Otro susto

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Otro susto

El último post del Profesor Sosa me ha creado realmente inquietud. ¿Otra Ley de Régimen Local? Realmente no tenía el más mínimo conocimiento que en las cocinas del poder se esté guisando una nueva reforma, aunque parece lo normal. No tenemos realmente un sistema asentado, vamos a golpe de ocurrencia. Como dice un amigo y colega: a ver qué nueva genialidad se les ocurre ahora.

He de manifestar que me alegro sobremanera de la defensa preventiva que un profesor del prestigio de Sosa Wagner hace de los funcionarios con habilitación de carácter estatal (FHE), ya que él habla desde la erudición de la ciencia jurídica y no tendría razón aparente por la que debiera abogar por la conveniencia de mantener el sistema de los FHE. Y menos en cuanto a mantener sin más puestos, estatus o privilegios (aunque habría que preguntarse cuáles), viendo el asunto desde el punto de vista de la importancia de mantener un sistema de garantías en todo Ayuntamiento, institución básica dentro del complejo y excesivo entramado institucional de este país.

Siendo habilitado como soy, es fácil pensar que estoy defendiendo mi puesto, como hacen todos los profesionales ante las reformas que se van anunciando cuando son a peor. Recuerdo las protestas de hace algún tiempo de los profesores de filosofía de enseñanzas medias, cuando airadamente sostenían la necesidad de mantener equis horas de filosofía a la semana, por la importancia de la materia en la educación. Sí, es cierto, quizás sea importante la filosofía; lo que desconocemos es si los profesores protestaban en lo más íntimo por la supresión parcial de la asignatura y sus nefastos efectos en la cultura adolescente o porque se reducían sensiblemente sus horas y por lo tanto el número de profesores.

Pues con los FHE, en parte es igual, a veces nos empeñamos en argumentar la importancia de la función de asesoramiento, fe pública e interventora para la ordenación municipal cuando en realidad defendemos nuestros puestos. Dicho esto, que nadie se me eche encima todavía… Es cierto que debemos defender nuestros puestos pero en la medida en que seamos más objetivos más consistencia tendrán nuestros argumentos.

Yo diría que en realidad (lo he apuntado en otras ocasiones), el Estado, nuestros próceres que deciden a golpe de oscuro pacto inconfesable, deben decidir finalmente si consideran bueno (lo que es bueno es también relativo, deberíamos algún día saber de qué estamos hablando cuando hablamos de bondad: de la bondad cristiana, de la nietszcheana, la budista, la parlamentaria, etc) que existamos unos ciudadanos que nos examinamos de un montón de temas, empezamos a trabajar cuando el señor alcalde de turno tiene a bien darnos posesión y que una vez en el tajo, hacemos el papel de pepito grillo del sistema. En definitiva, hay que decidir claramente la conveniencia de tres funciones básicas:

  1. Que alguien pueda asesorar previamente a quienes tienen la potestad de tomar decisiones que afectan al común de los vecinos, antes de decidir (desde el punto de vista legal).
  2. Que alguien acredite fehacientemente cuáles son las decisiones que los órganos municipales adoptan.
  3. Que alguien controle la cuestión económica.

A lo que habría que añadir una cuarta razón: si es conveniente que en todos los ayuntamientos funcionen bajo cierta uniformidad.

Si aceptamos las premisas anteriores, debemos apostar por dos cosas: primero la máxima preparación de los FHE cuando acceden a sus puestos y segundo la garantía de la máxima independencia en la función. A propósito de la máxima independencia, ya fue un gol por toda la escuadra lo de la libre designación. Nunca alcanzaré a comprender que alguien sea designado libremente y normalmente con una buena remuneración, para controlarle. Y que no se pidan razones del nombramiento, o sea, que se nombre al más amiguete, que no el más preparado. Es ridículo. Y tan ridículo como esto es sostener esa bonita teoría de las funciones directivas, dicho en términos de derecho comparado, confundiendo nuestro sistema con un sistema tipo gerencial anglosajón.

