La actualidad manda y los problemas de gobernabilidad en las instituciones son evidentes. Convengamos en que democracia no es simplemente participar votando y que alguien gane unas elecciones, o no. O ganarlas y pactar, haciendo caso omiso a las promesas electorales previas que negaban “ene” número de veces las afirmaciones y tan sólo dos días después de la celebración de elecciones olvida esas promesas para que se le «permita gobernar»: gobernar a costa de lo que sea, hacer todo lo posible para poder seguir sentado en una silla cueste lo que cueste, tomando acuerdos y pactando espuriamente, acuerdos que ayer se prometían imposibles y hoy son magníficos por necesarios y que pasan por saltarse a la torera los principios básicos aunque se prometiera que nunca se sobrepasarían ciertas líneas rojas. O no existen las líneas rojas o se cambian por otras alegremente como diría el marxista Groucho. Y a pesar de todo se permite este estado de cosas y se provoca la desintegración de las instituciones. Ahora no hay ya líneas rojas, estamos ante una oligocracia que cree que el que sale ganando lo puede todo y negocia cada ley a costa de ceder para que alguien pueda recibir beneficios y prebendas generadoras de desigualdades evidentes. Se olvida que el fundamento de la democracia es la práctica de una actitud que presupone estar abiertos al diálogo e incluso llegar a creer que otro, que no es de tu partido pueda tener razón. Y, ante todo, no engañar al electorado; hay que saber retirarse a tiempo.
Hoy por hoy, la práctica de esa actitud es, hoy por hoy, impensable. Y gobernar con hipotecas tan gravosas es vivir chantajeado; todos estamos de acuerdo con que las hipotecas hay que amortizaras cuanto antes.
Por ello creo que es preciso que se empiece a hablar ya de establecer un sistema electoral que favorezca la creación de mayorías. Y, por supuesto, la necesidad de descolonizar las instituciones, haciendo que éstas sean libres y puedan ejercitar sus funciones de forma independiente.
A propósito de la forma de reclutar a nuestros representantes establezcamos algunas reflexiones:
1. Es extraño lo poco que se habla de la necesidad, urgente y perentoria, de establecer un cambio en el sistema electoral en España. Vivir prisionero y/o chantajeado por alguien es tan humillante que la situación no puede llevarnos sino al desastre. Es el caso de un niño que llora, patalea y chantajea hasta que se le da el caramelo. Llevamos siete años de secuestro, siete años sin gobierno. Siete años con tan solo tres presupuestos aprobados (en cualquier democracia occidental si un gobierno no consigue aprobar el presupuesto un año, convoca automáticamente elecciones, pero aquí no, volvemos a aquello de Spain is different). Son obvias las causas. La necesidad de contar con los votos de nacionalistas del noreste y nacionalistas del norte tanto de izquierda como de derecha, minorías al fin, lleva al gobierno a hacer piruetas, contorsiones y concesiones continuas de cualquier cosa que haga falta, siempre en beneficio de dos territorios, con la estúpida falacia argumentativa de que más autogobierno conduce a más democracia y más desarrollo social y económico. Y que hay que tratar bien al niño para que quiera al padre. Falsedad de toda falsedad.
No se comprende cómo no se establece como prioritario por los dos partidos mayoritarios -solo ellos dos conjunta y consensuadamente pueden hacerlo- un cambio de sistema electoral que permita disponer de una gobernabilidad normal en un país democrático normal. Todo, probablemente, porque somos esclavos de la historia, como es natural. Lo que no empece para que afrontemos ya de una vez por todas cambios que, desde mi punto de vista, me parecen imprescindibles si no queremos vernos abocados a la práctica desaparición del Estado. De hecho, y también desde mi humilde opinión, en algunos territorios, no existe ya prácticamente Estado (¿qué más se puede transferir…?). Hace tiempo que hemos entrado en nuestro particular Bosque Aokigahara, conocido por ser el lugar en el que cada año decenas de personas se quitan la vida en Japón. Y retorcer las palabras para justificar cosas injustificables es un ejercicio de kamikazismo, dar por buenas opiniones como que España es una nación de naciones, que España como nación es un concepto discutido y discutible, que más autogobierno equivale a más democracia, mejor atención social y mayor desarrollo económico. Esto es un desatino absoluto. Un presidente necesitado de apoyos dijo aquello de que el Congreso aprobará íntegramente, sin mayores cuestionamientos, aquello que se proponga desde la Generalidad catalana (https://www.ara.cat/videos/apoyare-estatuto-zapatero-suport-promesa_8_3928047.html= o https://elpais.com/diario/2003/11/14/espana/1068764421_850215.html). Si ya había degenerado bastante para entonces todo, fue la puntilla para generar más y más problemas, al rechazar el TC (entonces aún era casi independiente) gran parte de aquello, lo que provocó la ira furibunda de los sectores nacionalistas que atizaron el fuego de la separación (Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006. Interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-11409)
Otros, antes, decían que hablaban catalán en la intimidad.
2. Estos días pasados, casi como notita suelta de algún periódico, quizás porque los escándalos continuos han impedido darle más notoriedad, se ha informado que España es único país, entre los 27 de la UE, que no ratifica el acuerdo de poner un umbral mínimo para entrar en el Parlamento Europeo (el 2%). A estas alturas, se impide con ello que se pueda aplicar al menos hasta las próximas elecciones de 2029 pero con margen para no tener que hacerlo hasta 2034. Así se informa en https://www.europapress.es/nacional/noticia-espana-unico-pais-ue-no-ratifica-acuerdo-poner-umbral-minimo-entrar-parlamento-europeo-20240608102856.html Obviamente esto nos va a suponer asumir sanciones económicas que pagamos todos. Qué más da si el dinero no es de nadie.
