Alcaldes, Secretarios y Municipios: ¿Qué sobra en la Enumeración?

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Alcaldes, Secretarios y Municipios: ¿Qué sobra en la Enumeración?

Esta reflexión pretende centrarse, sobretodo, en torno a los llamados pequeños municipios, aquellos que no tienen más de cien, de cincuenta, de veinte o de quince… habitantes: ¡pero si hay comunidades de propietarios más grandes! El mundo evoluciona y aquello que no evoluciona con el mundo está inevitablemente condenado a la extinción: autonomía local ¿por encima de todo y a pesar de todo? Cuando un municipio no tiene recursos, ni personal, ni medios… y casi tampoco tiene políticos que lo representen… cuando sigue funcionando a puro golpe de subvención, cuando le deciden en cada momento las obras que ese año van a ser prioritarias (ahora estamos en la fase polideportivos, piscinas y escuelas de educación infantil)… cuando comparten un Secretario-Interventor para cuatro Municipios… ¿eso es autonomía local?, porque parece otra cosa. Creo que podríamos intentar dignificar a esos pequeños municipios y de paso a los Secretarios-Interventores que los acumulan y a los políticos que intentar saber de qué va todo esto. 

Seguramente no sobra nada de la enumeración; y lo que falta es afrontar los problemas con un poco más de valentía. En esos municipios en los que con la llegada del invierno la gripe puede alcanzar en la población de mayor edad (que es el noventa por ciento) proporciones de pandemia diezmando a sus habitantes, tienen que empezar a considerar que se enfrentan a un problema de difícil solución.

Es un hecho que los pequeños municipios son también los mas envejecidos y por tanto, avocados a un destino seguro, salvo que alguien tenga una idea original en los próximos años.

En todo caso y como la realidad municipal es muy variada podemos sacar de la lista a aquellos municipios que a pesar de su escasa población tienen una fuente importante de recursos (industria, energías limpias…): pero estos municipios no deben preocuparnos porque al frente de ellos suele haber algún político de peso y tampoco tienen demasiados problemas para encontrar Secretario-Interventor o Secretario e Interventor.

Y por supuesto, también podemos excluir a aquellos municipios que están próximos a otros no tan pequeños o incluso a grandes urbes, y aquellos municipios en los que el turismo dobla por cinco su población.

No estamos aquí hablando de estos municipios, sino de aquellos en los que hay que convencer a unos cuantos vecinos del pueblo para que se presenten a las elecciones por cada unos de los diferentes partidos políticos, aquellos en los que hay que convencer a otro vecino para que se ocupe de los trámites administrativos de la oficina municipal al menos a media jornada, aquellos a los que no llegan las carreteras convencionales (y a veces no llegan ni las carreteras); aquellos en definitiva, en los que la autonomía local termina cuando se justifica cada subvención y se reactiva con la siguiente.

Si un Municipio no es capaz, no ya de gestionarse, sino, simplemente, de seguir subsistiendo más allá de las ayudas que recibe ¿debe continuar existiendo? La ley nos da la solución, pero ¿somos capaces de llevar a cabo esos procedimientos?, ¿queremos, de verdad, llevar a cabo esos procedimientos? Creo que no.

En este punto de la reflexión me pregunto ¿debe (aunque no se pueda) mantenerse un Secretario-Interventor en estos municipios como si se tratara se evangelizar las Américas?; o mejor dicho, ¿debe continuarse con la ficción de seguir incluyendo a estos municipios en las listas anuales de vacantes cuando en realidad hace años que el único personal (y digo personal y no funcionario) que se hace cargo de las oficinas municipales es un auxiliar (y digo auxiliar y no administrativo) habilitado a tales efectos (¿¿??). Y no estoy cuestionando que en estos pequeños municipios se tenga que prescindir de funcionario habilitado, sino que más bien al contrario ¿por qué no puede prestarse ese servicio desde las Diputaciones Provinciales y lograr así de verdad que un habilitado realice las funciones reservadas que establece la ley?: ¡Menudo invento! dirán algunos, ¡eso ya existe!; pues creo que no, porque lo que propongo es que se organice en las Diputaciones Provinciales un departamento compuesto por un grupo de Secretarios-Interventores que desde allí lleven la gestión completa (repito, gestión completa) de esos municipios pequeños. Cada Secretario-Interventor podría llevar varios municipios o especializarse por materias.

Sería como las agrupaciones secretariales pero con sede en las Diputaciones Provinciales, en lugar de pasar media vida en la carretera. La labor del político del municipio no sufriría apenas variación y seguiría centrándose en conseguir subvenciones, buenas reses para las fiestas y atender sus obligaciones gastronómico-institucionales. Después sería el Secretario-interventor que trabaja en Diputación quien tramitaría el expediente.

