La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas nos anuncia que, cuando se produzca su plena aplicación, habremos llegado a la tierra prometida de la administración electrónica, despidiéndonos del obsoleto desierto de la burocracia tradicional. Pero la citada Ley es un poco fanfarrona y presume más de lo que en realidad es.

De un lado se atribuye el mérito de la implantación de la administración electrónica, si bien fue la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la que consagró el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones. Otra cosa es que ese derecho no se haya respetado en diversas, por no decir abundantes, ocasiones. Esperemos que ahora sí se cumpla en todo caso.

De otra parte parece obviarse que la nueva Ley, como no podía ser menos, respeta el derecho de los ciudadanos a relacionarse de modo personal con la Administración. Ciertamente no es cosa de exigir a nuestros ancianos menos adaptados a las nuevas tecnologías que se pongan a aprender el uso de dispositivos electrónicos.

Pero hay una zona oscura en la implantación de la interconexión ciudadanos-administraciones, la de los pequeños Ayuntamientos. Cierto es que la Ley aventura soluciones, pero la inquietud es si serán realmente operativas el próximo octubre.

En España, de los 8125 municipios existentes (según el padrón a 1 de enero de 2016), sin considerar Entidades Locales Menores, 4955 (61%) no alcanzan los 1000 habitantes, llegando hasta los 6825 (84%) los Ayuntamientos de poblaciones inferiores a los 5000 habitantes. Como es lógico los recursos económicos de esta gran mayoría de Ayuntamientos son bastante limitados, a pesar de las excepciones de pequeñas Entidades con gran riqueza. Y la limitación económica suele llevar aparejada limitación de recursos, tanto humanos como tecnológicos.

Confiamos en que en su momento estará plenamente disponible el Registro Electrónico General en todos los Ayuntamientos, bien por su creación, bien, en la mayoría de los casos, por su adhesión al del Estado. Pero si de verdad queremos llegar a la tierra prometida de la Administración Electrónica, no es suficiente, es imprescindible además que las calderas de la asistencia a Municipios de Diputaciones y Comunidades Autónomas trabajen a pleno rendimiento.

Las Entidades Locales van a tener que hacer un esfuerzo importante para contar con la tecnología adecuada, tanto en equipos como en aplicaciones. Y para ello necesitarán ayuda, financiera y en asesoramiento. Hemos visto a Ayuntamientos dotarse de soluciones a medida carísimas, desarrolladas por prestigiosos consultores, que para el tamaño de Administración en que se aplicaba funcionaban bastante peor que otras de uso corriente mucho más económicas. También hemos visto soluciones chapuceras que pretendían implantarse por la vía de ponerse el sello de una marca de prestigio en otros ámbitos municipales.

Pero el reto no es solo inversor. También es fundamental el desarrollo de unos planes adecuados y suficientes de formación del personal de la Administración Local. Y en este aspecto es importante que la formación sea efectiva. No es suficiente con obligar a los funcionarios a asistir a charlas o a pasar unos autotest que se hagan en comandita sin control efectivo de la evaluación. Es necesario asegurarse que la cultura electrónica cala en el personal.

Y para llegar a buen puerto en esta singladura es necesario que haya un líder, un abanderado de la Administración Electrónica en cada Ayuntamiento y que se dote a dicha persona de verdadero poder de decisión en la materia. Y para ello no servirá un Alcalde con apoyo mayoritario popular pero sin conocimientos tecnológicos avanzados. Ni un técnico de primer nivel sin capacidad de transmitir a los demás conocimientos y, sobre todo, entusiasmo.

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