Cualificación de candidatos

4

Comienza la Exposición de Motivos de la recién nacida Ley 3/2015, de 30 de marzo (BOE del 31), reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con el siguiente texto: «Un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. En este sentido, esta ley aclara, refuerza y amplía dicho marco jurídico con vistas a garantizar que el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre sus intereses privados y los inherentes a sus funciones públicas». Y la lectura del texto nos ha llevado a reflexionar sobre el ejercicio del alto cargo de la Administración Local, centrado en los Concejales y Alcaldes.

El cargo de Alcalde o Concejal, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo debe ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad. Daremos por supuesto que todos respetan el marco jurídico que regula la materia de su competencia, pues si no fuere así estaríamos en el terreno de la ilegalidad y por tanto en asuntos de competencia de Jueces y Magistrados. Pero respecto a la exigencia de constatada competencia personal y profesional, es público y notorio que en ocasiones no se cumple. Según establecía la vieja Ley de Régimen Local de 1955, en su artículo 78.1 para ser Concejal se exigía ser vecino, ser mayor de veintitrés años y saber leer y escribir. En la actualidad no se exige ser vecino, aunque los Partidos Políticos suelen exigir a los candidatos cuneros que por lo menos se empadronen en la localidad, la Constitución fija la mayoría de edad en 18 años, al tiempo que proscribe la posible discriminación por razón de edad (artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social), y la vigente Ley no menciona la obligatoriedad de saber leer y escribir, por razones obvias de que la enseñanza básica es obligatoria desde hace muchos años. Ahora bien, entre saber leer y escribir y tener constatada competencia personal y profesional hay un largo trecho que recorrer.

En estas fechas estamos inmersos en un proceso electoral del que han de salir los Concejales y Alcaldes que regirán nuestros pueblos y ciudades los siguientes cuatro años. No vamos a pedir a los Partidos Políticos que impongan ningún tipo de condición a sus candidatos, ni a pretender que implanten un modelo tecnocrático en el que para ser Concejal de cualquier área se exija una Ingeniería, un Máster o cualquier titulación. Lo que sí pediríamos es que a quienes sean candidatos les enseñen que aunque el Concejal como responsable político está legitimado para adoptar decisiones de ámbito político, debe cumplir con estas premisas:

  • Que las decisiones que adopten sean legales
  • Que se sigan los cauces correctos del procedimiento administrativo

Y finalmente, como el Concejal no tiene que tener ningún conocimiento jurídico especial, ni existe razón para que tenga que estar familiarizado con el procedimiento administrativo, que les recomienden que en lugar de aprender a base de experimentos, con fases de acierto y de error, que se asesoren de los técnicos que tienen a su disposición. Igual que cuando nos compramos un coche para su mantenimiento recurrimos al taller, donde están quienes entienden de mecánica, cuando lleguemos al Ayuntamiento recurramos a quienes entienden. ¡Qué además el coste está cubierto por la garantía! Ya cobran por estar a disposición de los responsables políticos, así que utilícenlos.

Compartir
Artículo anteriorSomos más inteligentes
Artículo siguienteCiudades inteligentes y palabrería tecnocrática
Fernando Castro Abella es Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, especializado en Administración Local. Asesor municipal. Ha sido editor de cientos libros especializados en la materia, habiendo participado como autor en una veintena larga de títulos.

4 Comentarios

  1. Absolutamente de acuerdo, Fernando.
    Y aun diría más (como los famosos Hernández y Fernández). Pero lo voy a decir copiando las palabras de Antonio Muñoz Molina («Todo lo que era sólido»):

