Vivimos tiempos en los que la manipulación de la información se ha convertido en instrumento de acción política, tiempos en los que todo discurre rápido, en los que la noticia de ayer se ha olvidado hoy y hoy andamos inmersos en la gran noticia que se olvidará mañana. El titular manda. El hashtag es dogma. Las redes sustituyen a la prensa y a sus imperfectos filtros, ideologizados por intereses políticos o empresariales. La reflexión pausada no parece estar de moda.
En ese contexto la Resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todos ha suscitado cierta polémica entre quienes defienden el control de rentas en el mercado libre del alquiler como instrumento de política de vivienda y quienes se oponen a él. Esa polémica, vana pues la Resolución dice lo que dice, y no habla expresamente de regulación de rentas, aunque tales acciones pudieran encajar en sus planteamientos, o no, siempre en función de opciones puramente políticas, oculta lo mucho que el Parlamento apunta acerca del futuro deseado, ya veremos si posible, de las políticas de vivienda en la Unión Europea.
Esta Resolución del Parlamento Europeo es un documento valioso, identifica la mayor parte de las fuentes relevantes para la construcción de una política europea de vivienda y es propositivo más allá de su necesario carácter abierto, comprensivo de opciones políticas diversas para conformar políticas de vivienda flexibles, más o menos amplias, más o menos intervencionistas, más o menos orientadas a colectivos concretos. Es un documento, además, que parte del análisis de la situación de los mercados de vivienda existentes en la Unión, diversos como la Unión misma, de la insuficiencia del mercado para resolver el problema de acceso a la vivienda, del efecto social que esta situación produce, de exclusión, de sobreendeudamiento, de evolución al alza de los costes de alquiler y del esfuerzo excesivo que para las economías familiares supone el acceso o la tenencia de la vivienda. Ni siquiera el impacto de la COVID19, social y económico, pasa desapercibido al Parlamento. Tampoco reniega del impacto que el sector de la vivienda tiene en la economía europea, en la creación de empleo y en el impulso a la actividad económica e, indirectamente, su efecto energético, la demanda de infraestructura, transporte u otras implicaciones.
Pero la Resolución de 21 de enero de 2021 es, ante todo, propositiva. Y para ello propone cinco grandes líneas de acción, comprensivas a su vez de muy diversas iniciativas: Lograr una vivienda adecuada, energéticamente eficiente y saludable; luchar contra la falta de vivienda y la discriminación; promover un enfoque integrado de la vivienda social, pública y asequible a nivel de la Unión; garantizar la seguridad de la tenencia y los mercados de vivienda inclusivos y invertir en viviendas sociales, públicas, asequibles y energéticamente eficientes.
Comenzando por la última gran línea de acción, la inversión invertir en viviendas sociales, públicas, asequibles y energéticamente eficientes, el Parlamento identifica el que quizá sea déficit fundamental, hoy por hoy, de cualquier política europea de vivienda, un déficit de inversión en vivienda asequible que se estima, según un estudio de 2018, en 57.000 millones de euros al año, una inversión necesaria que debe canalizarse a través de un sector de la vivienda concebido como servicio social de interés general que vaya más allá de la vivienda social, adaptado por las autoridades estatales, regionales y locales para identificar y abordar las necesidades de vivienda y las condiciones de vida de diferentes grupos, muy diversos, llegando a instar a la Comisión “a que adapte la definición de grupo destinatario de vivienda social y financiada con fondos públicos en las normas sobre SIEG para permitir que las autoridades nacionales, regionales y locales apoyen la vivienda para todos los grupos cuyas necesidades de vivienda digna y asequible no puedan satisfacerse fácilmente en las condiciones del mercado, garantizando al mismo tiempo que se asignen fondos suficientes a los más desfavorecidos, con el fin de desbloquear la inversión y garantizar viviendas asequibles, neutralidad en la tenencia de la vivienda y desarrollo urbano sostenible, y crear vecindarios socialmente diversos y mejorar la cohesión social” (§ 52). Para lograr superar el déficit inversor el Parlamento propone el uso de fondos europeos, desde los de Desarrollo Regional, pasando por los de Transición Justa, InvestEU, ESF+, Horizonte Europa y, como no, llegando a los fondos Next Generation EU, especialmente, dentro de estos, los del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.
