Hace algunos meses, Enrique Dans publicaba una reflexión lúcida y a la vez inquietante bajo el título «Inteligencia artificial y consultoría: espera a que llegue el final del tobogán». En ella, utiliza la metáfora de un tobogán para describir el momento vertiginoso que atraviesa el sector de la consultoría y el trabajo del conocimiento en general. La premisa es devastadora por su simplicidad: la inteligencia artificial generativa está reduciendo el coste marginal de producir contenido, código y análisis a prácticamente cero. Si el valor de tu trabajo residía en «producir entregables», estás en un tobogán empinado y lleno de jabón, deslizándote hacia la irrelevancia económica.
La diferencia fundamental es que la Administración no compite por cuota de mercado ni factura por horas, sino que gestiona el monopolio de la autoridad y consume recursos públicos para generar valor social. Sin embargo, la irrupción de la IA generativa plantea un desafío existencial a nuestra maquinaria burocrática, diseñada en el siglo XIX y digitalizada (a duras penas) en el XX.
¿Qué ocurre cuando la IA impacta en el sector público?
¿Qué nos espera al final del tobogán?
Efectivamente, la transformación que está produciendo la inteligencia artificial en el sector público puede compararse con un descenso pronunciado por un tobogán: durante la bajada, todo ocurre con rapidez, genera vértigo y provoca una sensación de pérdida de control. Solo al alcanzar el final aparece la posibilidad de comprender qué ha ocurrido y de reorganizar el propio equilibrio. La Administración pública se encuentra precisamente en ese tramo intermedio, en plena aceleración, antes de disponer de una visión completa del impacto estructural que la inteligencia artificial está generando en sus instituciones.
La llegada masiva de capacidades de IA ha alterado de manera significativa las dinámicas operativas, organizativas y estratégicas de los gobiernos. La velocidad de desarrollo, la multiplicación de casos de uso, la disponibilidad de herramientas accesibles y la presión ciudadana para prestar servicios más eficientes han configurado un escenario en el que las Administraciones ya no pueden adoptar una postura experta únicamente desde la observación. La IA ha dejado de ser un campo experimental para convertirse en un elemento estructural que redefine procesos, expectativas y responsabilidades.
Uno de los principales efectos de esta irrupción es la reconfiguración de la relación entre la Administración y la ciudadanía. Las personas usuarias esperan interacciones más rápidas, personalizadas y simples, fruto de la comparación con otros sectores que ya han incorporado la IA de forma intensiva. Esto obliga a las instituciones públicas a revisar sus modelos de atención, sus tiempos de respuesta y la coherencia interna de sus procedimientos. La automatización de tareas repetitivas, la asistencia conversacional y los algoritmos de priorización de expedientes son ejemplos de tecnologías que abren paso a una Administración más cercana y eficiente, pero también plantean interrogantes sobre la transparencia y el control de estas decisiones.
Otro efecto significativo se observa en el marco de capacidades institucionales. La Administración pública está acostumbrada a gestionar cambios normativos, tecnológicos y sociales a través de procesos planificados. Sin embargo, el ritmo de la IA obliga a impulsar transformaciones más rápidas, que afectan a la capacitación del personal, a la forma de organizar los equipos y a la cultura interna de las organizaciones. La introducción de sistemas inteligentes no se limita a instalar herramientas: exige comprender su funcionamiento, evaluar riesgos, establecer criterios de uso responsable y reorganizar tareas para aprovechar su potencial sin mermar garantías.
En este contexto surge un desafío central: la necesidad de mantener la coherencia entre innovación y seguridad jurídica. Los ordenamientos públicos están diseñados para ofrecer previsibilidad, y el despliegue de la IA convive con normas que, en muchos casos, no estaban pensadas para entornos automatizados. La normativa europea y nacional ofrece un marco progresivamente más claro, especialmente con la entrada en vigencia del Reglamento europeo de IA, pero las Administraciones deben adaptarse a nuevas obligaciones, como la evaluación de riesgos, la supervisión humana, la trazabilidad de los algoritmos o la documentación técnica. Todo ello implica una revisión profunda de procedimientos y responsabilidades.