    “En aquella época todo lo que viniera del pasado nos parecía que tuviera un inmundo origen franquista. En realidad, esos cuerpos nacionales venían de mucho antes de la Guerra Civil, y habían sido fundados con el propósito de limitar el poder arbitrario de los caciques territoriales sobre los escalones más débiles de la administración: los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Secretarios, depositarios e interventores tenían puestos inamovibles que dependían del estado central. Los alcaldes no podían nombrarlos ni destituirlos. El secretario general certificaba la legalidad de los acuerdos municipales. El interventor tenía que dar su aprobación a cada propuesta de gasto, asegurándose previamente de que no se salía de los presupuestos. El depositario controlaba el dinero ingresado en la caja del ayuntamiento y autorizaba los pagos. Recuerdo que a mis superiores políticos los exasperaba aquella subordinación de sus decisiones y sus ocurrencias a unos procedimientos en los que sólo veían el peso muerto de la burocracia del pasado. Habían ganado las elecciones. Habían llegado al poder con la legitimidad del voto popular y con la misión de cambiarlo radicalmente todo y se veían enredados en trabas continuas, en pasos legales de una lentitud que parecía calculada para malograr el cumplimiento de aquellos ideales urgentes en nombre de los cuales se habían lanzado a la política. Habría sido necesario construir una nueva legalidad democrática: lo que hicieron fue sustituir la antigua por la potestad de ejercer incontroladamente el albedrío político. Cambiaron las leyes no para hacerlas mejores sino para asegurarse de que podrían actuar al margen de ellas. Y desde luego nunca crearon la carrera administrativa: a los funcionarios profesionales pero no dóciles políticamente los apartaron de los puestos de responsabilidad o los forzaron a marcharse por desmoralización o aburrimiento; y en vez de modernizar la antigua burocracia la sumergieron en una inundación de nuevos puestos clientelares, de comisarios políticos descarados o encubiertos, dependientes siempre del favor del que los nombraba, leales hasta la sumisión, volcados en el servicio al partido o al líder del que dependía su sueldo y no a la ciudadanía que lo costeaba con sus impuestos. La ruina en la que nos ahogamos hoy empezó entonces: cuando la potestad de disponer del dinero público pudo ejercerse sin los mecanismos previos de control de las leyes; y cuando las leyes se hicieron tan elásticas como para no entorpecer el abuso, la fantasía insensata, la codicia, el delirio o simplemente para no ser cumplidas. Pero una administración clientelar no sólo fomenta la incompetencia y facilita la corrupción: también desalienta a los empleados más capaces y vuelve habitual el cinismo. Quien por integridad personal y por vocación hace bien su trabajo comprende que daría lo mismo que lo hiciera mal, e incluso que cumpliendo su deber se gana el rechazo de los que mandan; y si todo el mundo sabe que el mérito puede ser inútil y la mediocridad recompensada, y que en último extremo todo depende del favor político, los alicientes para mejorar la propia tarea serán siempre inferiores a la tentación de la desgana, cuando no del servilismo. Cuanto más politizada esté una administración menos continuidad habrá en proyectos que deberían ser a largo plazo y quedar por encima de la disputa partidista: todo se vuelve un hacer y deshacer marcado por las oscilaciones electorales; lo aprobado por un gobierno queda en suspenso o es desarbolado cuando llega el gobierno de otro partido; los nuevos cargos aspiran sobre todo a borrar la huella de los anteriores; el dinero y el esfuerzo gastados se vuelven estériles.”

    Y aun hay más:

    “En ningún otro campo profesional se puede llegar más lejos careciendo de cualquier cualificación, conocimiento o habilidad verificable. Se puede dirigir un hospital y hasta ser ministro de sanidad sin tener la menor noción de medicina, y ocupar un puesto de alto rango en la política internacional sin hablar ningún idioma extranjero. En mis años de trabajo en la administración municipal tuve superiores que no sabían escribir correctamente Beethoven ni Varsovia y que sin más requisito que el carnet de un partido han gestionado algunas de las instituciones musicales de máximo relumbrón en España. He visto a un administrativo entrar de concejal en 1979 y sin haber adquirido ninguna cualificación aparte de la de la maniobra política llegar diez o doce años después a presidente de una de esas cajas de ahorros que nos han llevado a la quiebra. Cuando a Sancho Panza se le presenta la oportunidad burlesca de ser nombrado gobernador no tiene la menor duda sobre su propia idoneidad para el cargo, aunque no sabe leer ni escribir: lo único que necesita es su condición probada de cristiano viejo; incluso el analfabetismo es una garantía añadida de su ortodoxia, porque certifica que no ha podido leer libros de herejes.»

  2. Totalmente de acuerdo con Fernando y muy oportuna la cita de Muñoz Molina. Yo agradecería que al menos los partidos políticos formen a sus candidatos en la organización y funcionamiento de los Ayuntamientos, en la existencia necesaria de algunos puestos de funcionarios con funciones reservadas, en cómo se toman las decisiones, cómo se trabaja… Esa formación debería ser recibida antes de las elecciones; si no son elegidos, esos conocimientos que se llevan. Si son elegidos, que no estén preguntando por el Interventor cuando buscan al Secretario o no piensen que el Tesorero puede pagar sin los trámites previos de ejecución presupuestaria. En esa línea, todos ahorraríamos mucho tiempo. Ya queda menos para la reválida electoral. Que Dios reparta suerte y, sobre todo, que los ciudadanos voten con cabeza.

  3. El 24 de mayo está a la vuelta de la esquina y a la vista de los sondeos electorales parece que nuevas formaciones políticas asoman a la palestra trayendo ideas nuevas en orden a la mayor transparencia , ejercicio del poder sin lastres y vicios acumulados por las formaciones que han detentado el poder durante más de tres décadas, en definitiva animados por una nueva forma de manejar lo público. Esperemos que una aire nuevo llegue a todas y cada una de las instituciones y que la legitimidad de ejercicio del poder , llegue tras la necesaria , pero no suficiente , legitimidad de origen del mismo. Estaremos atentos pues la situación actual es totalmente insostenible….

Responder a JOSÉ MARÍA ORTEGA JAÉN Cancelar respuesta