Pero, sobre esa base, es mucho más lo que el Parlamento plantea para construir esa política de vivienda europea, que propone dotar económicamente. En primer lugar, se plantea lograr una vivienda adecuada, energéticamente eficiente y saludable, que responda a las necesidades del planeta y a las de sus habitantes, en definitiva. Parte para ello de la propuesta de que el derecho a una vivienda adecuada sea reconocido y exigible por la Comisión y los Estados como un derecho humano fundamental, concretado en un parque de vivienda eficiente energéticamente, enmarcado en la economía circular y renovado en esa línea cuando sea preciso y, en ese contexto, accesible energéticamente para los ciudadanos.
En segundo lugar, el Parlamento fija el objetivo de luchar contra la falta de vivienda, no resuelta por el constante incremento del parque existente, y la discriminación, proponiendo como instrumento fundamental la colaboración entre Estados y departamentos e identificando como colectivo de especial riesgo las personas sin hogar, incluidos los jóvenes sin hogar, para los que reclama medidas diversas, desde la persecución de los delitos de odio hasta la adopción medidas de gestión para la integración de estas personas o medidas de emergencia por razón del COVID19 u otras. Pero, junto a este colectivo, no se olvida de las mujeres, y el especial riesgo generado por el COVID19 en los casos de violencia contra ella, los grupos minoritarios afectados por actitudes racistas, los habitantes de barrios marginales o las personas con discapacidad.
En tercer lugar, el Parlamento propone promover un enfoque integrado de la vivienda social, pública y asequible a nivel de la Unión, directamente vinculado al Pilar Europeo de Derechos Sociales, en el que se establezcan, por un lado, estrategias específicas que afronten los obstáculos al derecho a la vivienda como la discriminación, la especulación, los préstamos predatorios, el acaparamiento de suelo, los conflictos, los desalojos, la degradación ambiental, la vulnerabilidad a desastres; y se profundice, por otro, en el análisis del mercado tratando los datos más relevantes sobre precios, por ejemplo.
Por último, en cuarto lugar, en la Resolución se plantea garantizar la seguridad de la tenencia y los mercados de vivienda inclusivos. A este respecto el Parlamento «pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que establezcan disposiciones legales, incluidas normas claras de alquiler, para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios-ocupantes, y para fomentar la seguridad tanto para los propietarios como para los inquilinos y prevenir los desalojos, incluso después de las medidas de renovación, e incluyendo a los que viven en una vivienda expropiada del estado como parte de un proceso de restitución» (§ 40), planteando una definición del derecho a la vivienda no tanto como el de acceso a la vivienda social cuanto “el derecho a vivir en un hogar en paz, seguridad y dignidad” (§ 41). Desde esta perspectiva, preocupa al Parlamento Europeo la habitual consideración de la vivienda “como un bien negociable y no como un derecho humano” en un entorno de «creciente financiarización del mercado de la vivienda» (§45), lo cual no le impide pedir «a los Estados miembros que desarrollen sus políticas de construcción de viviendas, que impulsarán el crecimiento económico en el contexto de la pandemia COVID-19» (§44). Propone con especial énfasis una regulación efectiva, llegando a recordar «a la Comisión y a los Estados miembros que no regular el mercado inmobiliario y los agentes financieros que operan en ese mercado para garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos, supondría el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho a la vivienda»(§ 49).
La Resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021, con todo, constituye un pronunciamiento abierto, que admite múltiples lecturas de la política de vivienda. Pero apunta, eso sí, una cierta jerarquía de objetivos que esa política de vivienda, más amplia que el actual servicio social de interés general limitado a la vivienda social, ha de atender. Y son ambiciosos. Tratan de insertar esos objetivos, nuevos valores, en un mercado inmobiliario y financiero reformulados. Ese es el núcleo de la propuesta. Si Comisión y Estados miembros están preparados, si todos lo están, es harina de otro costal. El tiempo lo dirá.
Interesante, gracias!