Muchos son los estudios e informes que de manera sucesiva aparecen con el fin de celebrar el horizonte de la recuperación económica y así se amontonan datos y porcentajes que sirven de esgrima a la discusión entre especialistas. Entre todos esos números hay, sin embargo, un aspecto que nadie discute y que se viene repitiendo en los últimos ejercicios: el superávit real en las cuentas de miles de Ayuntamientos.
Las drásticas medidas que hace años se aprobaron para controlar el gasto, reducir el déficit y amortizar la deuda pública han dado paso en muchas Corporaciones locales a unas más que saneadas y orondas cuentas, envidia de las Administraciones estatal y autonómicas. Hay que resaltar que, si hemos cumplido con los objetivos financieros fijados por la Unión Europea, ha sido gracias a la actuación responsable de muchos laboriosos y honestos Municipios. Lamentablemente seguimos, por un lado, sin afrontar necesarias reformas para reducir el déficit de la Administración del Estado y, por otro, padeciendo la irresponsable frivolidad de algunas autoridades regionales que, embriagadas de delirios, dilapidan y comprometen la hacienda común.
El hacer sensato de esas solventes Corporaciones Locales ha de aplaudirse. Pero, una vez ultimado este gesto aprobatorio que hacemos con las manos, y tal como han señalado entre otras instituciones la Autoridad de responsabilidad fiscal o el Banco de España, ha de facilitarse a esos Ayuntamientos disponer de esos ahorros. Se trata de varios miles de millones de euros inmovilizados en las cajas de las entidades financieras sin ofrecer ninguna rentabilidad. ¿Por qué el Ministerio cierra esa caja de caudales ante las posibilidades que su utilización ofrecería a los Ayuntamientos? Del mismo modo que no se mantiene a quienes estuvieron enfermos en la cama de un hospital porque obligado es ponerse a caminar y salir a respirar, así tampoco deben las Administraciones saneadas quedarse postradas e inmovilizadas ante las múltiples y urgentes necesidades vecinales. Invoquemos el grito de Ortega a favor de las Corporaciones locales: Eh! de pie.
Son los Alcaldes quienes conocen mejor el pálpito de su territorio, de sus servicios básicos, del cuidado de los montes, del mantenimiento de infraestructuras, de la atención a los más desvalidos, del acogimiento a inmigrantes, del impulso de iniciativas económicas… ¿No se advierte que las inversiones locales realizadas por munícipes que han demostrado responsabilidad pueden impulsar y multiplicar las actividades económicas? ¿Hay que recordar que hasta la grandiosa Odisea gira en torno a la pequeña Ítaca?
Sin embargo, estas elementales consideraciones se estrellan ante la voluntad del Gobierno que sigue paralizando el movimiento de los Ayuntamientos saneados. Es más, en el proyecto de presupuestos que ahora se debate se ha incluido una disposición que insiste en limitar las inversiones locales.
Procede pues levantarse, ponerse de pie y denunciar la ilegalidad de esa previsión. Resulta una medida falta de razonabilidad: ¿qué argumentos pueden justificar paralizar, con este atropello, la actuación de Ayuntamientos sanos? ¿no se confía ya en los presupuestos y controles establecidos en las leyes de estabilidad y de haciendas locales que como firmes rieles han enderezado durante estos últimos años el trayecto de esas cuentas municipales? ¿por qué se reduce el oxígeno que significa el uso con una mínima autonomía de las escuálidas finanzas municipales que por cierto la Constitución garantiza?
Si la respuesta a esos interrogantes fuera, como se ha apuntado, que el Ministro de Hacienda quiere mantener cerrado el candado sobre esos caudales para presumir ante las autoridades europeas del saneamiento del conjunto agregado de todas las cuentas públicas, deberíamos exigir un mínimo de claridad: no se pueden poner plumas ajenas porque, además, en términos jurídicos, tal actitud podría encubrir lo que conocemos como “desviación de poder”, esto es, utilizar una facultad para alcanzar otro fin distinto al que la legitima.
Más valiera que el Ministro se preocupara de controlar a los enfermos díscolos de deuda y déficit, a esas autoridades regionales irresponsables que incumplen un año y otro también, y dejar a los sanos Ayuntamientos disfrutar de las ventajas de unas cuentas que lucen buenos aportes vitamínicos y que tan favorablemente pueden repercutir en la comunidad vecinal.
Coincidiendo con la reclamación de las entidades locales saneadas que se expone en este post, me parece que atribuir «la irresponsable frivolidad de algunas autoridades () que, embriagadas de delirios, dilapidan y comprometen la hacienda común» a las comunidades autónomas, en un marco en el que el Estado solo deberia hacer reformas para conseguir loables objetivos y las entidades locales són «sensatas», «laboriosas y honestas» puede aceptarse como una opinión (para mi muy poco fundada); en ningún caso como un dato. Y para muestra, un botón muy reciente: https://okdiario.com/economia/2017/04/30/sp-fedea-tribunal-cuentas-coinciden-economicamente-ave-nunca-sera-rentable-955076