La hiperstesia del derecho público

El oficio que se dedica a inventar la ciudad del futuro es antiguo y pertenece a la historia del urbanismo, disciplina que ignoro porqué no se estudia como tal en las Facultades de Historia. Ocurre lo mismo con las obras públicas, es decir, la construcción de las líneas ferroviarias, de los aeropuertos, de las carreteras y autopistas, de los pantanos o del tendido eléctrico. Todas ellas son determinantes en la evolución de un país hacia la modernidad; sin ellas no concebimos el progreso ni la movilidad de los ciudadanos ni las oportunidades para un trabajo digno, es decir, todo aquello que conforma la vida -la menudencia de las vidas- de las gentes. Y, sin embargo, como digo, esa “asignatura”, historia de las obras públicas, no se cursa en las Facultades del gremio aunque sí en las escuelas especializadas.

Se trata de un mundo apasionante en el que se dan cita las grandes cuestiones referidas a la presencia del hombre en la Tierra, las formas de sus asentamientos, de su traslado de unos lugares a otros, la explotación de los recursos, el comercio e intercambio de mercancías y un largo etcétera que continúa y continúa para arribar a las formas políticas y a la organización administrativa que es preciso poner en pie para concertar la realidad según los resultados previstos.

Por donde infraestructuras, obras públicas y ciudades se convierten en el fondo de ese enorme vaso que acoge el eterno debate sobre el poder político.

Todo ello ha conformado siempre al derecho público en su integridad pues este -el derecho público- es un derecho que podríamos llamar “hiperestésico”, es decir enormemente sensible a las condiciones ambientales. Por eso no es de extrañar que hoy las nuevas realidades y la forma cómo las poblaciones se enfrentan a ella están concertando una distinta manera de entender y de vivir el derecho público.

En efecto, es signo de los tiempos que cualquier asunto con incidencia en territorio habitado sea objeto de disputa y de la inmediata creación de una plataforma que aglutina a ciudadanos quejosos que acuden a los defensores del pueblo, a los abogados, a las autoridades administrativas y, por supuesto, a los jueces ante quienes disponen de un variado abanico de pretensiones.

En un país como Alemania -pero lo mismo observamos en los demás europeos y en España- la jurisprudencia dictada por los Tribunales contencioso-administrativos sobre ampliación de los aeropuertos -Munich y Frankfurt-, sobre la prohibición de los vuelos nocturnos -Frankfurt- o el modernísimo litigio suscitado por la edificación de una nueva estación de trenes en Stuttgart (“Stuttgart 21″) es abundante y sabrosa: se trata de decenas y decenas de conflictos que mueven montañas de papeles, movilizan a miles de ciudadanos y producen una catarata de pleitos y sentencias de los Tribunales de todo orden y ámbito territorial.

Preciso es levantar acta en estos momentos de lo siguiente: participar en los partidos políticos que invocan principios más bien abstractos ha dejado en parte de mover a las poblaciones, más interesadas en participar en acciones singulares de las que no es difícil ver resultados concretos. Si bien es verdad que muchas veces las protestas ciudadanas tienen su origen en el egoísmo y la insolidaridad (el ciudadano que no quiere una antena cerca de su casa pero sí estar permanentemente “conectado”), lo cierto es que este ajetreo demuestra también el pulso de una sociedad y su interés por la res publica.

Como los especialistas han denunciado, los viejos derechos de garantía de los ciudadanos se están convirtiendo en medios para paralizar la actividad administrativa. Aunque ello sea de lamentar, preciso es convenir que estamos ante el signo de los tiempos, que estamos mordiendo la fruta de la estación de la Historia que nos ha tocado vivir y el derecho público no puede dar la espalda a esa realidad aunque esté socavando sus certidumbres más tradicionales.

Queda así este asunto apuntado para meditar sobre él a la sombra de un árbol fornido este verano.