Empleados Públicos de tercera y (II)

Terminaba la primera parte de este artículo diciendo que la adopción de las famosas medidas anticrisis en la elaboración de los planes de ajuste que nos han ocupado estos días va a suponer para los empleados municipales el descenso a una nueva tercera categoría, fruto del impacto de las relativas al personal,  sin que hasta la fecha – vayan por delante la reiteración de mis disculpas si no es así – se haya oído ninguna declaración sindical al respecto.

Pues bien, supongo que de todos es sabido que el modelo de plan de ajuste que los Ayuntamientos que se han acogido al plan de pago a proveedores han tenido que remitir al Ministerio de Hacienda incluía un formulario con 23 medidas de ingresos y gastos, entre las que se encontraba como medida paliativa de gastos – por si todavía no se les había ocurrido a los munícipes el ministerio les mostraba el camino – el concepto de “reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)”.

Curiosamente entre la información que los Ayuntamientos debían facilitar en relación con dicha medida se encontraba la de especificar si su soporte jurídico era una norma de la entidad local, una norma estatal o una norma autonómica, así como su fecha de aprobación y el impacto financiero. ¿A qué clase de norma local se refería el ministerio?; ¿Una norma de carácter general?; ¿Se refiere el ministerio a las Relaciones de Puestos de Trabajo consciente de su vocación normativa?

Es de pandereta que el ministerio plantee el suministro de esta información, sobre todo por lo que se refiere a la existencia de hipotéticas normas estatales o autonómicas que establecieran tal  reducción retributiva que, parece lógico, debieran conocer sobre todo en el caso de las estatales, y, además, cuando debería saber que los Ayuntamientos no tienen competencia para establecer las retribuciones básicas de sus funcionarios y, por lo tanto, para reducirlas, aunque si cabe que aborden la reducción de sueldos mediante la minoración de los complementos de destino (con el límite, en su caso, de los grados personales consolidados) y específico (previa valoración del puesto de trabajo, si bien sin límite alguno), pero en ningún caso mediante ninguna clase de norma local.

Tales reducciones retributivas sobre los complementos de destino y específico requerirán su previo sometimiento a la negociación colectiva dado que implicarán la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que, incluso, pueden llegar a tener carácter reglamentario.

Es en este punto donde los sindicatos deberían poner toda la carne en el asador en defensa de los empleados municipales y plantear algún tipo de cláusula de recuperación del poder adquisitivo, una vez superada la situación que, desde luego, aquellos no han creado, porque dado que la negociación efectiva y de buena fe no implica la necesidad de alcanzar un acuerdo, una actitud simplemente negativa solamente conseguiría retrasar lo inevitable.

Es decir, los funcionarios municipales veremos reducidas nuestras retribuciones en un gran número de municipios, lo que, sumado a la penúltima pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la congelación salarial que el gobierno plasmará en los próximos presupuestos generales, tras la minoración real que ha supuesto el aumento de las retenciones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  y sin olvidar que ya en 2010 sufrimos la bajada del famoso 5 % en unas percepciones económicas que no se verían aumentadas durante 2011, nos sitúa a la cola de los empleados públicos por lo que a derechos económicos se refiere, sin olvidar que cada ayuntamiento de los que, habiéndose acogido al plan de pagos de proveedores, hayan adoptado medidas de reducción de sueldos, harán de su capa un sayo e intentarán llegar niveles de minoración que respondan únicamente a su grado de necesidad de tapar agujeros que, no me cansaré de repetir, los trabajadores no han creado, en vez de a criterios de racionalidad y sostenibilidad.

Es cierto que los trabajadores laborales también verán reducidos sus sueldos e, incluso, fruto de la reforma laboral, verán extinguidos sus contratos en algunos casos, pero esta reducción salarial junto a la,  como ya he dicho anteriormente, limitada capacidad de negociación colectiva de los funcionarios locales los convierte en los empleados públicos de peor condición y  les condena a la tercera y última categoría, por el momento, de ellos.

Pero lo más sangrante es que, abocados a una situación de quiebra técnica en muchos Ayuntamientos que, en demasiados casos, responde a la inobservancia de las recomendaciones y pautas dadas por los empleados que, ahora, deben ver reducidos sus emolumentos para intentar remediar precisamente lo que no debió haberse hecho, el éxito o fracaso de los planes de ajuste serán intrascendentes para una hipotética restauración de unos derechos sacrificados con la finalidad contribuir a paliar la grave situación municipal perpetrada por quienes, ahora, deben adoptar las medidas de ajuste como si no hubiera pasado nada.

Me da la sensación de que esta es una ocasión más de las que nos están atropellando en los últimos tiempos en la que, aprovechando la excusa de la crisis, se van a cercenar unos derechos, en este caso económicos, con la pretensión de adelgazar el coste del sector público a costa de los de siempre y que, también como siempre, no han sido sus causantes directos,  aunque en esta coyuntura sean solamente unos pocos.

Por eso sería tan importante, que, como me he permitido sugerir anteriormente, los sindicatos, con el ánimo de coadyuvar a la salida de una situación, admitieran reducciones salariales dependiendo de la realidad de la situación de los diferentes Ayuntamientos, no sin dejar de señalar a los auténticos responsables y exigiendo otras medidas que no se ciñan únicamente a costes de personal, pero negociando alguna clase de acuerdo por el que quienes se hubieran visto obligados a cooperar a la solución del actual trance en forma de disminución salarial, se vieran resarcidos del esfuerzo en la medida en que se fueran alcanzado los objetivos de los planes de ajuste y que no sirvieran solamente para, una vez puestos los contadores a cero, volver a cometer los mismos errores.