El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un nuevo paquete de impulso a la Administración Pública. Su objetivo es crear una nueva cultura de relación entre el Estado y la ciudadanía. Para ello, según ha avanzado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, contempla una «poda burocrática que haga la vida más fácil a los ciudadanos».
¿Y cómo se va a llevar a cabo esa poda? Pues mediante la aprobación la nueva ley de régimen jurídico de las administraciones, la Ley de Procedimiento Común y un manual de simplificación administrativa, duplicidades y una plataforma conjunta del sector público estatal.
Un anuncio que hizo ayer Mariano Rajoy en la presentación del informe anual para la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Por ahora el ahorro conseguido es de 10.417 millones de euros. De ellos, unos 2.684 millones, corresponden al Estado; 5.535 a las comunidades autónomas, y otros 2.198 a las entidades locales.
Según las cuentas que ha presentado el Gobierno, 200 millones de euros de ahorro del Estado se han logrado mediante la venta de edificios y revisión de alquileres. Otros 230 millones salen de llevar a cabo compras cenralizadas, y 41.800 millones se han empleado en el pago de facturas a 230.000 proveedores.
¿Una «nueva administración pública»? Puede ser, en la medida que, previamente, se concrete la confiabilidad de la información presupuestaria y contable en el Estado y se garantice un control interno y externo integral de la gestión y su transparente rendición de cuentas a la ciudadanía. Mientras sólo la reforma consista en «podar» no es solución, porque se limita a priorizar el manejo de «Caja», tapando espasmódicamente agujeros fiscales a medida que se van produciendo y porque no se aplican los principios básicos de presupuesto y contabilidad, en este último caso me refiero a las normas internacionales de la IFAC (NICSP) y a la implementación de un sistema integrado que incorpore también a la administración de bienes, las compras y contrataciones, la inversión pública y la gestión de recursos humanos. Recién entonces y con el apoyo de los órganos de control, se podrá hablar de la «nueva administración pública». De lo contrario seguiremos en meras expresiones de deseos y de allí a la utopía hay un solo paso.