Ataques de mortero contra las juntas vecinales

Los aficionados a la Administración local no nos aburrimos últimamente. Una mañana nos despertamos y oímos fuego graneado contra las provincias, a la siguiente el estruendo procede del fuego cruzado contra las mancomunidades, ahora, en estos momentos, son los ataques de mortero contra las juntas vecinales y las entidades locales menores los que nos aturden y desconciertan.

Es la gran batalla presidida por el santo tutelar del desbarajuste, la propia que harían unos soldados que carecieran de un Estado mayor que pensara la estrategia general y las formas de acción sobre el terreno.

Sépase que no habrá reforma de la Administración local sensata ni fiable si no se tienen en la cabeza todos sus elementos y además en todas las partes del territorio español. En caso contrario, la improvisación nos legará otro churro como aquel de la ley de grandes ciudades de infausto recuerdo, aquel malhadado texto donde lo que no era superfluo era inconstitucional.

El Gobierno se ha descolgado ahora -Consejo de ministros del caluroso mes de julio- con un Informe sobre el anteproyecto de ley de “racionalización y sostenibilidad” de la Administración local. Raro era que no saliera la tan nombrada “sostenibilidad”, una cursilería de los últimos tiempos ahora aplicada a la pobre Administración local, que gime su desamparo. Un Informe donde por cierto nos encontramos con una reivindicación en toda la regla de la figura del Interventor. Ahora nos hemos caído del guindo y descubierto que se trata de una pieza insustituible de los entes locales aunque se echa en falta que no se diga lo mismo de los secretarios. Volveremos sobre este asunto.

Porque quisiera centrarme hoy en la decisión anunciada respecto de las entidades locales menores: “se suprimen las 3275 entidades locales menores existentes”, entre las que están “las pedanías o las parroquias que pasan a ser absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan”. Así, sin más. Parece ser que el ministro las acusó de ser “obsoletas y opacas”. Si es así, ya tiene buena tarea por delante porque organizaciones obsoletas y opacas las puede encontrar a decenas a poco que alce la vista.

Produce un poco de risa que, en plena batalla por las limitaciones del gasto, alguien se haya fijado en las pobres juntas vecinales. Yo vivo en una de ellas y puedo asegurar que administración más barata y más inofensiva no existe.

Pero cumplen en algunos territorios españoles, al menos en los que más conozco del norte de España, una función primordial en la gestión de los bienes comunales. Es con este argumento con el que deben hacerse fuertes para resistir esta arbitrariedad gubernamental. No en el de las invocaciones históricas porque a la historia se le puede y se le debe retorcer el cuello con las reformas necesarias. Para eso está el devenir de los tiempos y su acción correctora.

Si los frutos, si las ganancias del monte comunal van a parar indiscriminadamente al Ayuntamiento del que la entidad local menor forma parte, los vecinos se desentenderán de él sin más. Hay en Asturias, en León, en Galicia, viejos pleitos que abordan estas cuestiones y sentencias cuyos ponentes han sido sensibles a esta realidad de los pueblos y sus propiedades en algunas zonas de España. No quiero ser alarmista pero los incendios forestales se podrían multiplicar si desaparecen sin más las juntas vecinales.

Adelanto estas reflexiones, fruto de mi experiencia práctica. Pero estoy dispuesto a rectificarlas, como se dice en los dictámenes, “a la vista de conclusiones mejor fundadas en Derecho”. Y esas conclusiones son las que nos tiene que exhibir el Gobierno en forma de un estudio serio que -entiendo- servirá de fundamento a su decisión. Porque, si tal estudio fundado no existe, ¿debemos calificar al Informe sobre la “sostenibilidad” como un ejercicio de veraniega ligereza, es decir, insostenible?