Buenas intenciones

Me refiero, naturalmente, a las buenas intenciones que algunos políticos tienen para encontrar soluciones a la crisis de la deuda pública. Recientemente se han reunido los máximos responsables de los dos principales países europeos, tratando de frenar la marea de crisis que amenaza con llevarse por delante todo el andamiaje del euro. Lo primero que debo señalar es que agradezco que no se tomen Agosto como un mes inhábil y, aunque sólo sea para la galería, intenten tranquilizar a los inversores de todo el mundo: para eso cobran su salario, y así como en cualquier empresa que tiene un problema serio en verano los directivos se quedan sin vacaciones o las modifican para intentar resolver la situación, en este caso, Europa, S.A. necesitaba algún gesto parecido.

Tras la reunión se ha transmitido al exterior algunos mensajes que permiten vislumbrar por dónde irán las posibles soluciones. La información es parcial y poco fiable, máxime cuando en los medios de comunicación sí hay una marcada tendencia a aprovechar el descanso veraniego; me arriesgo, pues, a opinar sobre bases débiles que con el tiempo pueden verse descartadas por completo.

Me parece una gran noticia para todos los europeos que Alemania y Francia se muestren firmes partidarios de mantener el proyecto común que, no se olvide, debe su origen a ambas naciones: son las economías más potentes de la zona, y han demostrado en su historia que, a pesar de los cambios periódicos de gobierno, han sabido mantener los proyectos de interés nacional; así que, en ese sentido, me alegro.

Sin embargo, me parece un poco inocente que unos dirigentes de semejante peso específico como ambos líderes confíen en que un acuerdo teórico sobre el equilibrio presupuestario en todos los países de la zona euro consiga algún efecto práctico: por mucho que las constituciones nacionales contengan artículos obligando a que los presupuestos públicos nacionales estén equilibrados (es decir, que los gobiernos gasten anualmente como máximo sólo la cantidad que ingresan) no tengo ninguna duda de que los países menos serios, que son muchos, encontrarán formas de saltarse dicha norma. ¿Acaso no se había aceptado ya una condición parecida al firmar los acuerdos de adhesión al euro? ¿Es que no refrendaron los parlamentos  nacionales dichos compromisos?

Hace tan solo unos años, cuando la economía crecía a un fuerte ritmo en toda Europa, fueron precisamente Alemania y Francia los mayores incumplidores de la norma de que el déficit público no superase el 3% del PIB, y encontraron medios para evitar las medidas sancionadoras que, no nos engañemos, se idearon pensando sobre todo en los tradicionales incumplidores latinos. Bien es cierto que ambas naciones se han adaptado mejor a la crisis, y aunque sea débilmente, sus economías están creciendo cuando el resto siguen enfangadas. Pero si hasta ellos fallaron, ¿qué esperanza podemos depositar en el efecto balsámico de que las constituciones nacionales exijan el equilibrio presupuestario? ¿Alguien cree de verdad que la mayoría de países europeos respetaría la norma? Yo, desde luego, no.

Sin embargo, me parece muy positivo que Alemania y Francia hayan decidido seguir avanzando en el camino de la armonización de sus políticas económicas y fiscales, porque de ese modo se pone en marcha una especie de potente imán que, con el tiempo, terminará atrayendo a todas aquellas naciones que deseen disfrutar del mismo respeto en el mercado que, hoy por hoy, despiertan ellas. Es decir, si ambos líderes europeos apuestan decididamente por crear un núcleo fuerte, con el apoyo de la oposición en sus países para que sea un proyecto nacional, se creará una referencia económica real que se verán obligados a imitar el resto de naciones, con más o menos fuerza y entusiasmo dependiendo de los equilibrios políticos y las coyunturas locales.

El importante saldo de deuda pública periférica que mantienen hasta ahora las entidades financieras alemanas y francesas debería ir reduciéndose conforme se produzca vencimientos y, como es natural, deje de invertirse tantos recursos como se ha hecho hasta ahora pensando que no iba a pasar nada: doy por sentado que, en este proceso, quienes hayan adquirido títulos de más riesgo (deuda periférica) deberán pagar parte de arreglo-rescate (lo que en otra ocasión denominé “trasquilón”).

Los países menos serios (desde el punto de vista de los inversores del resto del mundo) podrían seguir haciendo la política económica que ellos y sus votantes considerasen más adecuado, pero su deuda pública tendría peor colocación en los mercados; por tanto, se verían obligados a caminar en la dirección marcada por el eje franco-alemán al ritmo que estimasen adecuado si desearan reducir la carga financiera. Pero si no quieren o no pueden afrontar las medidas estructurales que todos sabemos, pueden hacerlo asumiendo las consecuencias. Sólo cuando comprendan que los mercados no son muy partidarios de su deuda, y que para financiar su política nacional deben acudir al Banco Central Europeo, o a la ayuda del eje franco-alemán, comprobarán que quien presta los recursos puede exigir las medidas ortodoxas que se requiere, pero esta vez con auténtica fuerza para imponerlas.

Complementariamente a ello, se deberían estudiar la asignación y reparto de los fondos de cohesión europeos, asegurando que se destinen a países realmente comprometidos con la ortodoxia del euro, y por supuesto, serios en su política económica. Indudablemente, se trata de un escenario de solución a medio plazo, que conviviría con crisis periódicas en el corto, hasta que los inversores distinguieran claramente los países comprometidos de los que no quieren, o no pueden.

A la larga, creo que podríamos mantener el euro como moneda común, el Banco Central Europeo como gestor de la política monetaria única, y perfiles nacionales diferentes, según la historia, circunstancias y preferencias de cada nación.