Repensar la auditoría tras la pandemia

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La reforma de la auditoría es impensable cuando las Big Four, las cuatro firmas de auditoría y consultoría más importantes del mundo, determinan su agenda y en Europa se encuentran en proceso de un negocio altamente redituable para ellas, mediante la consultoría o gestión de los fondos estructurales que la Comisión Europea ha asignado para la recuperación económica de países afectados por la pandemia, no obstante sus escándalos, la corrupción y la complicidad en los que se han visto implicados. Y paradójicamente no les hizo mella en la credibilidad. Al contrario, las Big Four han visto duplicar sus ingresos y su futuro es más promisorio, al presentar PriceWaterhouseCoopers (PwC)  «Un programa para apoyar a las empresas y a las Administraciones Públicas en el tránsito hacia un nuevo modelo productivo sustentable basado en la innovación, la calidad, el talento y el valor añadido» (La auditoría del futuro y el futuro de la auditoría, www.pwc.es). Y por su parte, KPMG en, La auditoría interna más importante que nunca ante el COVID-19, afirma «Un auditor interno puede ayudar de muchas formas pero sobre todo proporciona objetividad y perspectiva dentro de una organización. En una epidemia como la del COVID-19, de lo que se trata es de gestionar riesgos» (Rafael Tejedor, Director de Gobierno, Riesgo y cumplimiento, tendendencias.kpmg.es). Pero, ¿Cómo transitar a un nuevo modelo cuando no se reconoce los errores y fracasos pasados? O, ¿KPMG proporcionó, en España, objetividad en Banco Popular, Caja de Ahorros del Mediterráneo, constructora Huarte, entre otros casos?

Y de nuevo la narrativa que olvida la autocrítica y que se reproduce en prestigiados académicos e investigadores, tal como «la auditoría empresarial constituye sin duda uno de los instrumentos más útiles y poderosos para promover el avance y modernización de la auditoría de las organizaciones públicas» (Nuevos retos para la fiscalización en las entidades públicas, Vicente Montesinos Julve, Revista Auditoría Pública, número extraordinario, junio 2020).

Luego, ¿cuál es el nuevo reto para la fiscalización en las entidades públicas?

Montesinos lo señala «Se hace necesario adoptar una actitud más abierta a la ciudadanía» (ibídem, p. 57). Lo cual es concordante ante la pregunta a Luis Ordoki Urdazi en la entrevista de parte de la Revista Auditoría Pública, «Ante la crisis del coronavirus y sus graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales. ¿Qué deben hacer las instituciones de control al respecto? Su respuesta: Para empezar, no encerrarse en sus sedes y estar abiertas a la sociedad, a sus problemas» (Esta crisis es una oportunidad para que los tribunales de cuentas se reiventen, número 75, junio 2020, p.7).

Cabe señalar que los dos connotados fiscalizadores coinciden en la apertura que debe haber en las EFS, sin embargo, trece años antes, Luis Muñoz Garde, insistía «ninguna institución debe vivir de espaldas a la sociedad, tienen que estar en contacto con los ciudadanos (…) Una actitud abierta en este sentido no sólo contribuirá a que los tribunales de cuentas dejen de ser instituciones muy poco conocidas, sino que aumentará notablemente la eficacia de la labor de control» (El control externo: Parlamento y opinión pública, número 42, julio 2007, p. 16).

Entonces, ¿Por qué después de trece años se continúa insistiendo en el tema de la apertura de los Organismos de Control? No obstante que el día 8 de diciembre del 2000 se firmó la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la persona, que establece el derecho a la buena administración abierta, eficaz e independiente.

Por la misma razón que las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) desde hace más de 42 años insisten que el propósito de la Declaración de Lima consiste en defender la independencia en la auditoría de la Administración pública. Mismo que se ratificó en la Declaración de Moscú en 2019: las EFS tienen que proteger su independencia. Y ésta debe estar garantizada por la ley, según el Preámbulo de la Declaración de México sobre la Independencia de las EFS. Es decir, el valor de la independencia en las EFS no es un valor moral o ético dado que la ley debe defenderlo o protegerlo, de lo contrario, queda a la voluntad, al capricho, o intereses de los auditores, congresos y gobiernos.

En la Declaración de Moscú se establece que «Las EFS deberían facilitar un debate sobre la publicación de sus resultados en un formato de datos abiertos, cuando sea adecuado». Y la INTOSAI ha señalado la relevancia de promover la participación ciudadana, y también la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el año 2009, en consecuencia:

  • ¿Por qué no se facilita un debate entre las EFS y la ciudadanía acerca de las causas que están imposibilitando su independencia?
  • ¿Por qué se reduce la publicación a sus resultados y no a la totalidad de su proceso?
  • Sí todo ciudadano tiene el derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos, cualquiera que sea su soporte, ¿Quién y cómo se decide lo que “es adecuado”?
  • ¿O los ciudadanos tras la pandemia tendremos que hacer un recuento de los daños y llevar a cabo la transformación de la Administración pública, auditoría y fiscalización?

Porque se ignora, «La covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando» (Reporte ve relación entre corrupción y respuesta a pandemia, Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional, https://apnews.com>article, 28 de enero 2021). Y agregaría también es una crisis en las EFS porque la auditoría (instrumento que posibilita la fiscalización) no responderá a los desafíos tras la pandemia, dado que fracasó en el pasado y está fracasando en el presente.

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