La irrupción de la IA también está modificando de forma sustancial el mercado de servicios públicos y las relaciones con proveedores. La Administración ha dependido históricamente de consultoras y empresas tecnológicas para desarrollar soluciones específicas a necesidades concretas. Sin embargo, los modelos de IA generativa permiten a las Administraciones realizar tareas que antes requerían intermediación especializada. Esto no elimina la necesidad de proveedores, pero transforma su papel: ya no se trata únicamente de desarrollar soluciones a medida, sino de ayudar a integrar herramientas transversales, gestionar datos, acompañar la implantación responsable y reforzar la gobernanza tecnológica. Esta transición exige una mayor madurez institucional y un rediseño de los marcos de contratación para incorporar flexibilidad, actualización continua y criterios éticos.
Al mismo tiempo, la inteligencia artificial acelera la transformación de los perfiles profesionales dentro del sector público. La demanda de personal con capacidades analíticas, conocimientos de ciencia de datos, comprensión de algoritmos y competencias en ética digital aumenta de forma exponencial. La formación continua se convierte en un elemento esencial para garantizar que cada unidad administrativa pueda operar con solvencia en entornos automatizados. Pero esta transición no afecta solo a perfiles técnicos: todo el personal, independientemente de su función, debe entender cómo funcionan estas tecnologías y cómo influyen en su trabajo diario. La alfabetización digital avanzada, que antes era un valor añadido, se ha convertido en un requisito básico.
Un efecto adicional, menos visible pero estratégico, es la evolución de la toma de decisiones. La Administración pública se ha guiado tradicionalmente por procedimientos reglados, informes técnicos y deliberación colegiada. La IA introduces nuevas formas de procesar información, sintetizar evidencias y anticipar escenarios. La capacidad de generar análisis en tiempo real reconfigura la manera en que se formulan políticas, se planifican recursos y se evalúan resultados. No obstante, esta capacidad debe integrarse con responsabilidad, garantizando que las decisiones públicas sigan basándose en criterios jurídicos, éticos y democráticos, y no exclusivamente en recomendaciones algorítmicas.
Otro ámbito especialmente relevante es el impacto en la equidad. La Administración tiene la obligación de ofrecer servicios universales, accesibles y no discriminatorios. La IA puede contribuir a mejorar esta misión mediante la personalización, la detección temprana de necesidades sociales o la asignación eficiente de recursos. Pero también puede generar sesgos, exclusiones involuntarias o desigualdades en el acceso a la tecnología. La supervisión humana, la evaluación del impacto algorítmico y la trazabilidad de los sistemas son herramientas esenciales para asegurar que la implantación de IA respete los principios de equidad y justicia administrativa.
Todo ello configura un escenario en el que conviven oportunidad y complejidad. Las Administraciones están avanzando a gran velocidad en la incorporación de IA, pero el ritmo del cambio supera a veces su capacidad de planificación. Esto obliga a mantener una visión estratégica que combine innovación, ética y seguridad jurídica. A medida que se avanza en el «tobogán» tecnológico, es necesario reforzar la gobernanza, impulsar la formación, revisar los marcos normativos y fomentar la colaboración entre niveles de gobierno. Solo así podrá alcanzarse el final del recorrido con estabilidad, claridad y capacidad de actuación.
El punto crítico llegará cuando la Administración logre integrar la IA de forma coherente en su funcionamiento ordinario, con criterios claros, procesos revisados y personal preparado. Ese será el verdadero final del tobogán: el momento en que la tecnología deje de ser una novedad disruptiva para convertirse en una infraestructura administrativa más, capaz de mejorar los servicios públicos, reforzar la transparencia y adaptarse a las expectativas de una ciudadanía cada vez más digital.
