La Comisión europea acaba de publicar una “guía” que recoge las propuestas sintetizadas por varios especialistas con el fin de facilitar la actuación de las autoridades locales en el impulso de las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones.

Mucho se insiste en la necesidad de realizar inversiones en las redes ante el imparable incremento del uso de las telecomunicaciones o en las exigencias que derivarán de las relaciones entre los objetos a través de Internet. Una adecuada conexión resulta indispensable para el anhelado desarrollo económico y, sobre todo, lo que es más importante, para garantizar el desenvolvimiento de tantas aspiraciones personales, satisfacción de derechos sociales y de participación ciudadana en la sociedad actual.

De ahí que hace tiempo las instituciones europeas señalaran como empeño en su Agenda digital alcanzar el horizonte de una amplia cobertura de Internet a buena velocidad en el año 2020; año en el que “todos los europeos deben tener acceso a Internet a velocidades superiores a 30 Mbps y el cincuenta por ciento o más de los hogares europeos deben estar abonados a conexiones de Internet de velocidad superior a 100 Mbps. Sin embargo, las autoridades españolas deberían establecer los instrumentos para acelerar el paso y conquistar antes este horizonte, porque ya otros Gobiernos europeos han anunciado su propósito de conseguir que toda su población pueda en el año 2018 contar con una velocidad de 50Mbps por segundo.

Y de ahí la importancia de esta guía que recuerda las posibilidades que tienen las autoridades locales para contribuir al establecimiento de nuevas infraestructuras. Porque las empresas de telecomunicaciones tienen su propio interés mercantil en la expansión de sus negocios. Los datos publicados por el Ministerio reflejan la gran fisura en la extensión de la fibra óptica. Casi el sesenta por ciento de la población española cuenta con un posible acceso a una velocidad de 30Mbps y se advierte cómo son las zonas más pobladas son las que acogen la expansión de las redes y fibras de alta velocidad. Pero más de trece millones de españoles no cuentan con la posibilidad de acceso a una banda de 10Mbps.

Es cierto que una reciente Directiva ha previsto la introducción de medidas -como la utilización conjunta o agilizar los procedimientos administrativos- para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad (Directiva 2014/61, de 15 de mayo). Pero aún así, conviene reconocer más protagonismo a las autoridades locales. Algo que vengo defendiendo desde la publicación de mi libro sobre la configuración de las redes inalámbricas como servicios locales y que ahora, ante los avances técnicos, hay que atender con mayor conciencia. Porque no se trata sólo de garantizar un acceso a Internet en los lugares públicos (bibliotecas, parques, autobuses, etc…) sin entrar en competencia con las empresas operadoras sino que, ante lo costoso de estas inversiones, hay que considerar en las ventajas de afrontar esta infraestructura desde el poder público en todas aquellas zonas desatendidas por las empresas privadas.

Esta guía enuncia de manera muy sencilla las sucesivas actuaciones que las autoridades deben atender para llevar a cabo sus proyectos: teniendo en cuenta la situación de la que se parte, las condiciones orográficas, la evolución de la población; considerando las diferentes alternativas tecnológicas, las ventajas de unas sobre otras, los medios de financiación, los modelos de gestión… mostrando cómo hay infraestructuras exclusivamente públicas en localidades suecas o finlandesas, otras que se otorgan en concesión a empresas privadas en localidades francesas e italianas, fórmulas mixtas e, incluso, redes que se promueven por vecinos.

 

En fin, un documento que vuelve a iluminar un ancho campo de actuación para los Ayuntamientos.

2 Comentarios

  1. Gracias, Mercedes, por tu interesante artículo. Lástima que los esfuerzos de la Unión Europea para extender la cobertura de internet a toda la población no siempre encuentre el suficiente eco en nuestras administraciones.
    ¿Qué opinas de la regulación que la reciente Ley General de Telecomunicaciones hace de la instalación y explotación de redes públicas y la prestación de servicios de telecomunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros por las administraciones públicas? (art.9). Parece que la única vía que permite es la gestión directa a través de un operador controlado directa o indirectamente por la administración titular de la infraestructura en cuestión lo que, por ejemplo para muchos pequeños ayuntamientos, supondría un problema dadas las dificultades para constituir nuevas sociedades públicas.
    Gracias.

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