Como verán ustedes, a lo largo y ancho de este sucinto artículo de opinión, evitaré en cualquiera de los párrafos literarios su justificación en cumplimiento con normas legales o sentencias jurídicas, que amparen reglamentariamente determinadas decisiones políticas en la elección del personal de confianza – asesores – , decisiones a todas luces del entendimiento carentes de objetividad racional funcionarial y basadas en ocasiones, la inmensa mayoría, en una falsa dación de discrecionalidad técnica.
Por tanto, salvo las interpelaciones políticas en sede parlamentaria, la denuncia en los medios de comunicación y redes sociales y el derecho al “pataleo” con caceroladas o no, la clase política desde tiempo atrás ha cogido como costumbre a reflejar en los diarios oficiales simples normas legales para que puedan acogerse ante una demanda en el orden jurisdiccional correspondiente, ya que los recursos en el ámbito administrativo es una pérdida de tiempo. A esto, no podemos dejar de mostrar, que a pesar de que no cabe la menor duda, el daño moral y ético que se le está haciendo a los Cuerpos de Funcionarios de Carrera para que puedan ejercer sus funciones genéricas y tareas específicas con total normalidad.
Esta habitualidad a la que se han acostumbrado en virtud de la investida autoridad, está trayendo de forma mediata un mal mayor en la gestión pública, que caerá de seguir así, como un rayo de forma despiadada sobre el propio Estado de Derecho, democrático y social, al estar viciados sus órganos unipersonales o colegiados ante la injerencia de gentes ajenas a los sentires democráticos que deben de predominar en los dirigentes a la hora de llevar a puro y debido efecto determinadas decisiones o actos administrativos.
Si voy a hacer referencia a un pasaje literario de la obra “Anna Karenina” de León Tolstoi, que viene a ilustrar de forma fehaciente, notoria y pública, la seudo queja manifestada en estas próximas líneas:
…/…. ¿Pero, para qué? – y Vronsky nombró a algunos que ejercían autoridad-. ¿Acaso esos no son independientes? – No lo son porque, desde su nacimiento, no tienen ni han tenido una situación independiente. No nacieron en la proximidad a las alturas en que hemos nacido tú y yo. A ellos se les puede comprar con dinero o con halagos. Y, para poder sostenerse, tienen que inventar la necesidad de una doctrina, desarrollar un programa o un pensamiento en el que no creen y que es pernicioso. Pero para ellos sus doctrinas son el modo de gozar de un sueldo de una residencia oficial. Cela n´est pas plus malin que ça (Eso no es tan difícil como parece), cuando ves su juego. Quizá yo sea más tonto y peor que ellos, aunque no veo por qué lo voy a ser. Pero tú y yo tenemos una ventaja muy importante: que a nosotros es más difícil comprarnos. Y gente así es más necesaria que nunca. …./….
Cuando la macro y la micro economía marchan de forma cómoda para los intereses de la sociedad civil, determinados hechos políticos pasan o pueden pasar inadvertidos para la opinión pública, sea por qué no les interesa o porque no quieren enojarse ante el elevado despotismo nada ilustrado de los gestores públicos en la gobernanza, y que cualquier relativista actuación la justifican con palabrería hueca hasta que el acoso mediático no les permite más impertinencias políticas al uso de una errónea costumbre y mal interpretado derecho consuetudinario.
Pero llevamos unos días, que no teníamos bastantes tribulaciones políticas tras meses de confinamiento por motivos sanitarios con limitaciones de nuestros derechos constitucionales, para que se aprovechan estos momentos de grave crisis socio-económica para nombrar a personajes, que han pasado por la política y están en el rescoldo de las tibiezas de su casa por no tener ni oficio ni beneficio u otros por ambición curricular dar el salto cuantitativo a altos cargos en empresas privadas con participación pública u otros organismo o entidades de carácter público.
En cada periodo electoral vemos pronunciar en actos de afirmación nacional o mítines, a unos y otros, y a los de más allá, que las “puertas giratorias” se van a terminar, que toda contratación o nombramiento de personal al servicio del Sector Público estará basado en los principios de publicidad y concurrencia, así como, del cumplimiento con escrupulosidad en la gobernanza en los siempre democráticos valores de acceso a la Función Pública: igualdad, mérito y capacidad.
Pues, bien, nada de nada, todo político que no ha tenido la suerte de volver a obtener cargo público electo por los motivos que haya sido o tenga suficiente presión política o amistad personal, se le abre la llamada “puerta giratoria” para llevarle a su cuenta corriente un salario o retribución en cuantía elevada más cercana a algunos de los intervinientes en programas televisivos de ocio frívolo nada productivo.
No teníamos bastante con las libres designaciones “a dedo” o “alegales” y concursos de provisión de puestos en “blanco y en botella”, que solo nos quedaba que la asimétrica y plurinacional política actual en este quijotesco y sanchista país, pasase de ser un uso excepcional en lo habitual y sin conciencia de remordimiento pecaminoso, cercenando y mermando con ello, la gestión de los servidores públicos con la entrada de un “comisariado político”, que instará al staff funcionarial de carrera a actuar en cada momento conforme a los intereses ideológicos en concordancia con el marketing de las urnas de los gobernantes.
¡No llevamos buen camino! El nombramiento de ciento de asesores para puestos cualificados, que no hayan tenido el primer filtro de unas oposiciones libres de acceso a la Función Pública y lo peor de todo, que no tengan más mérito en su haber que el haber ostentado un cargo público. Sí el Sector Pública se va nutriendo en los próximos años de empleados cuasi públicos, que no habiendo superado ni una mínima prueba de capacitación sobre habilidades profesionales y capacidades académicas, son nombrados altos cargos mediante decreto, a los que, incluso, no se les podrá exigir responsabilidades por una mala praxis profesional durante su ejercicio por no ser evaluable el desempeño de su empleo público, el ocaso en la actuación reglada de la Administración Pública dará al traste al convertirse en una entelequia cualquier acto administrativo.
Una democracia basada en la constitucional Justicia Social no puede hacer uso de prerrogativas y privilegios, por muy legales y legítimos que sean a nivel de diarios oficiales, que son más propios de tiempos pretéritos, del mayor de los absolutismos, en los que entre cesantías y otras fórmulas burocráticas maquinales del poder gubernamental nombraban a personas, salvo excepciones, que formaban parte de ese largo abanico de servidumbres y servilismos, por no llamarles “estómagos agradecidos” que vivían de la “sopa boba”.
Ha llegado el momento, para la sostenibilidad democrática, que las Cortes Generales deben de aprobar un proyecto de ley que recoja la prohibición de las “puertas giratorias” por ser antidemocráticas en pleno siglo XXI y regular de forma expresa, sin lagunas legales significativas, que el nombramiento de asesores, siempre deben de recaer en quienes ostenten la condición de empleado público y hayan accedido a la Función Pública mediante los correspondientes sistemas de provisión: concurso de méritos, concurso-oposición u oposición libre.
Este requisito, más el de publicidad y concurrencia, al menos garantiza con este hecho objetivo, que la actuación de los nombrados mediante libre designación con fundamento curricular, van a prevalecer en ellos y ellas, siempre, siempre, lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, también recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales, y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
