¿Requiem por Wikileaks?

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Julian Assange, anunció a finales del año 2010, que publicaría en el principio del 2011, una megafiltración que arrojaría luz sobre la corrupción en el mundo financiero. Sin embargo, no se publicó. Y aunque lo relevante, ha sido las acusaciones y desacuerdos entre Wikileaks y cinco grandes medios de comunicación, se ha minimizado que los involucrados han sido arrastrados por el tsunami de nuestro tiempo, la desconfianza.

Y las marejadas han llevado al fondo a la esperanza de revelar los secretos entre Wall Street y el poder, pero también ha sucumbido el derecho a una mayor información pública, ante la justificación de gobiernos de mantener clasificado o reservado determinados hechos, no obstante que sean crímenes atroces contra niños maniatados, o, mantener en secreto decisiones u omisiones que afectan a millones de personas sobre su permanencia o esperanza en el empleo y en su calidad de vida. Esto en Europa, cuando la miseria se asoma a su puerta, no obstante que en otros continentes ha sido la constante, bajo los designios del Fondo Monetario Internacional (FMI), más el otrora continente de la riqueza se ve asolado por la problemática de la deuda pública y la amenaza de una nueva recesión económica global, y ante el reto, el Comité Monetario y Financiero Internacional, principal órgano de decisión política del FMI, recientemente en comunicado ha planteado que las economías avanzadas adoptarán políticas para generar o restablecer la confianza.

Lo anterior pareciera la política adecuada, pero desde la crisis del 2008, supuestamente se habían establecido medidas de regulación y supervisión a efecto de revertir la pérdida de confianza. Y ahora de nueva cuenta la sociedad global se encuentra en la pendiente de la incertidumbre económica, y lamentablemente se nos presenta el mismo discurso, carente de nuevos caminos. Por esto resulta necesario indagar si la desconfianza tiene relación directa con la herramienta o instrumento que se concibe como una práctica profesional incuestionable, pero que en los hechos no genera transparencia, dado que no demuestra públicamente que una auditoría en lo concreto y específico, es objetiva e imparcial.

La crisis ha planteado la pregunta sobre si las agencias calificadoras han corrompido su análisis independiente por la búsqueda de beneficios. Pero también la actual crisis está quitando los velos que ocultaban la realidad en la auditoría y fiscalización, por ejemplo: Ángel González- Malaxetxebarría, consultor internacional de auditoría, declaró que “La auditoría ha dejado de ser un negocio de auditores” (revista Auditoría Pública, núm. 54, julio de 2011); y, César Ferrer, socio de KPMG y miembro del consejo directivo del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, afirmó “históricamente las firmas de auditoría eran cajas negras, a partir de ahora lo seremos lo menos posible” (revista Auditores, núm. 15, mayo de 2011, pp. 13-14). Luego, si las afirmaciones anteriores son verdaderas, entonces, la auditoría no ha sido una profesión independiente ni de interés público, y por lo tanto, es una actividad que ha incurrido e incurre en la falsedad.

Por ello, la noción de independencia se ha convertido, una vez más, en tema central. Tanto en instituciones conservadoras y oficiales, como el FMI que ha solicitado a España que recurra a una entidad independiente para valorar los activos de la banca para restablecer la confianza en los mercados; como en organizaciones liberales y no gubernamentales, una, Attac ha demandado que “Toda la deuda pública deberá ser auditada por una institución ciudadana imparcial”; la otra, la Red para la Rendición de Cuentas, en México, ha concluido en reciente seminario la necesidad de “Incorporar a las organizaciones de la sociedad para que garanticen la vigilancia y evaluación de la gestión pública”. Sin embargo,  mientras el oficialismo continua apelando a una independencia en abstracto, carente de un método que permita someterse al escrutinio público y demuestre que ha sido efectivamente imparcial. Las organizaciones comprometidas con la democracia se encuentran privilegiando la participación ciudadana pero no el examen y la crítica de la herramienta que posibilita la auditoría y fiscalización.

Más la concepción dominante no ha posibilitado avizorar este problema, por ejemplo, Manuel Núñez, presidente del Tribunal de Cuentas de España, en el pasado seminario de la Universidad de Verano Maspalomas, organizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, se preguntó: ¿Sirven los Tribunales de Cuentas de hoy para dar respuesta a los problemas que la situación actual plantea?

La anterior pregunta solamente refleja la tendencia de eximir u olvidarse de la auditoría cuando ésta debería de llevarse al banquillo de los acusados, es decir, ¿Sirve la auditoría de hoy para dar respuesta a los problemas que la situación actual plantea?

De no ser así, tendremos que seguir formulando “votos para que salgan a la luz cuanto antes los documentos que vinculan a lobistas de Wall Street que, si bien incluyen operaciones de empleados deshonestos no detectados por las auditorías correspondientes, subrayan el inmenso daño que hacen los negocios en los despachos oficiales en lugar de competir a la luz del día” (Alberto Benegas Lynch, libertad y progreso on line, 2011/01/04). Porque sólo una auditoría verdaderamente pública, demostrable y objetiva puede generar confianza.

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