Y de vuelta la crisis por la Cuenta Pública

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A la distancia la aprobación de la Cuenta Pública en Michoacán parece una pelea de box. Como las que se escenifican en casi todos los congresos, aunque besar en los labios a aliados en el centro del Pleno es totalmente inverosímil en México, por ejemplo. Pero finalmente es necesario romper la imagen, la visión de un mundo que puede ser de otra forma a la que negamos su transitoriedad. En fin, el espacio público nos permite acercar otra experiencia, otra forma de interpretar lo que sucede en el mundo de la auditoría pública y fiscalización.

En esta esquina, José Luis López Salgado, vencedor de Juan Carlos Orihuela (anterior presidente de la Comisión Inspectora del Órgano Técnico del Congreso estatal. Y en la otra, YarabÍ Ávila (presidenta de la Comisión encargada de la vigilancia de la fiscalización en el estado), dispuesta a recuperar lo perdido. Aunque el titular de la Auditoría Superior de Michoacán “ha confiado en que la 73 Legislatura se baje del ring y no haga de la Cuenta Pública 2014 una revancha política”. Pero continua la lucha de represalias y venganzas y, Arturo Palma, Auditor Especial de Fiscalización Estatal, arroja la toalla.

Un ambiente polarizado entre acusaciones, desencuentros y reprobaciones que han originado agravios no sólo personales sino a los grupos, fracciones y partidos políticos, siendo el caldo de cultivo que ha justificado el revanchismo. Con una mano se solicita acuerdos y con la otra se pelea. Así, la premonición de López Salgado parece estar convirtiéndose en realidad, que otra vez la Cuenta Pública no se apruebe. Al revirar con un golpe la presidenta de la Comisión Inspectora “En el fondo y no en la forma se concentrará el dictamen sobre la Cuenta Pública”. Es decir, el trabajo deficiente de la Auditoría Superior no se justifica por la falta de recursos presupuestales, técnicos y humanos. Y de vuelta recordó  “En el Congreso local desde el 2012 que se presentó el dictamen de la Cuenta Pública 2011, se optó por la opacidad y por apoyar la complicidad de quienes promovieron el mayor quebranto financiero”.

Además, el escenario nacional le resulta adverso al Auditor Superior de Michoacán con los resultados del Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2014 de la ASF; y por su defensa incierta en cuanto al dictamen de la Cuenta Pública 2011, al argumentar “puede ser, yo reconozco que el Informe no reúna las expectativas que los legisladores tienen”. Pero acaso la Auditoría Superior no ha tenido el tiempo necesario para verificar las presuntas irregularidades desprendidas y el cumplimiento de la forma de dicho dictamen, sobre todo porque se instruyó a la Contraloría Interna del Congreso y a la COCOEM para que coadyuvaran a determinar la existencia de las presuntas responsabilidades. Y ahora Raymundo Arreola, declara “Para el Congreso las únicas auditorías que valen son las que realiza la ASM y la ASF”. Luego entonces, el dictamen de la Cuenta Pública 2011 no vale, porque se sustentó en el trabajo de un despacho de auditoría privado y la mesa técnica lo fundamental que hizo fue aceptar acríticamente el trabajo en su totalidad, llegando al absurdo de no aprobar la cuenta referida por no revelar con apego las Normas de Información Financiera, las cuales enumeraron:

  • Fortalecer el sentido de lo público.
  • Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado.
  • Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
  • Contribuir al desarrollo de los principios de constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos
  • Constituir un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía.

