Leo con cierto estupor los programas electorales ante las elecciones autonómicas en Aragón, que es donde vivo. Y eso porque me gusta, al margen de los discursos maximalistas que hacen los líderes en campaña, evaluar cómo dicen los partidos que a resolver los problemas. Una vez hecho esto, trato de calificar las propuestas otorgando un valor numérico con lo que más se aproxime a lo que pienso lo que finalmente me permitirá depositar el voto con un criterio sensato. Digo leer los programas, aunque no es exactamente así. Leo los que se pueden leer, porque lo primero que he observado es que algunos partidos no publican sus programas (o, si lo hacen, lo tienen verdaderamente escondidos en la profundidad de la red), por lo que, si alguien quiere decantarse por uno de ellos tendrá que hacerlo aplicando los de otros años o aplicando meramente la intuición. Esto es deplorable y una falta de respeto hacia los electores.
La segunda consideración es que ciertamente los partidos proponen y proponen, pero si alcanzan el poder finalmente, no hay garantías de que vayan a respetar ese contrato electoral que supone otorgar la confianza mediante el voto. Si después no cumplen, cosa muy frecuente, no pasa nada. No existen mecanismos de control salvo el posible castigo en las siguientes elecciones. (Véase la entrada en este blog de 2007 https://www.administracionpublica.com/contrato-electoral/ )
La tercera consideración es recordar la descalificación mutua que todos hacen mediante la aplicación de etiquetas, lo que impide todo debate. Si alguien se decanta abiertamente por una opción, inmediatamente los otros partidos aplican etiquetas para descalificar. Si se descalifica a alguien, se mantiene la idea de que nada de lo que diga o proponga puede ser válido, es decir, no se entrará a debatir el contenido de ideas y propuestas, puesto que, al haber sido etiquetado, todo lo que diga o haga el partido equis descalificado carece de valor alguno.
La cuarta consideración de urgencia es poner de manifiesto la desafección ciudadana. En el fondo, muchas personas votan a una determinada formación política al descarte, porque consideran peores al resto. Los partidos se dan cuenta de eso, quizás por ello incluso se ahorran publicar programas. Si no hay programa, será más difícil que haya reproches posteriores. En definitiva, los partidos, en el actual estado de cosas, tienen credibilidad cero, lo cual es grave para un sistema democrático. Esto lleva sin duda a que muchas personas practiquen el ejercicio de la abstención.
La quinta consideración es que nadie habla de financiación de servicios y políticas. Para los partidos, el estado, concretado en todos los niveles de administraciones públicas, es un saco sin fondo. Nadie dice cómo se van a financiar las nuevas medidas que se proponen así que es fácil plantear el gratis total en multitud de cosas. Nos engañan conscientemente. Porque, en cualquier caso, es de suponer que todos piensan que habrá para todos, y si no, se tirará de deuda pública. Cuando a los ayuntamientos les está vedado endeudarse más allá de algunos límites, al resto de administraciones les da lo mismo. Tierra quemada, o, dicho de una forma más llana, el que venga detrás que arree, con una tácita invocación al Dios proveerá que decían nuestros mayores cuando no había solución para un problema. La ingenua premisa es que dentro equis años, habremos crecido económicamente lo suficiente como para poder devolver la deuda. Este es el país de las mil maravillas, hasta que lleguen -sin querer ser agorero, siempre llegan-, las vacas flacas.
Mientras tanto, los ciudadanos que desean votar y quieren sinceramente que su comunidad prospere, que mejoren servicios, que haya ayudas a personas mayores, que no se despilfarre, que haya transparencia y que los impuestos sean los necesarios y que se usen bien, están abocados a, simplemente, cruzar los dedos y confiar en la Providencia.