Pero en este mundo perfecto hay que tener en cuenta tres prevenciones: Prohibir que el mismo Secretario-interventor tramite más de tres procedimientos seguidos para el mismo alcalde (especialmente si se trata de expedientes de obras y/o subvenciones) teniendo en cuenta que no se iban a aceptar las motivaciones que se aceptan para fraccionar y desintegrar el objeto del contrato (que es la cuarta separata de la misma obra y que por eso es mejor que la tramite el mismo funcionario…). La segunda prevención, es, por supuesto, que esos Secretarios-Interventores deberían recibir sus nóminas directamente del Estado. Y la tercera prevención sería prohibir a los Secretarios-interventores acudir al Municipio para el que están tramitando el asunto (mandando al técnico correspondiente, por supuesto).

Este sistema tan sencillo nos proporcionaría muchas ventajas: además de dar una nueva e importante función a nuestras Diputaciones Provinciales, daría una ubicación definitiva y merecida a muchos de nuestros compañeros, terminaría con el problema de la falta de profesionales en algunos pequeños municipios y las dificultades que esto acaba suponiendo para todos, reforzaría enormemente la independencia de los Habilitados Estatales; y porque no decirlo, cerraría el paso a muchas actitudes forzadamente poco profesionales de las que todos hemos oído hablar.

¿Supone esto la desaparición física de los Ayuntamientos en nuestros pequeños municipios? Por supuesto que no.

Todas las soluciones que se pretendan adoptar han de tener como base una implementación fundamentada en el conocimiento de la realidad.

Y la realidad a día de hoy, precisamente en estos pequeños municipios, es que la población envejecida que en ellos predomina no tiene un manejo adecuado de las nuevas tecnologías para realizar trámites vía telemática.

Por ello, de momento, sería necesario mantener en esos municipios una oficina abierta, y a su frente un administrativo lo más cualificado posible para ayudar a los vecinos en sus trámites. Un administrativo al que no se fuerce a realizar tareas propias de los habilitados estatales y para las que no se le ha dado la preparación necesaria. Un administrativo, funcionario y no laboral, seleccionado respetando los principios constitucionales y que por ello no tenga sobre su cabeza la espada de Damocles cada cuatro años. Un administrativo que de continuidad a la administración del municipio y al que se respete y retribuya de forma adecuada (respetando, sin más, las leyes de presupuestos).

¿Y qué pasa con los concejales? En este sentido me parece muy interesante la iniciativa que han apoyado los grandes partidos políticos para que en el futuro se regulen las retribuciones que reciben los cargos públicos municipales (¿ha comenzado la precampaña electoral??).

Lo que ya no me parece tan bien es la forma que pretenden darle; puesto que la iniciativa se basa en un acuerdo entre las fuerzas políticas, garantizando, por supuesto, la autonomía local, para establecer un marco de retribuciones de los cargos públicos locales que respondan a criterios objetivos como la población o el presupuesto.

¿Por qué complicar tanto el asunto introduciendo variables como estas? ¿Qué tiene de malo el sistema que se utiliza para los funcionarios? ¿Acaso no es un buen sistema para aplicar a aquellos que nos lo imponen a nosotros? ¿En casa del herrero, cuchillo de palo? ¿Qué problema plantea el establecer un sistema basado en la clasificación del puesto de Secretaría y vinculado al nivel de complemento de destino (para entendernos, aunque ya no se denomine así) que tenga el habilitado estatal? ¿A mayor presupuesto y mayor población (real o virtual) más cobrará el político sin el conocido encorsetamiento de la ley de presupuestos? ¿Por qué no podemos aplicar este sistema también a los funcionarios?

Además, ¿por qué un acuerdo entre las fuerzas políticas y no, sencillamente, una ley que deba ser cumplida por todos de forma obligatoria, como es lógico en un estado de derecho? ¿No vamos a ser capaces de logar que nuestros políticos se regulen a sí mismos y cumplan esa regulación?

En fin, creo que si nuestros políticos (sobre todo los de los grandes municipios y “grandes lugares” en general) realmente quieren limpiar su imagen, tendrán que hacerlo un poco mejor: no basta con parecer horrado, además hay que serlo; y este acuerdo entre fuerzas políticas puede acabar siendo simplemente una legitimación de las altas y vergonzantes retribuciones que cobran algunos de nuestros grandes políticos (tal y como hemos podido leer en la prensa las últimas semanas) pero sin llegar a solucionar el problema en los pequeños y medianos municipios en los que suele suceder justo lo contrario; es decir, allí los corporativos no cobran lo suficiente como para retribuirles el estar permanentemente de guardia o directamente, no cobran.

Lo que pretenden al vendernos la autorregulación de sus retribuciones es papel mojado si no está plasmado en una ley de obligatorio cumplimiento y en la que se establezcan unos varemos sencillos y que no den lugar a muchas interpretaciones. Porque como tengamos que interpretar demasiado, estamos perdidos; y nuestros “grandes” políticos seguirán cobrando sus retribuciones sin límite alguno, como hasta ahora, pero remitiéndose a un texto publicado en un Boletín Oficial.

