Me alegra que la situación de los funcionarios locales con habilitación nacional haya saltado a la prensa generalista («El Confidencial», en este caso). No es la primera ocasión ciertamente, pero cada vez se ofrecen a los lectores datos más alarmantes.
Este Blog no ha descuidado este asunto, mi pluma y la de otros colegas mejor documentados que yo lo ponen de manifiesto.
Adquiere ahora especial dramatismo el número de interinos que se multiplica porque el ritmo de la convocatoria de oposiciones no es el adecuado. Ya no existen convocatorias nacionales, troceado como está en España todo lo que se ha podido trocear, y, para mayor desgracia, las plazas no se cubren. Hay falta de candidatos, y ello es debido a que las pruebas no son fáciles, pero también a las dificultades de ejercicio de una profesión cuyos miembros viven entre el agobio de un trabajo delicado y la desesperante proximidad del político.
Decía Posada Herrera, que fue ministro de la Gobernación con el general O´Donnell en el «gobierno largo» de doña Isabel II: «gimo entre el expediente y el pretendiente» (se refería a quienes aspiraban a que les diera un empleo).
Pues bien, el actual secretario, interventor o tesorero gime entre las montañas de expedientes y el cercano aliento del alcalde, que le pone el sueldo, y los miembros de los grupos municipales, que le vigilan.
Atrapados en esta circunstancia, les acecha un nuevo peligro: el de acabar en un juzgado de lo penal con una querella que les va a amargar la vida durante años con un poco de mala suerte.
El funcionario local se halla así tan angustiado por el cumplimiento de la legalidad como agobiado por el visto bueno y la firma de cualquier papel.
El resultado es la melancolía entre los más optimistas y la desesperanza entre los más realistas.
Si todo esto no fuera suficientemente deprimente, hay centenares de estos funcionarios que han de atender simultáneamente a varias corporaciones porque estas son incapaces de disponer de personal a tiempo completo por ausencia de recursos.
Una situación que recuerda a la de la Iglesia católica, cuyos curas saltan de parroquia en parroquia administrando como pueden los sacramentos más indispensables. Pero todos debemos convenir que la política eclesiástica en materia de personal no es precisamente un modelo a seguir.
En cuanto a las laicas corporaciones locales, la denuncia de la multiplicación de los funcionarios en varios términos municipales pone sobre la mesa otra cuestión que también he traído a este Blog con frecuencia.
Me refiero a la necesidad de coger un lápiz y dibujar un nuevo mapa municipal. Si un municipio no puede mantener un secretario ¿no es hora de que se plantee que acaso no es una Administración seria? ¿no será más bien una especie de visión quimérica, la figuración de una imaginación exaltada?
Mi convicción es que para que viva un mundo local sano es necesario que mueran muchos municipios.
Y para que viva un funcionario respetado y eficaz deben morir las mil corruptelas de mala administración que le hacen sobrevivir en un bucle agónico.
Los municipios son tradición de siglos, y la legislación bifronte no tiene en cuenta al casi 80% de estos. Opino que sería más serio y adecuado a la realidad legislar para estos y no para el otro 20%, que es lo que sucede actualmente.
A esto todo se une que los sueldos en los municipios no son atractivos, en comparación con los de las comunidades autónomas o estado. Quién ha trabajado en ambos sitios, sabe que el nivel de estrés y dedicación es mucho mayor en un ayuntamiento, por lo que debían de estar mayor remunerados comparativamente con puestos en las comunidades autónomas. Cosa que no sucede.
Los sueldos no atractivos son los de los municipios pequeños porque los de los municipios medianos y grandes son «demasiado» atractivos
No es cierto, nivel 30 de entrada y unos específicos inimaginables en el Estado o las CCAA.
Los funcionarios locales con habilitación estatal tienen una configuración profesional que puede facilitar su hostigamiento laboral en las entidades locales. Para empezar, tienen al Presidente de la Corporación como jefe de personal y al Pleno de la misma que decide sobre sus retribuciones. Esas circunstancias no son un punto de partida muy adecuado para combatir el caciquismo y la corrupción dentro de una entidad. A propósito de lo anterior, cabe recordar que el motivo o la finalidad para la creación de los Cuerpos nacionales correspondientes a dichos funcionarios, en 1924, fue precisamente la erradicación de las mencionadas lacras. Y sin embargo, una misión tan digna y tan necesaria (hoy como ayer) se ha venido a deslegitimar por los caciques y sus acólitos (como era de esperar), desde hace muchos años, pero también ya dentro del periodo post-franquista denominado «Democracia española»; y ello con un argumento inválido, pero que les ha funcionado como si fuera válido, porque tenían el poder político, a saber: como esa iniciativa anti-caciquil y anti-corrupción se aprobó bajo el mandato de un dictador (Miguel Primo de Rivera) es mala por definición, sin tener que aportar más razones. O sea: un ejemplo perfecto de falacia «ad homine», similar a decir que un pantano está mal construido, ya que sus obras se realizaron cuando gobernaba Hitler en Alemania.
