Se habla mucho de las posibles bancarrotas de empresas y familias a la vuelta del verano, asfixiadas financiera y económicamente. Sin embargo, nada oímos de la situación en la que pueden quedar las distintas administraciones. Básicamente, adolecen del mismo mal de las empresas en crisis, a saber, más gastos y menos ingresos. Los europeos en general y los españoles en particular, tenemos mitificado al sector público, que se nos presenta como todopoderoso y seguro. Desde el gobierno se nos ha repetido hasta la saciedad que debemos estar tranquilos, que un sólido superávit garantiza la capacidad de reacción pública. Y nosotros nos lo creímos. Al fin y al cabo, necesitábamos de un cabo al que asirnos en la plenitud de la tormenta. Pero una cosa bien distinta es el gobierno central – que también las pasará canutas pues a finales de año entrará en déficit – y otra cosa bien distinta las finanzas autonómicas y las locales. Sobre todo las de los ayuntamientos, que están tiritando desde que se hundió el sector inmobiliario, uno de sus principales proveedores de fondos. Recientemente, una importante entidad financiera española se quejaba de las dificultades financieras por las que atraviesan algunos ayuntamientos y del grave daño que pueden ocasionar a los bancos que las financiaron y al sinfín de empresas proveedoras de bienes o servicios. Y aportaban datos. Algunas instituciones locales – pocas todavía, gracias a Dios – están pagando con 500 días de retraso, cuando la ley marca un máximo de noventa. Algunas empresas ya están cuestionándose emprender acciones judiciales contra las administraciones deudoras.
La crisis va a ser larga y profunda, y afectará con fuerza a unos ayuntamientos fuertemente endeudados y con unos ingresos menguantes, con escasa capacidad de reducción del gasto. Y con estas altas inflaciones, se verán obligados a subir los salarios de los empleados de las empresas municipales. Los funcionarios lo harán en consonancia a las otras administraciones. Esta debilidad económica de los ayuntamientos hará un gran daño en el tejido económico local y mermará aún más la confianza en lo público. Por eso urge también un plan de choque que facilite la refinanciación municipal, al tiempo que mejore su participación en los presupuestos generales del Estado. No tenemos demasiado tiempo. El otoño será tormentoso, y los ayuntamientos están desamparados.
Es cierto, la administración siempre acaba pagando, pero ha llevado a muchas empresas a la quiebra por los retrasos en los pagos. Lo que está claro es que donde no hay dificilmente se puede sacar algo.
Coincido en parte con lo expuesto por don Manuel Pimentel, especialmente en lo que se refiere al análisis puntual del fenómeno, su relevancia y sus causas. Y, por supuesto, en la urgencia acerca de la necesidad de encontrar fuentes solventes y estables de financiación para el Estado-local.
Pero discrepo -es un decir, para destacar un aspecto que me parece muy importante- en el modo en el que pasa como de puntillas sobre el hecho -aparentemente banal, pero grave y nocivo como pocos- de que nuestro sistema haya basado en las últimas décadas la financiación municipal en ese tipo singular de ingresos procedentes del sector inmobiliario, ahora menguantes.
Este es un hecho que cualquiera, cualquier observador, podría tildar de «vergonzoso» con solo alejarse un poco de la realidad y contemplar -hacia atrás y como desde el aire- las fotos del litoral enladrillado y contraponerlo a su vez a la circunstancia encadenada de que lo que haya dado vida a los Ayuntamientos de la Costa de España sean esos ladrillos que ahora nos invaden y asfixian y que queremos quitarnos de encima (deshacer lo andado, si es que es posible, va a ser como mínimo, muy caro, para todos).
La observación -impotente- de la situación resultante hará exclamar: ¡Qué barbaridad de contradicción! ¡Qué irresponsabilidad la de todos los que lo permitieron (en cuanto resultado realmente previsible)! ¿En manos de quien estamos?
Creo que habría que hacer hincapié en la constatación de la naturaleza nociva -desde el punto de vista medioambiental y desde el económico- de aquel tipo de ingresos (que no debe obviarse, ni por asomo), y elegir mejor las nuevas fuentes. Y a ese efecto, poner todos los medios precisos. Desde el cuidado en el diseño del sistema, que habrá de estar bien fundado, bien orientado y bien asistido para alcanzar sus fines, hasta la prudencia o el tiento máximo en los medios elegidos para el control de los agentes.
