¿Dónde está el límite de la cantidad de servicios públicos que la administración debe prestar a los ciudadanos, o quizás no hay límites? Lo he debatido con amigos y compañeros, pero casi nunca llegamos a un acuerdo. Todos reclamamos ayuda de las administraciones públicas para subvenir a nuestras necesidades, estamos en una sociedad quizás demasiado intervencionista. Es curioso que nadie se pregunta sobre el gasto que es necesario hacer desde lo público.
No se pretende con estas reflexiones hacer un estudio jurídico a fondo, sino plantear, a nivel de ideas, dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y si es conveniente y aceptable seguir por el camino que llevamos, o quizás habría que cambiar alguna cosa. Porque inicialmente el estado, como organización, nace por la necesidad acordada de que el ciudadano acepta y desea ser defendido de agresiones externas y para establecer y hacer respetar unas mínimas normas de convivencia. Aunque denostado por la posmodernidad, se parte de un contrato social (Rousseau) mediante el cual el ciudadano aporta al fisco y obedece las normas, a cambio de recibir la protección ante posibles agresiones externas (Hobbes). Para ello se delega en el Estado (hablamos de Estado en sentido amplio) la protección frente a agresiones y éste ejerce el uso de la fuerza o lo que es lo mismo, asume el monopolio de la violencia, de tal modo que se atribuye la legitimidad del mismo. A cambio, el súbdito o ciudadano defendido contribuye con una parte de sus ingresos al fisco, que subviene los gastos que esa protección supone. Esto es lo básico.
Es obvio sin embargo que a medida que la sociedad se vuelve más compleja se reconduce la actividad del Estado hacia más y más aspectos que se considera que deben protegerse. El listado, en este momento, ya es infinito. Y no hay que negar que, en gran medida, se han alcanzado altas metas sociales por cuanto el Estado es un ente, ante todo, protector, no sólo ya frente a agresiones externas, sino frente a cualquier desgracia que los ciudadanos puedan sufrir. Estas adversidades, naturales en las vidas humanas, se atienden mediante el sistema de solidaridad colectiva que el Estado moderno ha instaurado y que financia a través de los impuestos de todos y deuda que quién sabe si nuestros nietos podrán pagar.
El debate filosófico-político, por lo que ahora nos interesa, se centra pues en saber cuáles puedan y deban ser los límites de la acción del Estado, entendiendo éste en sentido amplio, es decir, el alcance y también los límites de acción de las administraciones públicas. Actividad de policía, servicio público y fomento, según a clásica distinción de las formas de acción de la administración. Este es un debate serio sobre el que muy raramente, se entra, probablemente porque el día a día político posterga sine die la discusión de fondo de cuestiones básicas, sin embargo, fundamentales. Todo se da por supuesto, si por lo que sea alguien se cae en la calle, verbigracia, enseguida se piensa que puede que haya una baldosa que resalte dos centímetros, puede que haya un objeto con el que se tropieza que no debería estar ahí, puede que haya llovido y la acera esté resbaladiza. O esa persona que atraviesa sin mirar haciendo jogging un paso de cebra con unos cascos a todo volumen sin que el conductor pueda siquiera ver que viene porque tapan la visión unos contenedores de reciclaje mal colocados. Siempre habrá un alguien responsable, que no el que se cae o el que es atropellado «en uso de sus derechos».
Así, llegamos —hemos hecho especial mención a este aspecto en otras aportaciones a este Blog— a un estado abrumadoramente intervencionista, arrolladoramente, por decirlo de una forma coloquial, metomentodo que al tiempo se hiperresponsabiliza. El binomio libertad-seguridad, poco a poco, se va decantando sin freno hacia la seguridad, decayendo la libertad, aunque se nos quiera hacer penar que somos cada vez más libres. Ésta no es una mera digresión, es una reflexión acerca de hasta dónde se deba llegar en la acción pública. El metomentodismo público se traduce en una normativización de la vida ciudadana que llega a extremos insospechados.
Es curioso, las IA ahora empiezan a serlo todo, es asombroso por no decir, brutal, la capacidad de recopilación de datos y análisis. Pues bien, como mero divertimento, se me ha ocurrido interrogar a tres de ellas acerca del número de normas reglamentarias que se han aprobado en España (¿o debo decir en este país?) en los últimos diez años. Y ninguna de ellas han sido capaces de dar una respuesta. ¡Las administraciones han vencido a la IA! Josef K. quizás se consolase. Nadie sabe el número de normas reglamentarias que se aprueban. Si concreto la pregunta a Aragón, mi comunidad, tampoco se atreve, pensaba que tampoco sería tan difícil.
Una de las IA, sí que contesta algo que se aleja un poco de lo preguntado, una estimación en este sentido:
En España, entre 1995 y 2020, se aprobaron un total de 300,769 normas, de las cuales 219,903 fueron autonómicas. La producción de normas ha aumentado considerablemente, con un promedio de 70 normas mensuales en 2022 que se elevó a 113 normas por mes hábil en 2023.
Más detalles:
- Aprobación de normas: Se aprobaron 300,769 normas entre 1995 y 2020 en España, con una gran parte (219,903) de origen autonómico.
- Producción de normas: En 2022 se produjeron 1.329.865 páginas de normas, un 22% más que el año anterior.
- Normas por mes: El promedio de normas aprobadas por mes pasó de 70 en 2022 a 113 en 2023.
- Normas autonómicas: En 2023, las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas fueron 291.
- Normas de la UE: En 2021, la Unión Europea adoptó 2.176 actos jurídicos, incluyendo 1.005 reglamentos, 29 directivas y 1.142 decisiones.
Estamos hiperprotegidos, todo está regulado. En consecuencia, el ciudadano, casi, se desentiende de sí mismo creándose por otra parte un gran margen de confusión. El individuo se hace, en cierto modo, irresponsable. Si le ocurre algo dañino, seguro que siempre hay alguien que debería haber hecho algo o que ha hecho mal.
Para terminar esta breve reflexión, otro aspecto a preguntarse, que será objeto de comentario en otra ocasión, es el problema competencial en este Estado complejo. ¿En qué aspectos interviene cada una de las administraciones de esta organización, abstrusa en sí misma? O lo que es lo mismo, como apuntábamos en el posta anterior, quién tiene que hacer qué, cuándo. Hay que tener en cuenta la pluralidad de administraciones: estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, comarcas, mancomunidades, y, además, multitud de organismos autónomos y empresas públicas, que no dejan de ser entes instrumentales de cada una de ellas.
Hecha esta premisa, deberemos preguntarnos acerca de:
- La delimitación o atribución de competencias
- La sostenibilidad del sistema.
- La libertad individual y por supuesto, la responsabilidad individual
Pero esas cuestiones deberemos tratarlas en otro momento.