Pero volvamos al asunto del acoso laboral: en España se sabe de otros colectivos funcionariales que soportan situaciones de maltrato, como el personal docente o el sanitario (incluso hay agresiones físicas recurrentes). De todas formas, quizá sea más interesante centrarnos aquí en un personal que sea más parecido a nosotros y que, sin embargo, no sea victimizado por autoridades y empleados municipales o por vecinos; pues tal vez en ese contraste se obtenga más luz para visualizar el problema en cuestión de los FHN. Y así, podemos tomar el caso de los inspectores autonómicos sectoriales (en materia urbanística o ambiental): yo no tengo noticia de ninguno acosado por hacer su trabajo o por cumplir la ley con respecto a las entidades locales visitadas ¿Por qué? Se me ocurren algunas respuestas: 1ª) Faltan una convivencia constante y una confianza excesiva que favorecen las marrullerías y los abusos de sujetos tóxicos 2ª) Están fuera de la organización local y con ello fuera del alcance de las conductas psicopáticas de sus gestores 3ª) Suelen estar investidos de la condición de autoridad en las leyes correspondientes (lo cual agravaría la responsabilidad en el supuesto de infracciones cometidas contra ellos) 4ª) Aunque faltara lo anterior, tienen como herramienta de trabajo un acta de inspección en la cual pueden reflejar lo que se les haga (con presunción de veracidad) y eso sirve para probar «Iuris tantum» infracciones administrativas que con frecuencia contemplan las normas sectoriales aplicadas por dichos funcionarios, como por ejemplo: la obstrucción a la labor inspectora. 5ª) Al pertenecer a una Administración distinta, se hace más previsible que dicha Administración pueda, no solo sancionar a la entidad local, sino también proteger jurídicamente a dichos inspectores; sin que estos tengan que defenderse personalmente acudiendo a la lotería judicial penal; o sea: lo contrario de lo que les pasa habitualmente a los FHN, que no reciben protección jurídica de la Administración local, cuando son acosados por sus caciques locales.
La inmensa mayoría de los Municipios españoles tiene menos de cinco mil habitantes (casi el 85% de los Municipios españoles). Pero, si a la hora de precisar la regulación, se atendiera de manera preferente a esas Administraciones locales, se estaría legislando para alrededor de cinco millones de ciudadanos (esto es, aproximadamente un 14% de la población española).
Entre los objetivos del régimen local está el conseguir que los vecinos cuenten con similares niveles de calidad en prestación de los servicios públicos. También que las reglas de organización de esas Administraciones sean comunes para evitar, por ejemplo, la corrupción, o para garantizar la seguridad en las comunicaciones electrónicas porque un fallo en un pequeño eslabón de una cadena puede romper la misma. De ahí la necesidad de que toda Administración cuente, por un lado, con recursos económicos y personales suficientes que permitan ofrecer una adecuada prestación de servicios y, por otro, con instrumentos jurídicos que aseguren el correcto cumplimiento de las normas.
A ver, tampoco hay que intentar parecer un mártir, cuando dice que «tienen» que atender varios municipios, será porque quieren, nadie está obligado, pero la acumulación es muy golosa y lucrativa, y nos más el dinero que un caramelo a un niño.
Con todo respeto por este interesante artículo, cualquier persona funcionaria de la administración local con HN, si hace bien y honradamente su trabajo no estoy de acuerdo en que viva «entre el agobio de un trabajo delicado y la desesperante proximidad del político». Totalmente en conformidad con las opiniones de Sebas. Infinitamente más delicado es el oficio de médicos, cirujanos, oncólogos u oftalmólogos (a título de meros ejemplos) y no veo yo que se quejen tanto estos colectivos.
Y, en cuanto al hecho de trabajar con políticos/as, nadie obliga a los FHN a serlo. Va en el cargo, y lo saben. Y a muchos hasta les gusta, aunque se quejen y exageren constantemente.
Es incierto, a mi entender, que «los miembros de los grupos municipales les vigilen». Al contrario, hacen su trabajo, que es preocuparse y ocuparse de los asuntos municipales.
No estoy tampoco de acuerdo en que sea un trabajo deprimente; al contrario, si se hace bien es constructivo y refuerza la autonomía local que proclama nuestra Constitución. Y, además, demasiado bien remunerado, a mi modo de ver, si lo comparamos con los salarios de médicos, profesores, letrados municipales o técnicos de gestión, por poner un ejemplo. Si los FHN hiciesen el trabajo que estrictamente les encomienda su normativa, quizás sus salarios podrían reducirse en alrededor de un 25%, como mínimo, y emplear estos recursos en dotar las plantillas con más personal técnico cualificado.
Por último, totalmente a favor y mi enhorabuena al profesor Sosa Wagner cuando concluye que «para que viva un mundo local sano es necesario que mueran muchos municipios». Y que «para que viva un funcionario respetado y eficaz deben morir las mil corruptelas de mala administración que le hacen sobrevivir en un bucle agónico».
Exceso de municipios, secretarios, interventores, tesoreros, concejales, diputados provinciales… y falta de mano de obra técnica bien remunerada que haga realmente el trabajo que todos los anteriores parece que les parece agobiante, deprimente… pero que entre todos pagamos para que se haga.
A ver si el bucle de la agonía de los FHN se para de una vez y se les cortan por fin los privilegios viejunos que tienen. Y que vivan los funcionarios locales comprometidos con sus municipios y sus funciones: eso sí, remunerados como les corresponde.
A esto de arriba me refería con lo de «acólitos» de los caciques, es decir: a los mercenarios que no están comprometidos con la Democracia, con el Estado de Derecho, con los Derechos fundamentales, con la ética pública, ni con la ética profesional; sino con el cortijo de sus señores, los cuales pagan a aquellos para que defiendan sus intereses y ataquen a sus críticos. Y a eso le llaman hacer bien y honradamente su trabajo. Los otros somos vagos y maleantes, además de privilegiados a los que hay que exterminar, para que prosperen mejor los corruptos, los golfos, los trepas y los enchufados.