El 67% de los países de la OCDE ya utiliza la inteligencia artificial para mejorar el diseño e implementación de servicios públicos, según el informe Governing with Artificial Intelligence (OCDE, noviembre de 2025). La UE lidera globalmente en número de proyectos de IA en el sector público, superando a Estados Unidos y al Reino Unido. Pero hay un matiz que los titulares suelen omitir: la distribución es profundamente desigual. Seis Estados miembros acumulan la mayoría de las iniciativas avanzadas, y la brecha entre las administraciones más maduras y las más rezagadas es considerable. Esto no es un dato menor para quienes trabajamos en la Administración local española.
La Comisión Europea identificó en 2024 sesenta y un casos de uso de IA generativa en el sector público de veinte países europeos. La mayoría se agrupan en cuatro categorías: asistentes virtuales de atención ciudadana, herramientas de redacción y resumen de documentos, sistemas de análisis de datos para el diseño de políticas, y aplicaciones de planificación urbana basadas en gemelos digitales. Ninguna de estas categorías es ajena a la Administración local española. Todas son, en mayor o menor medida, alcanzables.
Casos de buenas prácticas o de “errores útiles” que merece la pena conocer
Estonia es, por amplio margen, la referencia mundial. Su plataforma Bürokratt —una red de asistentes virtuales del Ministerio de Asuntos Económicos— funciona como interfaz unificada entre el ciudadano y los servicios públicos, aprovechando la infraestructura de interoperabilidad X-Road y el sistema nacional de identidad digital. En 2026, está evolucionando hacia agentes especializados que cooperan de forma autónoma. El objetivo declarado es que en el año 2030 todos los procedimientos de información y tramitación básica se gestionen mediante asistentes virtuales. Impresionante. Y prácticamente inimitable para la mayoría de los municipios españoles sin una infraestructura digital construida durante dos décadas. Veámoslo sin complejos: el modelo estonio es una aspiración, no un manual de instrucciones.
Dinamarca, en cambio, ofrece quizá el caso más replicable. El chatbot MUNI se ha desplegado en más de 37 municipios, atiende en 70 categorías de consulta con más de 8.500 respuestas integradas y acumula más de 400.000 conversaciones. Pero lo más valioso no es la tecnología: es la gobernanza. Dinamarca ha construido un mapa nacional de IA municipal donde los ayuntamientos publican sus proyectos —224 registrados, 132 operativos en 44 municipios— con los datos de contacto de los responsables, fomentando el aprendizaje entre pares. En diciembre de 2025, el Gobierno danés, la Asociación Nacional de Municipios y las Regiones acordaron invertir 266,7 millones de coronas durante cuatro años en el despliegue nacional de IA pública. Eso es política industrial aplicada al sector público, y merece admiración.
Los Países Bajos nos dan la lección más incómoda. Desde 2014, el Ministerio de Asuntos Sociales utilizó el sistema SyRI para perfilar algorítmicamente a ciudadanos considerados en riesgo de fraude a la Seguridad Social, cruzando datos de ingresos, impuestos, deudas, educación y tipo de vivienda. El 5 de febrero de 2020, el Tribunal de Distrito de La Haya lo declaró ilegal por vulnerar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: operaba de forma opaca, afectaba desproporcionadamente a vecindades de bajos ingresos e inmigración, y no preveía ningún mecanismo de información ni defensa para los afectados. SyRI es el caso de manual que cualquier responsable público debería tener presente antes de firmar un pliego de compra de software de análisis predictivo. Pero no porque la tecnología sea mala —al famoso algoritmo con sesgos ya le deben pitar los oídos—, sino porque sin transparencia y sin garantías, cualquier tecnología puede convertirse en un instrumento de discriminación sistémica.
Finlandia nos deja la reflexión más profunda. Entre 2020 y 2022, el programa nacional AuroraAI buscaba reorganizar la prestación de servicios públicos en torno a las necesidades vitales del ciudadano —no en torno a los silos departamentales— mediante una red de IA que proactivamente identificaba los servicios que cada persona podría necesitar. Fue interrumpido en 2022, no por fallos técnicos —los modelos funcionaban bien— sino por razones presupuestarias y de gobernanza: ausencia de mandato político sostenido y de estructura institucional permanente. La lección de AuroraAI no es tecnológica. Es el aprendizaje profundo, si me permiten el juego de palabras, de que ningún sistema de IA en el sector público sobrevive al cambio de ciclo político si no tiene presupuesto propio, gobernanza clara y un relato interno que explique por qué existe. Mejor no diré públicamente cuántos proyectos de transformación digital municipales conozco que ilustran exactamente el mismo patrón.
Finalmente, las ciudades de Helsinki y Ámsterdam han sido pioneras en algo sencillo, barato y de enorme impacto democrático: los registros públicos de algoritmos. Catálogos donde la administración documenta qué sistemas automatizados utiliza, con qué finalidad, sobre qué datos operan y qué mecanismos de supervisión existen. No hace falta estar en Estonia para hacer esto. “Solo” hace falta voluntad política y criterio técnico, algo que no siempre se da pero que tampoco es ni mucho menos inalcanzable. En realidad, cualquier entidad local puede adoptarlo con independencia de su nivel de madurez tecnológica. Es, en mi opinión, la medida de gobernanza algorítmica con mejor ratio coste-beneficio que existe.
Y en España, ¿qué?
Buenas iniciativas ya hay unas cuantas, pero mencionaremos una muy concreta, por razones de merecimiento y de espacio. En enero de 2026, la Agencia Digital de Andalucía fue seleccionada para liderar Eunomia.AI, un proyecto europeo de 36 meses que desplegará IA generativa en 25 administraciones públicas de 14 países, con el objetivo de integrarla en más de 15 servicios públicos concretos. El proyecto incluye al Ayuntamiento de Granada junto a administraciones de Finlandia, Italia y los Países Bajos. Es la iniciativa de IA generativa en la Administración pública más ambiciosa liderada por una región española, y merece más atención de la que está recibiendo.
La panorámica europea confirma algo que venimos repitiendo en distintos foros: la clave no está en la tecnología, sino en la gobernanza. Estonia lleva ventaja porque lleva veinte años construyendo infraestructura digital. Dinamarca destaca porque ha creado mecanismos de aprendizaje colectivo entre municipios. Finlandia fracasó no por falta de talento sino por falta de continuidad institucional. Y los Países Bajos pagaron el precio de no hacerse a tiempo las preguntas correctas sobre derechos, garantías y transparencia.
Para la Administración local española, el camino no pasa por importar el modelo estonio —no tenemos la infraestructura— ni tampoco por el escepticismo o la resistencia al cambio paralizantes, como en otras ocasiones. Nuestro mejor intento pasa por empezar con lo que es posible: un registro de algoritmos, un asistente virtual bien diseñado, un proceso de contratación que incorpore las exigencias del Reglamento… Y, sobre todo, por aprender de los que ya han cometido los errores que nosotros todavía podemos evitar. No siempre es malo no ser el primero.