Los políticos de los grandes municipios se considerarán legitimados por la ley para recibir sus flamantes retribuciones y los de los pequeños municipios continuarán sin poder cobrar porque el presupuesto municipal no se lo puede permitir (hay que pagar las fiestas…y al Secretario…) y porque sus vecinos no se lo van a perdonar y les van a castigar en las próximas elecciones.

¿Solución?: bastante sencilla: De la participación en Tributos del Estado que recibe cada municipio, detraer una cantidad para pagar a todos los concejales de todos los municipios de España (así sería proporcional a población y presupuesto) y dejar que el Ayuntamiento, en virtud de su, como no, autonomía municipal, decida el resto de la retribución dentro de unos límites claros y regulados por la ley.

Tenemos que abandonar la idea de que nuestros políticos deben trabajar por amor al municipio: no es que no deba ser así, porque todos nosotros de alguna manera, si queremos hacer bien nuestro trabajo, siempre ponemos una dosis mayor o menor de altruismo. Pero creo que es necesario profesionalizar a la clase política y puesto que realizan un trabajo, este debe ser correctamente remunerado; y si además quieren trabajar por la comunidad siempre encontrarán la manera (Cruz Roja, ONG´s, misiones en África…) ¿por qué tenemos que exigir hoy día que nuestros políticos trabajen gratis por nosotros? Porque entonces surge la terrible pregunta: ¿a cambio de qué? Y con la pregunta surgen las respuestas (…) en las que prefiero no entrar. Creo que no es ni siguiera ético exigir que los políticos de los pequeños municipios no reciban remuneraciones porque “está mal visto”. Y al final, pasa lo inevitable: en esos municipios nadie quiere hacerse cargo de la alcaldía. Ponedles precio y cualquier ciudadano recordará que “Paris, bien vale una misa”. Ponedles una remuneración y cualquier vecino se convertirá en político. En este sentido, iniciativas como el RD 1108/07 sobre reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los períodos en que los miembros de las Corporaciones Locales ejercieron con dedicación exclusiva su cargo político con anterioridad a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, son un buen comienzo. La regulación proporciona seguridad jurídica y esta regulación en concreto puede producir confianza en la clase política o alimentar nuestras peores pesadillas: en sus manos está, señores legisladores que representan al conjunto de los ciudadanos (o eso nos dicen). Así pues, y llegados a este punto de la reflexión será mejor concluir bajo peligro de acabar inventando el calcetín.

Y como he dicho al principio, creo que si reestructuramos el sistema, siendo realistas y con la intención sincera de solucionar las cosas, al final, no sobra nada de la enumeración (Alcaldes, Secretarios y Municipios), pero sí que sería conveniente un análisis en profundidad de la situación para llegar a unas conclusiones que pudieran ser llevadas a cabo y solucionar de una vez una gran parte del problema de nuestros pequeños municipios. 

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Mª Esperanza Serrano Ferrer es Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza en el año 1995 y Secretaria-Interventora de Administración Local desde 2002. Ha prestado servicios en el Ayuntamiento de Torrente de Cinca (Huesca) y en la actualidad desarrolla sus funciones en el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza). Está especializada en Derecho Local de Aragón.

3 Comentarios

  1. Esperanza, me parecen bastante acertadas tus reflexiones Hace muchos años que reclamamos soluciones como as que propones, S-I en Comarcas o Diputaciones formando equipo y atendiendo en condiciones a todos los pueblos pequeños. Pero parece ciencia ficción, verdaderamente no se adoptan decisiones en ese sentido. Ni desaparece la organización

  2. El problema de los pequeños municipios va en aumento y sobre todo en Castilla.
    Hace tiempo, en algún foro, propuse que una solución podría ser crear «Oficinas Técnicas Comarcales y Pluridisciplinares», con Secretario, Interventor, Auxiliares, Arquitecto, Trabajador Social y otros más dependiendo del volumen de municipios y población al que atendiera.
    Habría que modificar la legislación para que la fe pública y el asesoramiento legal, pudiera ser prestado desde estas oficinas, sin acudir a la forma de Agrupación.
    Un saludo.

  3. En la provincia de Salamanca, ya hace tiempo se crearon las oficinas Comarcales , en concreto unas cinco o seis , no han dado el resultado inicialmente previsto , por la incompetenci politica , ya que lo que se pretendio era dotarlas de un opersonal cualificado y de medios adecuados y ambas cosas han fallado, en el primer caso porque el numero de personal se ha restringido considerablemente y el acceso a dichos puestos ha dejado mucho que desear, en cuanto a los medios , es para llorar a «lagrima suelta» , los medios los minimos y a cuentagotas.

    Sigue triunfando el caciquismo politico y las taifas castellanas, son remoras musulmanas que arrastramos desde la reconoquista .

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