Tribunal de Cuentas ¿Para qué?

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Tribunal de CuentasSi el Tribunal de Cuentas no responde a la transparencia, conforme a su Aviso: Los auditores privados no pueden fiscalizar las instituciones públicas como ayuntamientos y comunidades autonómicas (www.nuevatribuna.es, 2011-07-01). Ante la intención de nuevos gobernantes locales de realizar auditorías externas sobre las cuentas de determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos. Cuando la realidad pública nos indica que, sí pueden realizar auditorías públicas los auditores privados ¿Acaso la Nueva Ley de Auditoría de Cuentas, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 1 de julio de 2010 no supuso un paso adelante al reconocer la insuficiencia de los medios propios en los órganos de control de las Administraciones Públicas expresada en los Congresos Nacionales de Auditoría del Sector?Si el Tribunal de Cuentas no contribuye con la transparencia, en tanto acepta por una parte, que su función es primordialmente pública, y su auditoría en correspondencia tiene una naturaleza igual, es decir, pública. Y por otra, su Presidente, Manuel Núñez Pérez, afirma que muchas de las actuaciones en la fiscalización continúan permaneciendo en un mundo desconocido para la mayor parte de la sociedad, derivado “más a posiciones ideológicas o partidistas que al verdadero interés de la sociedad” (Transparencia e instituciones de control, revista Auditoría Pública, número 49, noviembre de 2009, p. 11). Sin embargo, omite analizar que el Tribunal de Cuentas obliga a los auditores a mantener el secreto de cuanta información conozcan en el ejercicio de su actividad. Luego, ¿Cómo el Tribunal de Cuentas puede cumplir con una función pública, que su auditoría también sea pública, y contribuya con la transparencia si exige la secrecía o confidencialidad?

Si el Tribunal de Cuentas no transparenta la colaboración o participación de firmas privadas en la fiscalización de los fondos públicos. Al aparentar cerrarles la puerta pero darles entrada por la de atrás, bajo la justificación de la insuficiencia en los organismos de control, y tal pareciera la “única salida”  para solucionar su grave retraso, un problema que acusa el Tribunal de Cuentas y que existe en la generalidad de los órganos de fiscalización. Y si en verdad el Tribunal de Cuentas ha pretendido salir al paso de las informaciones sobre la referida intención, su declaración de la colaboración de la auditoría privada con la pública resulta hueca. Porque no aclara o determina las causas de la permanente desactualización, dependencia, insuficiencia, o rezago en los órganos de fiscalización. En el fondo, la pretendida colaboración refleja el dominio conceptual de la auditoría privada, y éste término proviene del latín privatus, es decir, privado, del verbo privare, privar de algo. Y la auditoría privada es la herramienta que ha permitido privar información. Pero, lo público es aquello que es de interés general, debe estar a la luz, todos deben poderlo ver. Luego, ¿No resulta  absurdo solicitar un informe anual de transparencia a las firmas privadas cuando su práctica se desarrolla en la oscuridad, al margen de las miradas y del escrutinio público de la sociedad?

Si el Tribunal de Cuentas no asume en su institución y en sus auditores, su historicidad. Al atribuirles supuestas propiedades per se, que les permiten aislarse de sus circunstancias y situaciones, tal como lo ejemplifica “El Consejero Mayor de Cuentas de Andalucía, Antonio M. López, pretende reforzar la independencia, integridad y objetividad de la institución y para eso ‘debe estar fuera del debate político’, al tiempo que ha señalado que no descarta para ampliar el campo de actuación buscar colaboración de entidades privadas especializadas en el sector público” (Web de Auditoría Pública, noticias).  Tal si la política fuera un ‘contaminante’ y las entidades privadas estuvieran ajenas a esta ‘contaminación’.  La auditoría desde su origen hasta nuestros días se ha legitimado a través de la idea, que su naturaleza es independiente y se desarrolla con objetividad. Es decir, sus propiedades están en sí,  no obstante Enron o Lehman Brothers, se acude una y otra vez a la auditoría privada tal si fuera un faro que guiara a la certidumbre y seguridad sobre el manejo de los fondos públicos, aunque se olvide que esa guía ha llevado a empresas, gobiernos y a la sociedad global al borde del naufragio y a encallar. Más los funcionarios de la fiscalización parecen encontrarse en una dimensión donde no les afecta los condicionamientos históricos, y en todo caso, si los perciben no han estado dispuestos a determinar la forma o el grado en que la política y lo social influyen en la fiscalización. Pero en tanto, en el seminario que organiza la universidad de verano de Maspalomas, promovido por la Audiencia de Cuentas de Canarias, Manuel Núñez centró su discurso en defender a los Órganos de Control Externo como los garantes de las cuentas públicas, luego Tribunal de Cuentas ¿Para qué?

