El 7 de marzo finalizó el plazo que comenzó el 13 de diciembre de 2024 para el envío por los interesados de comentarios y propuestas en el proceso de evaluación de las directivas de contratación de 2014 que impulsa la Comisión Europea.
Se pretende en este proceso: «La Comisión está iniciando la evaluación de tres actos legislativos que regulan la contratación pública en la UE («cómo comprar»): la Directivas 2014/23/UE (la Directiva sobre concesiones), 2014/24/UE (la Directiva sobre contratación pública) y 2014/25/UE (la Directiva sobre servicios públicos). La Comisión evaluará los resultados y los efectos de dichos actos en toda la UE, si estos siguen siendo adecuados para su finalidad, si cumplen sus objetivos previstos con el menor coste posible y si son apropiados para hacer frente a los retos actuales».
Al cumplirse la década de vigencia de las directivas de 2014 que han venido en llamarse de cuarta generación se publicaron ya comentarios y análisis como el del profesor Moreno Molina.
Se han recibido, nos dice la Comisión, 949 comentarios y propuestas de personas físicas, asociaciones empresariales, entidades públicas, etc. El 20,65% proceden de autoridades públicas. España ha enviado 45 comentarios, que representan el 4,74% del total recibidos. A la cabeza, Alemania de quien proceden 114, el 14,86% del total.
Se han publicado en sus respectivas página web en relación con este proceso, el informe emitido por el Observatorio de Contratación Pública, OBCP y por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, OIRESCON.
En el registro de los 949 envíos, figuran los correspondientes a, por ejemplo, la CEOE, la CEPYME, CEPES, la CNC, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, TECNIBERIA…ONCE-AECEMFO, el Foro de la Contratación Socialmente Responsable, Mensa Cívica…y entidades públicas, como la Generalitat de Catalunya, la Federación Canaria de Municipios o el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Cada aproximadamente diez años se abre un proceso de evaluación y nueva redacción de las directivas comunitarias. En el 2004 se aprobaron las directivas de segunda generación y en el 2014 las de tercera generación.
Una contradicción nuclear de las directivas comunitarias de contratación pública es que son instrumentos para garantizar la implementación del mercado único europeo y son, por tanto, opuestas a todo lo que sea «comprar nacional», primar de alguna forma la producción nacional de un Estado miembro o considerar el territorio como ámbito de ejecución del contrato público europea frente al espacio europeo.
«Es el mercado europeo, idiota», que diría aquél.
Este principio es reproducido y aumentado por los intérpretes que no dejan resquicio a cualquier interpretación flexible del susodicho dogma.
El mercado único europeo ciertamente no se configuró para proteger al frutero de la esquina, ni al taller de reparaciones de la localidad, ni al autónomo (falso o verdadero) que inicia una empresa y pretende abrir un local/almacén en una localidad determinada.
Siemens, Volkswagen, Basf, Bayer, Indra, FCC o Nestlé necesitan mercados amplios, como mínimo el mercado europeo, aunque se les queda corto y ya compiten en el mercado global si bien distribuyen sus áreas empresariales buscando reducción de costes: así la manufactura se desplazó a países asiáticos convirtiendo a China en la fábrica global, África y América latina en suministradores de materias primas…
Pero la economía no es estática. Quien se convierte en fábrica mundial «por encargo» de las empresas multinacionales, se introduce en los mercados de origen con tecnología de primer nivel y precios competitivos.
La defensa frente a estos fenómenos tiene varias manifestaciones: imposición de aranceles y destacar que esos productos provenientes de países emergentes se han producido en condiciones sociales y ambientales negativas mientras que la marca CEE conlleva protección social y medioambiental.
La información al servicio de la causa europea ya se encarga de propagar la idea que todo lo proveniente de China o Corea o India se ha producido sin respeto al medioambiente y con explotación juvenil. Filtrar lo cierto de lo propagandístico no es fácil, si la fuente de información procede de “Occidente” antes centro del mundo y administrador de colonias.