Lo anterior ejemplifica la confusión que priva en la auditoría privada y la mesa técnica  que elaboraron el dictamen antes referido, dado que la Auditoría Superior de Michoacán ni la Auditoría Superior de la Federación como tampoco otras de entidades de fiscalización superior en México o en otro país, cumplen con tal normatividad, dado que la aspiración o idealidad de las normas mencionadas es diferente a lo que sucede en la realidad y desarrollo de la fiscalización. Sin embargo, a la concepción y pensamiento de la auditoría y fiscalización le basta citar normas generalmente aceptadas de auditoría o normas de información financiera para establecer criterios de verdad, incurriendo en la falacia de autoridad. Y uno de los problemas centrales de la auditoría pública o fiscalización, el tema de la observación, noción multívoca e indeterminada. Un principio de la auditoría pública debería ser que las observaciones formuladas, en rigor no se subsanan ni solventan, mucho menos cuando se derivan de hechos de corrupción. El número de observaciones echadas abajo indican una auditoría deficiente; pero sin ir más a fondo. Por ejemplo, se establecen observaciones por incumplimiento  a la normatividad. Pero no sólo en Michoacán, en toda la república, la no observancia a preceptos legales no necesariamente involucra irregularidades graves y mucho menos hechos de corrupción. En Michoacán desde hace una década o más, la gestión pública en las dependencias y entidades estatales ha estado en el desorden presupuestal, la erradicación de los recursos a destiempo e insuficiente ha derivado que dispongan de fondos de determinadas partidas para otras (aunque la falta de control presupuestal no es la única área de riesgo) en unos casos no existe la intención de la malversación, en otros sí, pero la fiscalización aplica con el mismo rasero para todos, por esto, los montos cuantiosos y exorbitantes y al final, cantidades mínimas y de observaciones, originando “auditorías ninis” ni se sanciona la responsabilidad administrativa ni la penal. Su efecto, miles de expedientes congelados, sepultados, o en la indeterminación, debido a su incorrecta integración, vicios legales y ausente la reina en los juicios, la prueba. Pero entretanto los servidores públicos ya fueron juzgados por la opinión pública y la información de las auditorías ya se usó políticamente. Es la causa de la revancha. Y en el centro del huracán la actuación de la entidad de fiscalización.

Michoacán como otros estados de la república han estado supeditados a las directrices de los órganos rectores de fiscalización, sea la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública, y los órganos de control y fiscalización estatales han actuado miméticamente sin mayor análisis ni reflexión. Lo que dicen ambas instituciones se acepta como “verdad”. Como en el Sistema Anticorrupción recién aprobado ha omitido la crítica de su herramienta, es decir, la auditoría pública. Y aunque se declare su independencia continúa determinada por la política. Por ello, la pretensión del Gobernador Silvano Aureoles de reunirse con Juan Manuel Portal, con respecto a los resultados de la Cuenta Pública reciente, provoca sospecha. Vale recordar que el Auditor Superior de la Federación, laboró  en la contraloría de Pemex, de 1987 a 1993, responsable del programa institucional de auditoría, entidad pletórica de corrupción que actualmente se encuentra prácticamente en la quiebra, y ahora es el principal adalid contra la corrupción ¿paradoja no?

El Congreso aprobó la convocatoria de otro pugilista (perdón auditor) especial, requiriendo: contar con experiencia mínima de cinco años en el control, manejo y  fiscalización de recursos públicos; poseer título y cédula profesional en las carreras de contaduría pública, administración, economía o especialidad afín. En principio, haber trabajado en control y manejo de fondos públicos no garantiza que ni sepan cómo hacer una auditoría pública ni determinar cuáles son sus principales dificultades, quizá sí en la fiscalización pero cuántos en sus diversos puestos de control han pasado de noche. Además qué podrían saber un economista, administrador, incluso, un contador público aún certificado sobre los problemática de la auditoría pública. Dado que los contadores públicos que ingresan al órgano fiscalizador aprenden a través de tumbos y tropiezos y con la agravante que sus directivos también llegan para aprender no para enseñar. Y además todos atrapados en una Ley de Fiscalización y Reglamento que no aportan claridad para la actuación del auditor, si antes tenían dificultades para probar en los juzgados sus resultados, ahora ante hechos de corrupción complejos no existen directrices de cómo se probarán.  El problema de fondo es que la herramienta que posibilita la fiscalización se encuentra indefinida e imprecisa y es la causa de la crisis de la fiscalización.  A los prospectos para ocupar puestos de Auditor Superior y Auditores Especiales se les debería exigir un Proyecto sobre los retos y desafíos de la fiscalización en Michoacán, esto es, que atienda al contenido no a la forma. Pero no nos hagamos ilusiones, en las designaciones prevalecerán los cotos políticos.

Un gobierno eficaz desactiva las crisis que existen en toda administración pública, más cuando la  Fiscalización es la principal vía para fortalecer a las Instituciones; pero sí persiste el descontrol  financiero y si el Poder Ejecutivo y Legislativo no promueven una Fiscalización que demuestre en cada auditoría su imparcialidad y objetividad, no con palabras sino con hechos, persistirá el deterioro de la política, aún con los buenos deseos de la ética y la participación ciudadana, la corrupción no se probará y al contrario se fortalecerá la impunidad … y de vuelta a la crisis.

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