Todos somos conscientes de que los sistemas democráticos y la legitimación democrática de la Administración pública tienen sus servidumbres e, inevitablemente, sus ineficiencias. La democracia opera mediante lógicas deliberativas que retrasan e incluso bloquean la toma de decisiones en un entorno cada vez más complejo que demanda respuestas rápidas y sólidas. Los periódicos procesos electorales generan, cada cierto tiempo, largos momentos de letargo administrativo. Estas disfunciones adquieren ahora mucha más trascendencia ante el desgaste social de las democracias y la comparación con países autocráticos que se muestran mucho más competitivos y robustos en un contexto de competencia mundial. Por tanto, la ciencia política debería explorar mecanismos para que el binomio democracia y buena gestión pública alcance mejores complicidades y afecte lo menos posible a la efectividad institucional.
Pero en nuestro país parece que vamos en la dirección contraria. Causa cierta sorpresa que, en nuestro sistema de gobierno multinivel, el hecho de que se convoquen elecciones en un determinado Gobierno afecte también al resto de niveles gubernamentales y administrativos. La maquinaria política y, con ella, buena parte de la administrativa no entran en letargo solo en la Administración que convoca las elecciones, sino en todas ellas y a todos los niveles. Esta interferencia intergubernamental e interadministrativa tiene consecuencias demoledoras. En nuestro sistema las elecciones suelen celebrarse cada cuatro años, pero, al contar con modelos parlamentarios, pueden adelantarse con frecuencia en los niveles estatal y autonómico. Tenemos elecciones locales y europeas fijadas cada cierto período de tiempo, y estatales y autonómicas con frecuentes adelantos electorales. Si juntamos todas estas convocatorias, resulta que en un mismo territorio la ciudadanía tiene que acudir a las urnas entre cuatro y seis elecciones cada cuatro años. Que se paren las máquinas políticas y administrativas al menos una vez al año es un auténtico despropósito.
Pongamos el ejemplo de los gobiernos locales. En mis conversaciones con cargos políticos y profesionales de este ámbito suelen aparecer desde hace unos meses comentarios sobre las prisas que todos tenemos por finalizar lo pendiente antes de estas navidades. Las elecciones de mayo implican que a partir de enero se vaya al ralentí y todo se pare literalmente a partir de abril hasta, en la práctica, el próximo septiembre. Cada apertura de urnas suele implicar un parón o semiparálisis de entre cinco y seis meses. Pero esta ocasión todo empezó cuando Pedro Sánchez convocó elecciones generales. Las prisas se desataron, ya que las actividades externas de todas las administraciones quedarían anuladas al iniciar la campaña electoral. En este caso, la semi o total parálisis en nuestras corporaciones locales puede llegar en la práctica a casi diez meses. Y mucho me temo que los ayuntamientos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía todavía no han tenido tiempo de retomar la velocidad de crucero desde sus últimas elecciones autonómicas.
Encuentro totalmente inexplicable que se haya anulado un enorme volumen de actos institucionales (encuentros, jornadas, seminarios, congresos, etc.) de carácter ordinario y técnico en administraciones que no tienen ninguna relación con la Administración General del Estado. No paro de recibir mensajes cancelando compromisos para eventos internos sin ninguna trascendencia externa y totalmente alejados de lo que podría considerarse marketing político o institucional. Cualquier actividad política y administrativa es observada con suspicacia por las juntas electorales, que consideran que cualquier actuación administrativa es sospechosa de ser mera propaganda electoral. No tenemos más que mirar el contrapunto que ofrecen otros países de nuestro entorno. En Alemania, por ejemplo, donde conviven elecciones federales (Bundestag), de los Länder y municipales en un complejo engranaje territorial, la maquinaria pública ordinaria no se paraliza por el mero inicio de una contienda electoral. La sólida profesionalización de su burocracia técnica e independiente permite delimitar con claridad la contienda política de la gestión pública rutinaria. La convocatoria de comicios en el gobierno federal no supone congelar la agenda técnica ni suspender los congresos, jornadas técnicas y otras actividades de un Land o de un ayuntamiento, garantizando la continuidad institucional sin sacrificar las garantías democráticas.
Es obvio que en nuestro país los partidos políticos se apuntan con entusiasmo a estos parones, ya que no se fían unos de otros y, además, les viene de perlas que sus cargos institucionales, de cualquier nivel, dediquen gran parte de su tiempo a la confrontación electoral, aunque les quede muy distante a nivel institucional. Las reglas del juego democrático no exigen este tipo de rupturas temporales tan frecuentes y dilatadas como las que acontecen en nuestro país.
En conclusión, urge replantear las reglas de la contienda política y la doctrina hiperreguladora de las juntas electorales para blindar el funcionamiento de las instituciones públicas. Si la democracia aspira a preservar su legitimidad frente a modelos autoritarios que presumen de mayor agilidad, no puede permitirse el lujo de autoimponerse la parálisis institucional como rutina. Garantizar la neutralidad electoral debe ser compatible con proteger la continuidad administrativa; lo contrario no es prudencia democrática, sino una abdicación de la responsabilidad pública que debilita el propio corazón del Estado de derecho.
