El agua es fuente (nunca mejor dicho) de la preocupación europea. Se calcula que las pérdidas en las redes pueden causar hasta el 70% de derroche del agua suministrada a las ciudades europeas. Por eso las autoridades de Bruselas están intentando detener este despropósito a través de algunos mecanismos.
Los municipios españoles están especialmente interpelados en este asunto pues la gestión y el suministro de agua es uno de sus cometidos más tradicionales. Según un informe aprobado a principios de verano por el Parlamento europeo, el agua es un “bien común de la humanidad” debiendo ser el acceso a tal bien un “derecho fundamental y universal”. Confieso que no me gustan estas declaraciones tan altisonantes pero me parece que, referidas al agua, están bien empleadas. Esa idea de los “bienes comunes de la humanidad” se está perfilando entre los especialistas y es bueno que se avance en su definición y en su contenido porque ya las viejas clasificaciones de bienes se nos han quedado un poco cortas como consecuencia precisamente de la globalización. Un bien como es el agua necesita ser contemplado más allá de las fronteras políticas tradicionales; nosotros -me refiero a los españoles- comprendimos esta idea de forma temprana y alumbramos la fórmula de las confederaciones hidrográficas y de la gestión de cuenca como un claro precedente de la necesidad de atender a los dictados de la geografía antes que a los imperativos artificiales de las divisiones políticas.
También está bien echar mano del concepto jurídico del derecho fundamental que está ya muy definido y por eso puede resultar útil. La jurisprudencia de los Tribunales, especialmente de los Constitucionales, es muy expresiva al respecto. Desde luego lo es la del español que ha bebido en la mejor fuente imaginable (seguimos con las imágenes hídricas), la que mana del Tribunal alemán que ha dotado de una recia musculatura a tales derechos desde fechas bien tempranas (cabalmente desde los incios de su andadura en los años cincuenta del pasado siglo).
Según el Parlamento europeo, la Comisión europea y los gobiernos de los Estados miembros han de recurrir a un sistema de tarificación del agua acomodado a los principios del “contaminador pagador” y del “usuario pagador” aunque teniendo en cuenta las implicaciones sociales de unas tarifas tan singulares como son las que afectan al agua.
Será necesario revisar las subvenciones que recibe el sector pues se ha demostrado que viven en una indeseada anarquía. La racionalidad en su otorgamiento deberá pasar por la obligación de aprobar “planes de gestión del agua” que incluya el ahorro y la eficiencia en su utilización, ideas estas que muchos agricultores ya están aplicando sobre todo para mejorar la calidad de las aguas subterráneas.
Un dato curioso: sabemos que las banderas azules en las playas se han convertido en un distintivo de mucha repercusión en el turismo porque se otorgan con seriedad y ello lleva la tranquilidad a los bañistas. Pues bien, el Parlamento europeo propone que este mismo sistema se emplee en los lagos y, en general, en todos los cursos fluviales.
En noviembre próximo será la Comisión europea la que presente un programa que pretende ser completo de “salvaguardia de los recursos hídricos de Europa” con el horizonte del año 2020.
Conviene estar atentos a él como conviene que los municipios no pierdan de vista las novedades que en materia de agua lleguen desde las instituciones europeas. Me parece que tal prudente disposición de ánimo deberá ser clara como el agua.
Y como tal bien común de la humanidad, la gestión del agua debería ser competencia exclusiva de las administraciones públicas, retornando a éstas las concesiones ya efectuadas a manos privadas y no realizando más externalizaciones como la que pretende ahora la Generalidad de Cataluña con la Agencia Catalana del Agua.
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