Web de Auditoría Pública

1 Comentario

  1. Yo no veo inconveniente ninguno en que empresas privadas auditen las cuentas del sector público.
    El verdadero problema se produce con casos flagrantes como la relación entre Deloitte y la Comunidad Autónoma catalana, como se ha descubierto recientemente, y a esa clase de »mala praxis» me remito.
    El problema viene cuando, para demostrar un alarde de transparencia y buenas maneras por parte de una administración pública, por entender la sociedad en general que la auditoría interna puede pecar de excesivo o total subjetivismo, y calificar como correctas unas cuentas que no lo están, porque el presidente de tal organismo público, de tal ayuntamiento, o tal ente local veranea sin cortarse un pelo con el interventor o el auditor que en este caso nos ocupa… que para demostrar eso, como decía, se recurra a una empresa privada que realmente SÍ que acabe teniendo conexiones o intereses partidistas, donde se acaben pasando sobre y maletines por debajo de la mesa, y donde se demuestre que un intento de ser transparentes no es sino un eufemismo, un maquillaje político para hacer justo lo contrario : otorgarle oscuridad a unas cuentas nada claras, para que nadie salte por los aires, al tiempo que se le dice a los votantes, que no pasa nada, que estén tranquilos, que ya viene la empresa X a salvarnos, y probablemente a demostrarnos lo que ya sabíamos, que el gobierno anterior, se lo llevó todo, no dejó ni un duro ( argumento éste, que también es utilizado como primera medida por los nuevos partidos que entran al poder tras ganar elecciones, para justificar toda una serie de tropelías y de formas de actuar, que incluso son más gravosas que el gobierno que acaba de marcharse, siendo capaz hasta el votante menos formado de darse cuenta de que su cambio en el voto, el haber puesto en el poder a un nuevo partido pensando que las cosas cambiarían, no han hecho más que darle la continuidad a una política de saqueo, despilfarro y derroche, pero bajo una cara nueva ).
    Y vuelvo a reiterarme, no me importa que una agencia privada audite las cuentas de un órgano público.
    Pero lo que no está bien, y menos en los tiempos que corren, volviendo a poner a la citada agencia tan solo como ejemplo, es que Deloitte, vaya a cobrar casi un millón de euros para decirnos lo que ya sabíamos : que en Cataluña no hay ni un duro disponible para sacar adelante nada.
    Y los políticos, tan tranquilos, con la conciencia tan serena, se quedan tan anchos. ¿ Porqué no aprovechan ese millón de euros en políticas igualitarias, redistributivas o de empleo ? No podrán acabar con toda la tasa de paro que pesa sobre dicha comunidad, pero vale más 100 o 200 personas menos pasando hambre y pidiendo. Y eso es lo que precisamente no se le ha ocurrido hacer a ningún representante político. Y quizá esa honradez, de cuya falta adolece nuestro ordenamiento jurídico, fuese el primer pilar sobre el que debería basarse la actitud y el buen hacer de nuestros partidos, y probablemente les harían ganar por la vía de la legalidad votos a chorros. Pero claro, no interesa, en un mundo donde las diferencias entre ricos y pobres son cada vez más grandes, la redistribución, interesa que cada vez hayan menos que tengan mucho, y muchos que no tengan nada.

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