Los clichés y frases hechas son reproducidos en los medios de comunicación (gracias a periodistas indocumentados y/o bien pagados) y los planes de estudios, de forma que nuestros jóvenes juristas ( y los mayores) reproducen las verdades reveladas y se inflaman prohibiendo en sus informes jurídicos de control de la contratación pública la introducción del territorio cercano, de la localidad, como elemento positivo a considerar en la selección de la mejor oferta y la ejecución del contrato público. Se acude al principio de igualdad de trato para impedir que un contrato de obras de un ayuntamiento pueda considerar como factor selectivo positivo para la elección de la mejor oferta el número de trabajadores inscritos en la oficina de empleo de la localidad cuando las grandes y medianas constructoras realmente no verán lesionados sus intereses económicos por la introducción de discriminación positiva para igualar lo que es desigual.
Es una interpretación dogmática que ni siquiera el mandatario europeo pretende en la acepción inquisitorial que adquiere en los Estados miembros, temerosos de recibir una reprimenda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La vía abierta para la redacción de nuevas directivas es una nueva oportunidad para flexibilizar el concepto de «mercado único» y de prohibición de mercado nacional.
Los dogmas pierden su inmutabilidad cuando el viento gira de sentido. Vivimos una revisión en los planes de actividad de los bloques económicos mundiales.
Europa quiere reforzar su producción en el espacio territorial europeo blindándose ante la eventual entrada de productos foráneos y el bloque EEUU se ve precisado al menos transitoriamente a fortalecer la industria nacional. La contratación conjunta europea en el ámbito de la defensa y la sanidad (especialmente medicamentos) son claros ejemplos.
Pero, ¿quién se acuerda de nuestro taller de reparaciones, de nuestro empresario «autónomo, de la cooperativa social», de nuestra España vaciada?.
Las directivas europeas de contratación debieran habilitar que la contratación infra-comunitaria de los Estados miembros, la que tiene unos umbrales económicos inferiores a los establecidos en las normas europeas para definir el ámbito de contratación pública europea, quede liberada de las restricciones que conllevan una interpretación rígida y asocial del principio de igualdad de trato y prohibición de «compra nacional».
Las normas públicas de contratación pública de los Estados miembros cuyos umbrales fueran inferiores a los correspondientes al espacio económico europeo, han de poder primar, respetando el principio de proporcionalidad y publicidad, han de poder favorecer, que la oferta presentada y la ejecución del contrato potencien la actividad económica de un ámbito territorial determinado que pueda demostrar (lo que no es tarea difícil, en los países europeos mediterráneos) que sus índices de paro, de población, de actividad económica…son inferiores a ratios de progreso y felicidad.
En EE. UU., la compra pública federal prima a empresas cuyas dirigentes sean mujeres o a las PYMES. En Europa las grandes empresas han impuesto un espacio económico que no tolera las quiebras por compra nacional.
La España vaciada necesita de todos los resortes para salir del ostracismo. Desde luego, las infraestructuras de comunicación son claves…pero una ayudita también puede venir de la contratación pública “territorial”, que prima al empresario local o al inversor que quiere promover la economía y las condiciones sociales justas de un ámbito territorial local.
Hay que forzar esta interpretación jurídica de la contratación pública que permita la combinación del espacio europeo con lo local y territorial porque no son ámbitos excluyentes ni que uno deba verse dominado por el otro. Debe favorecerse la interpretación y la aplicación de las normas que favorezca la reconstrucción no solo geoestratégica de Europa sino también, por ejemplo, de la España vaciada.
Hay que animar a los juristas (y otros agentes de control), también a los dirigentes públicos, que salgan del cliché que aprendieron en una lección de la oposición para letrado/a o funcionario/a, sobre el origen de la CEE en el Tratado del Carbón y del Acero y que memorizaron los nombres de Schuman y Monnet y comprendan que ese espacio económico no es contradictorio con potenciar el desarrollo económico de lo local a partir de industrias, entidades sociales, pequeñas empresas….locales, en aras de reducir el paro, poblar el territorio y crear condiciones sociales de vida justas y felices.
Falta crear un lobi sobre esta cuestión. Desde luego no parece que el lobi pueda surgir a partir de las opiniones emitidas y registradas desde España en el proceso de evaluación de las directivas.
