¿Riesgos reputacionales o de depresión?

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¿Riesgos reputacionales o de depresión?

Excelente artículo el del Profesor Sosa Wagner que publica el blog, al que me adhiero plenamente. Especialmente me gustaría, brevemente y hablando de buen gobierno, hacer mención, abundando en lo dicho en el artículo, lo siguiente:

– Completamente de acuerdo en la necesidad de cambiar el sistema electoral, o bien a doble vuelta o bien un sistema mayoritario, en cualquier caso un sistema que haga gobernables los Ayuntamientos. El tema da para un debate largo y profundo y debe pasar por un gran pacto de Estado PSOE-PP suponiendo, lo que es mucho suponer, que ambos actuasen generosamente y sin intereses electorales. Y ese sistema no solo para Ayuntamientos sino para Autonomías y Estado. Se puede ser democrático facilitando la gobernabilidad de las instituciones.

– Absolutamente necesario procurar una financiación definitiva y suficiente de las haciendas locales que evitará tentaciones con respecto a operaciones del ladrillo. Eso pasa por la definición previa de un sistema competencial concreto y algo más cerrado que ahora (art. 2, art. 25 de la Ley de Bases).

– Eliminación de los sistemas de libre designación para FHE. No puede ser un funcionario de confianza quien tiene que controlar al que le nombra. Es absurdo. Y no estoy de acuerdo con que los FHE realicen funciones directivas; hacen funciones de asesoramiento legal y de dación de fe pública así como de fiscalización económica. Son funciones esenciales, muy importantes, pero no directivas. La lealtad al cumplimiento del poder electo y al mismo tiempo al cumplimiento de la ley (mantenimiento de criterios de neutralidad desde lo profesional) es la razón de ser de la independencia del funcionario y de su estabilidad en el empleo.

Esas encuestas de no se sabe muy bien qué asociaciones no provocan más que una sonrisa. Seguramente es un medio de llenar papel, y como dicen por ahí “el que no tiene que hacer con el cu…. mata moscas…” Estos iluminados, antes de dedicarse a pontificar sobre valores, principios, eficiencia, liderazgo y cosas así, deberían –si se trata de habilitados- trabajar un año llevando, completamente solo, cinco pueblos en la provincia de Teruel, Guadalajara o Soria con un total de quinientos habitantes entre todos. Háblenles a estos funcionarios de criterios de selección, de sistemas gerenciales, de códigos de buenas prácticas o códigos éticos, diseños u aplicación de códigos de comportamiento, códigos de conducta, imagen de la organización y esas otras cosas. No sé qué dirían, yo no me atrevería a preguntar porque no corro lo suficiente.

 ¿Riesgo reputacional? Más bien riesgo de depresión, de accidente de tráfico y de desesperanza. Sobre esto parece que no hay encuestas. Por cierto, en estas encuestas nunca se sabe muy bien a quiénes preguntan. A mí nunca lo han hecho.

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Ignacio Pérez Sarrión es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en el año 1980 y Funcionario con Habilitación de carácter Estatal, perteneciente a las subescales de Secretaría-Intervención y Secretaría de Categoría Superior. Actualmente ejerce en el Ayuntamiento de Torres de Berrellén (Zaragoza).

1 Comentario

  1. Si se actúa como FHE, creo que no pueden tener funciones directivas. Otra cosa es que, dada la capacidad profesional de un FHE, se le pueda proponer un cargo directivo de confianza. La diferenciación de ámbitos debería ser muy clara, pero eso acarrea el peligro de que todo aquél FHE que quiera acceder a un puesto de confianza deberá mostrar con signos evidentes su voluntad al político de turno: que está dispuesto a venderse. Una posible solución sería que los puestos de gerencia municipal fueran cubiertos por FHE (creo que las 3 subescalas son perfectamente capaces) por concurso, así como los servicios juridicos de ayuntamientos grandes (una demanda histórica, por lo menos aquí en Catalunya). Si se trata de prestar un servicio público conforme a la ley, un director de servicios jurídicos elegido por confianza está en claro fuera de juego: Un Ayuntamiento no basa sus actuaciones conforme a su interés, sinó conforme al interés general, por lo que un cargo de confianza deriva inevitablemente en la institucionalización de justicia adversarial (Ayuntamiento versus X), de la que creo debe huir toda la Administración Pública en la medida que sea posible. El concepto justicia neutra debería imperar.

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