Ahora dirán que ya lo decían…

A veces uno tiene la sensación de clamar en el desierto. Leyendo Ley tras Ley de procedimiento, de régimen jurídico, de subvenciones o de contratación pública de muchos de los Estados de la Unión Europea -de las de contratos elegiría la francesa-, he afirmado en numerosas ocasiones, y escrito en diversos trabajos, que nuestra legislación del sector público es un delirio hiperregulatorio que hace a nuestro sector público menos competitivo, a nuestras políticas públicas más ineficientes. Las proclamas, o soflamas, sobre la lucha contra la corrupción o el uso estratégico de la contratación o las subvenciones públicas y los nuevos paradigmas han sido, en este contexto, poco más que afirmaciones oportunistas de quienes cabalgaban a lomos de un modelo que postulaba una visión y concepción de lo público que poco o nada aportaba al país. Hemos asistido en estos últimos años a una competición política y doctrinal para ver quien proponía la norma más restrictiva, más dura, más rígida, más basada en la desconfianza. Pero han sido una magnífica coartada para los ideólogos de la lucha contra lo público.

Mientras tanto, lo cierto es que el sector público ha sufrido los excesos de una normativa de complejidad desconocida en el resto de la Unión Europea, una normativa en la que se pretendía basar una lucha preventiva contra la corrupción que provocaba la hilaridad de los corruptos, que no suelen reparar en leyes, una normativa que abocaba al colapso, a una gestión presupuestaria imposible. Claro que para esa normativa el efecto presupuestario del colapso procedimental que con ella se genera parece irrelevante. Porque el quebranto de la programación presupuestaria pública que la sobrerregulación genera, tan doloroso para el gestor público, parece no serlo para los demagogos o ideólogos contra lo público. No faltaban, tampoco, quienes alimentaban a los burócratas de Bruselas para que, informe tras informe, pidiesen más y más, obviando que pedían a España más que a muchos otros Estados miembros, acaso a los que perciben como suyos, a los del Norte, que habían regulado de forma más simple en desarrollo de las mismas Directivas.

Ahora algunos se rasgan las vestiduras en este país nuestro, de Lazarillos y Quijotes, porque tenemos un bajo porcentaje de ejecución de fondos europeos, porque nuestros medios propios no funcionan, porque son puestos en cuestión por las autoridades europeas no tanto por incumplir normativa europea, que no la incumplen, cuanto por incumplir la delirante normativa que nos hemos dado. Porque delirante es que quien controla al medio propio, lo nutre de recursos, aprueba sus estatutos y realiza los encargos tenga que establecer en sus estatutos, que esa misma autoridad aprueba, que es medio propio, y que apruebe sus tarifas para sus propios encargos, porque si no, no lo es… pero todo podía sacrificarse en la pira de la inquisitorial lucha contra la corrupción, en esa enfermiza persecución de lo que algunos consideran “espacios de impunidad” quizá porque desconocen el día a día de los gestores públicos de cualquier ámbito, de los que aprueban planeamiento, de los que tramitan subvenciones, de los que promueven contratos, de los que preparan normativas para una u otra cuestión, de todos ellos… la agresión dialéctica a la público a y la gestión pública estaba de moda, vendía… y se cobraba.

Suma y sigue. En la gestión pública la labor callada de muchos gestores ha tratado de salvar las dificultades provocadas por una Ley como, por ejemplo, la de contratación pública de 2017, absurda, pensada desde los sanedrines madrileños de Nuevos Ministerios, como casi todas las normas básicas, pensando más en los contratistas que en los adjudicadores… las puertas giratorias actúan con gran eficiencia cuando de elaborar en lo público normas que se aplican en lo privado se trata… La vigente normativa de contratos públicos, impuesta desde Nuevos Ministerios, sin consulta alguna a sus destinatarios del sector público, es más una normativa de contratistas, lo he afirmado y escrito en multitud de ocasiones. Una burocracia imposible para la administración y garantista para los licitadores y contratistas no produce otro efecto que generar inseguridad en la actividad contractual de la administración y expectativa de beneficio, aun sin ejecutar prestación alguna, en los contratistas maliciosos. Cualquier gestor público de obra pública sabe cómo y con quién se levantan las actas de inicio, más abogados que técnicos, cuál es el primer debate con el contratista que ha ofertado la mayor baja, lo ajustados que considera los precios, el via crucis que supone pasar de la estructura a la obra civil, tras agotadoras discusiones sobre calidades, materiales y programas del edificio… pero todo eso no es importante. La ineficiencia de nuestro sector público es irrelevante, todo puede sacrificarse en la pira del populismo jurídico, de quienes reclaman transparencia de otros sin aplicarla a sí mismos.

Todo lo anterior es frustrante, sin duda. A quienes no tuviesen la suficiente capacidad de resistencia, aunque no hagan ostentación pública de ello, les haría desistir del empeño. Pero no es suficiente. Aún. Todo puede empeorar. Ahora resulta que esos problemas, que, salvo la crítica al gestor considerándolo deficientemente formado, no han generado reacción alguna para tratar de mitigar las ineficiencias generadas por la norma, el déficit de competitividad de nuestras políticas públicas y de nuestro sector público -cuesta más contratar que ejecutar lo contratado-, son atendidos cuando de transferir recursos públicos, españoles y europeos, a grandes empresas se trata. Ahora resulta que son las organizaciones empresariales, defendiendo legítimamente sus intereses, atendidas por grandes bufetes de abogados, defendiendo legítimamente a sus clientes, las que van a resolver los problemas regulatorios del sector público. Y lo van a hacer eximiendo del cumplimiento de esa hiperrregulación delirante que impide al sector público gastar, y a ellos cobrar. Laminando la justificación de la necesidad del contrato, la intervención previa, la consignación presupuestaria previa, la aprobación previa del proyecto de obras, la aprobación del proyecto por las autoridades europeas… todo es licitable, todo es subvencionable, todo es planteable a la administración porque la iniciativa privada lo puede todo, lo sabe todo… y lo público no sabe nada… la iniciativa privada planteará contratos de obra, sin proyecto, de concesión, sin consignación presupuestaria, de asociación para la innovación, sin necesidad pública previa declarada, consorcios a los que aportará su personal, pagado con fondos públicos, eso sí… todo es planteable, y si luego no se adjudica lo público pagará el proyecto y los daños y perjuicios. Ese es el modelo. Poco tiene que ver con la recuperación, transformación y resiliencia del país, con su futuro, y mucho que ver con su pasado. Todo.

Lo triste es que ahora algunos dirán que ya lo decían, que nuestra normativa era ineficiente, excesiva, absurda. Los mismos que exigían más y más regulación para lograr no se sabe qué, que criminalizaban a todos los gestores públicos porque estaba de moda y generaba réditos electorales, que proponían norma tras norma para asfixiar un sector público que desconocían totalmente, ahora piden simplicidad, agilidad, eficacia… todo a mayor gloria del gasto. La Unión Europea nos da dinero, los amos quieren dinero. Ahora sí, ahora sobran normas absurdas. Hay que gastarlo, hay quien quiere cobrarlo. Gastemos.