Al menos si no queremos volver a ver repetido el daño, lamentablemente «autoimpuesto».
Los poderes ADJUDICADORES, según nuestra normativa contracual (TRLCAP, LCSP) tiene la obligación de efectuar el pago asus acreedores (contratistas, proveedores, prestadores de servicios) en el improrrogable plazo de SESENTA DIAS NATURALES, devengandose, automaticamente, el INTERES DE DEMORA COMERCIAL a partir del dia 61, cuyo pago ha de hacer DE OFICIO el Poder adjudicador (igual que la Agencia Trbutaria cuando nos devuelve).
De no hacerlo asi el Podfer adjudicador, el acreedor contractual ha de reclamar por escrito tal obligación, exigiendo la indemnización correspondiente a costa del funcionario que incumplio tal obligación LEGAL.
pues creo que el Sr. Pimentel ha reflejado muy claramente nuestra situación, yo soy nuevo, pero aun hace unos dias que he acabado de hacer el presupuesto para 2008 (si, ya sabeis como funcionamos en estos temas, ¿verdad?), la verdad vi q si queremos cubrir todos los gastos que tenemos hay que buscar formas de financiación hasta debajo de las piedras, y más aun cuando «heredas» un Remanente para Gastos Generales negativo… pero a lo que ibamos, habria que buscar nuevas formas de financiación para los Ayuntamientos, permitirnos en determinados aspectos buscar un mayor beneficio (no en servicios básico claro), por ejemplo no vender los terrenos a precio de saldo, no alquilar nuestros inmuebles casi casi perdiendo dinero por ello, no andar haciendo cesiones gratuitas a entidades que, a pesar de denominarse de interés público, al final son para 4 gatos… porque a fin de cuentas, poco podemos hacer si no es buscando esas rentabilidades, porque desde luego, a empresarios, no nos dejaran meternos a las entidades locales…
En fin… a ver si ocurre algo que nos ayude, porque como está el tema no veo nada clara la financiación de determinados servicios (¿habeis pensado que los despidos de martinsa y spanair provocan una cantidad de parados que dañarán aun mas a las arcas públicas?); solo tengo claro algo, la crisis también esta en la administración pública
Parte de los problemas que plantea Jorge se solucionan con TRANSPARENCIA EN EL GASTO PUBLICO. La gestion del gasto es opaca y asi no se puede exigir responsabilidades a los gestores que, con gran frecuencia, despilfarran/malversan los fondos publicos, cosa que no harían si los administraran como un buen «paterfamilias», si fueran suyos.
¿por qué esa dificultad, cuando no imposibilidad de acceder a los expedientes de las Administraciones Públicas?
acaba de entrar en vigor(30.04.08) la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO y por las licitaciones que se ven en los boletines oficiales pocos gestores conocen la ley. Licitan con IVA, cuando el PBL debe ser «iva excluido», el «perfil de contratante»no funciona y piensan que es una página WEB cualquiera, los criterios de adjudicación aparecen confusos en los pliegos, licitan por «concurso», procedimiento inexistente en la nueva ley, …..etc.
TRANSPARENCIA en el gasto público, lo que exige que haya controladores (Interventores en la Administración Local) en cuyo procedimiento de control se incluyan RECURSOS contra las decisiones de los gestores públicos cuando dicten resoluciones contraviniendo los informes de control sin haber convalidado el gasto o con infracción del ordenamiento juridico….etc. Hay que poner el gasto publico a la misma altura que el ingreso público.La normativa reguladora del gasto debe ser tan RIGIDA como la normativa reuladora del ingreso. los Tribunales de Cuentas, ¿qué funcionalidad pueden tener si no tienen capacidad de enjuiciar a los gestores públicos y sancionar los comportamientos fraudulentos /prevaricadores?
Ahora bien, es muy dificil que los politicos, que tienen que aprobar leyes tales, lo hagan.Entonces, ¿Como se les va a poder controlar?