H) Vinculación del Funcionario Local con el Poder Local concebido en su conjunto
Sin duda alguna los municipios constituyen la base del desarrollo del país, siendo los funcionarios municipales los mayores dinamizadores del bienestar de la población.
Las actividades desarrolladas por los funcionarios locales, están sometidas a un mayor riesgo labora que cualquiera otra que realizan otros funcionarios de otras Administraciones por la propia naturaleza de las Municipalidades.
Un funcionariado local concienzado en la defensa del Municipalismo en su globalidad constituiría junto con el político local, autonómico o estatal municipalistas, la red del nacimiento de un nuevo movimiento que incidiría en la transformación del Estado Regional al Estado municipal.
El funcionario estatal se vincula en la relación funcionarial con esa persona jurídica única que es el Estado. El funcionario autonómico lo hace con la Comunidad Autónoma a la que pertenece.
Frente a esa unidad conceptual del Estado o de la Comunidad Autónoma, la Administración Local aparece integrada, por una pluralidad de Entidades, cada una de ellas con su propia personalidad independiente, distinta de las demás.
El funcionario local no se vincula con la Administración Local, concebida en su conjunto, sino con una Entidad determinada y concreta: es un funcionario del Ayuntamiento de “X” o de la Diputación de “Z”, en definitiva, de “una Entidad Local”, aun cuando se utilice la expresión genérica de “funcionario local”.
Considero que el Municipalista tiene que integrarse en un frente común para la defensa de los derechos de los municipios –concepto que englobaría también los derechos del funcionariado local-, lo que, en definitiva, supondría defender los derechos del vecindario.
En este momento, la Administración local es cada vez mas clientelar, y los principios de mérito y capacidad tienen muy poca relevancia. Debe haber una cierta separación entre Gobierno y Administración y garantizarse la imparcialidad del funcionario. Esto, hoy en día, no está en absoluto garantizado por la práctica política de nuestras entidades locales. Es un problema grave, en el que también habría que haber hecho algo para mejorar el funcionamiento de las Corporaciones Locales.
Hay que incidir en actividades que conllevan y encaminadas a convertir al ciudadano en vecino y al Alcalde y edil y al funcionario local en Municipalista y defensores del orden local en lo global, haciendo válida la ya célebre frase del “pensar en lo global y actuar en lo local”.
Siendo el Municipio la Administración Pública en donde más próxima se percibe entre el elemento político y funcionarial, las presiones e interrelaciones entre ambos medios es patente para cualquier observador incluso profano en la materia.
La profesionalización, independencia y objetividad de la función Pública local constituye una autentica garantía para los ciudadanos ante posibles abusos del poder político local. Al mismo tiempo la especialización y preparación de la misma constituye un elemento imprescindible para que la medida política se traduzca en medida administrativa viable.
La profesionalización de la función Pública constituye, pues, un deber inexcusable para la buena marcha de la actividad de los municipios.
Un funcionario local no debe tener nunca la sensación de que trabaja para la Mafia y una Adminstración Pública no puede ser un botín para los partidos. En el quinto párrafo empezando por abajo del Sr. Martín, se vislumbra el mal de fondo que afecta a los entes locales españoles (y no solo a los locales). Algún día tendremos que acabar con el «nosotrismo» local: con esas Corporaciones donde no puede entrar a trabajar nadie que no sea de «los nuestros» y donde nadie de «los nuestros» se queda sin cargo o empleo, a despecho de cualquier idea de igualdad,imparcialidad, mérito o capacidad. Algún día tendremos que acabar con el Hampa y con la «Cosa Nostra», disfrazada de «buen rollismo» y «buena química».
La dirección e instrumentalización de la Administración Pública por los políticos, tiene límites en un Estado de Derecho que se sobrepasan aquí todos los días, por sujetos que tienen una «moral» católica más que una ética civil, con lo cual su conciencia se queda bien tranquila, pues no está vinculada ni concernida por cosas como la Constitución que juran, pero que se la trae floja, tanto a su secta como a ellos, cuando no son abiertamente refractarios al contenido de la Norma Fundamental en Democracia. No voy a entrar aquí en la discusión de si son compatibles aquellas dos lealtades, pero quien traspase el umbral de la vida privada para entrar en la vida pública, se somete quiera o no a la Constitución y ha de tener enfrente a todos los ciudadanos de cualquier credo privado, vigilantes a cara de perro en defensa de sus derechos.