas de auditoría relativas a los informes; informes de auditorías de regularidad y de control financiero; informes de auditorías operativas; e, informes de encargos especiales. Sin embargo, la propia Convocatoria de dichas Jornadas reconoce la complejidad de los organismos y entidades que constituyen la estructura organizativa del Sector Público. También el Presidente del Tribunal de Cuentas de España, dice “cualquier aproximación o análisis que se pretenda efectuar del sector público ha de partir del reconocimiento de que se trata de una realidad y de una organización muy compleja”[3] él mismo agrega “todas las instituciones de control se les presenta un difícil y laborioso futuro si quieren responder a los principios que le dan vida, si quieren servir a los intereses generales”, y el Presidente de la Auditoría General de Argentina, Leandro Despouy, añade “Para que el Estado pueda servir una realidad cada vez más compleja. Es importante que la sociedad perciba que el auditor está defendiendo sus intereses. Hay una dimensión social de la tarea de Control Público, porque lo que está en juego es el interés general[4]”. Y, José Antonio Gonzalo, Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en España, alerta “que la auditoría corre el riesgo de desaparecer por inútil si no se demuestra su interés social (…) ha lamentado que todavía mucha gente no comprende que se trata de una labor de interés social (…) los auditores realizan un trabajo de interés público”[5].

Y he aquí que la auditoría del sector público adquiere, ipso facto, un interés general, público y social. Relacionándose también con la exigencia de rendición de cuentas, tal como se afirma en la Introducción de la III Jornada de Auditoría, “la emisión de un informe de auditoría debe cumplir con los procedimientos regulados de rendición de cuentas”. Pero, “El poder debe estar atado a restricciones legales, también debe estar domesticado por la lógica del razonamiento público. En este sentido, la rendición de cuentas es la antítesis del poder monolítico”[6]. Y ¿acaso la INTOSAI, GAO, IFAC, y las demás instituciones similares no han asumido un poder absoluto sobre el pensamiento de la auditoría?

Luego, pensar la auditoría pública o fiscalización es pensar lo que nos dicen los catedráticos, funcionarios y profesionales de estos campos, que ante todo afirman y piensan lo que dicen los “organismos normalizadores”. Y hasta nuestros días, todo ha sido aceptación general, todo armonía y uniformidad, por lo que resulta pueril que se acepta el pensamiento divergente o la crítica, sin embargo, la actualidad demanda sembrar la duda, la ruptura conceptual que cuestione la forma de pensamiento de los profesores y de todos los supuestos especialistas, aunque posean títulos, certificaciones, maestrías e incluso doctorados de prestigiadas universidades o centros de enseñanza superior, que promueven una auditoría pública o fiscalización… pero al revés. Pero no pudo haber sido de otra manera, los casi ciento cincuenta años de tradición y costumbre han terminado por permear su pensamiento, lo que ha significado una larga época de oscuridad, ha sido el medievo; más ahora ha surgido el ejercicio de pensar y ha hecho aparecer lo nuevo y ante la exigencia social de transparencia, ha irrumpido un nuevo tiempo, tal si fuera los albores de un Nuevo Renacimiento en la Auditoría y Fiscalización.

CONTINUARÁ


[1] López Hernández, Antonio M. revista Auditores, núm. 15, mayo 2011, pp. 22-24-27.

[2] Ídem, p. 29.

[3] Núñez Pérez, Manuel. Transparencia e instituciones de control, revista Auditoría Pública, núm. 49, 2009, p. 7.

[4] El Control Público en la República Argentina, www.agn.gov.ar.

[5] http://www.20minutos.es/noticia/810047/.

[6] Schedler, A. ¿Qué es la rendición de cuentas? Ifai, p. 14.

2 Comentarios

  1. Soy la Alcaldesa de San Andres del Congosto a partir del 18 de Enero de este año, se dió de baja el secretario, no he tenido secretario hasta el dia 27 de Marzo. El anterior secretario no habia empezado las cuentas del 2011 de este Ayuntamiento, pedí una prorroga para poder presentarlas y me han comunicado que me daban hasta el 15 de Abril, lo que es totalmente imposible de realizar por parte de este nuevo secretario. Les aseguro que a partir de cojer yo la alcaldia no habrá cuentas con más claridad en este Municipio ¿Que debo de hacer?

  2. Me resulta sorprendente que la normativa en la Entrega-Recepción de las Alcaldías no esté clara, o en todo caso, su interpretación no la oriente en lo que se debe de hacer. A la distancia y con el debido reconocimiento del desconocimiento de la legislación del ayuntamiento que hace referencia. La lógica jurídica, me parece, que:

    1. Solamente se le puede exigir responsabilidad a partir de la fecha que inició su gestión como Alcaldesa.

    2. En la baja del anterior Secretario debió de haberse formulado un acta del estado en que dejó la administración y/o responsabilidad de su competencia o función. En caso contrario, se deberá hacer una acta de la omisión.

    3. Sí el anterior Secretario no cumplió con sus responsabilidades, se deberá recabar toda la evidencia que pruebe tal hecho, elaborando un acta y la fundamentación legal a que haya lugar.

    4. A efecto de deslindar las responsabilidades, se deberá efectuar un corte bancario y financiero al 18 de enero del2012, y en la fecha en que se ausentó el Secretario. Dado el transcurso y la dificultad de llevarlo a cabo, en lo posible, se deberá acreditar, y en caso contrario, hasta donde sea posible, con la mayor de la prueba posible, elaborando un acta.

    5. Ante la exigencia de presentarlo el 15 de abril (en esa fecha) deberá de enviar lo que haya recabado, conforme a los puntos anteriores. Es importante que exponga la situación heredada y la fecha en que se inicia su responsabilidad. No se le podrá exigir ninguna obligación ni imponer ninguna sanción ante hechos ocurridos antes del 18 de enero.

    6. Es conveniente llevar a cabo un estudio de tesis jurisprudenciales que apoyen su caso. Y tan pronto tenga la fundamentación legal presentarla.

    Espero que le pueda servir lo anterior.

    Atentamente

    Mario Alberto Gómez

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