Esas son las decisiones que hay que adoptar y no otras. Y realmente los FHE podemos estar preocupados en realidad no por la desaparición de nuestros puestos, supongo que si dejamos de ser FHE nos integrarían en otros puestos, hasta sería más cómodo decir al político de turno lo que quiere oír y no lo que debe oír. Debemos estar preocupados sobre todo porque no nos dejen hacer con libertad e independencia aquello que la ley dice que debemos hacer.

2 Comentarios

  1. Querido Ignacio:
    Pones el dedo en la llaga.
    El problema no es que desaparezcan o no los FHE, con independencia de que podamos sentirnos más o menos de acuerdo con la medida, sino que, si el Estado y las Autonomías deciden optar por el descabezamiento de cualquier tipo de control, no intenten hacer creer a la ciudadanía que se someten al estado de derecho en su más amplia extensión y se sinceren y reconozcan abiertamente que no quieren ser controlados.
    Que intenten convencer a los ciudadanos de que la falta de control es la mejor forma de alcanzar unos objetivos presididos por el interés general.
    Que sean los ciudadanos quienes decidan si se fían de una clase política «vocacional» y desinteresada no necesitada de controles.
    El tema de la libre designación daría para cientos de post, pero alguna vez deberíamos dar un puñetazo sobre la mesa y tomar decisiones todo el colectivo. ¿Que pasaría si nadie de nosotros optará a un puesto por libre designación?. No es tan difícil. Pero bueno tampoco sería tan difícil que no hubiera convertido en lo corriente la aprobación de baremos específicos y hasta el concurso en el que incluyen se denomina ordinario frente al concurso unitario que se agota con unas pocas plazas ofertadas. ¿el concurso ordinario no es también una unidad?.
    Felicidades Ignacio. Al menos queda la tranquilidad de denunciar y plantear temas para la reflexión, aunque no lleguemos mucho más allá.

    Jesús Santos

  2. El problema de fondo tal y como yo lo veo, es que quien toma las decisiones, sobre si ha de haber un control en las Corporaciones Locales, también es parte interesada en el tema (Políticos que tienen un interés corporativo en que el «control» sobre su casta, quede bajo su control).

    Pero no creo que a los Políticos les interese una falta completa y absoluta de todo mecanismo fiscalizador, porque tal cosa podría hundir al sistema y con ello el modo de vida tan privilegiado de la clase política, que se sostiene gracias a unas apariencias y tópicos muy extendidos (de Democracia, de Estado de Derecho, de orden, de control, de normalidad, de europeidad, de modernidad, etc.). En otras palabras: los políticos españoles, debido al contexto socio-económico actual, tampoco pueden ahora mismo, poner la Administración Pública española al nivel de la sudanesa, en cuanto a corrupción, por más que quieran, porque necesitan mimetizarse con el ambiente externo a sus bajos instintos y mentalidades, lo cual les impone unas exigencias de imagen para la propaganda de su gestión.

    Desde luego, los profesionales que nos dedicamos a esto, también tenemos interés en la cuestión, pero no decidimos la regulación que se establece. Y además ocurre que muchos habilitados, tampoco son partidarios de que haya control en las Corporaciones Locales, porque se benefician de que no le haya, tanto como los Políticos. Muchos habilitados ni siquiera tienen tampoco las «feas» costumbres del reparo y del informe contrario y ven eso como cosas desagradables que les hacen quedar mal y que perjudican su reputación profesional y su carrera. De hecho, a bastantes compañeros, les va mejor ahora que hacen de gerentes en sus Corporaciones Locales o de «libre» designados o de comisionados vitalicios de servicios, que si se estableciera un sistema uniforme de funcionariado, puramente controlador en las Entidades Locales, independiente y retribuido de manera objetiva por el Ministerio.

    De todas formas y para deshacer cualquier sombra de corporativismo que pueda planear, tanto en un lado como en otro (en el de los Políticos y en el de los Burócratas afectados), yo lo que quiero es que decida el conjunto de la ciudadanía: el régimen local que quiere tener, la función pública que debe haber y los controles que se han de imponer sobre la gestión de las Corporaciones Locales.

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