Veo en los periódicos fotos de calles inundadas, de casas sumergidas en lagunas, de huertas invadidas por los ríos. Muchos pueblos de España están anegados. En Córdoba, en Jaén, en Madrid y en otros muchos sitios. Es cierto que está lloviendo a mares. Que estamos penando por algún pecado cometido, del que no tengo conciencia, pero que muy grave tiene que ser para que no pare de llover.
Pero es cierto también que en muchas noticias aparece la referencia a la ilegalidad de la urbanización, del poblado irregular, de que el asentamiento se levantaba sobre dominio hidráulico. Y pienso: tantas leyes del suelo, que impiden construir en las zonas de riesgos; tantos planes y proyectos, con sus estudios contrarios debido a los peligros que advierten y, sin embargo, esos planes se ejecutan con complacencia; tantas licencias, que amparan ilegalidades; tantas construcciones que prescinden de seguir cualquier permiso y se levantan con desparpajo; tantos controles por el Registro de la Propiedad, desde hace ya casi veinte años; tantas Confederaciones hidrográficas con sus planes y exigencias de autorización, para que nada haya cambiado y las ilegalidades campen con libertad donde les plazca. No tenemos remedio. Mucha agitación y energía para hacer normas, planos, informes, autorizaciones y permisos, miles de fotocopias o, ahora, millones de correos electrónicos con pdfs adjuntos, pero las ilegalidades y los riesgos se siguen multiplicando.
Me cuenta un amigo que va por el Ministerio de los “medios”, que están elaborando un mapa cartográfico en cumplimiento de una Directiva europea. ¡De nuevo Europa! Quizá lo que no podamos resolver nosotros, con todos nuestros estudios e ideas, se nos imponga desde Europa. Pero eso me da tristeza.
Y es que pienso que, junto a esos mapas que tardarán todavía años, y antes de que se repitan desgracias o incluso tragedias terribles con muertos, como las de Biescas o Badajoz, deberíamos empezar a conducirnos con los muchos instrumentos que sobresalen de nuestras leyes, pues están repletas de medidas. Por ejemplo, ¿por qué no empezar a actuar ya contra las viviendas ilegales?
Quienes vivimos en pueblos pequeños oímos a los vecinos mayores, a los que gozan por el recuerdo de los tiempos, cómo se asombran por dónde se hacen las nuevas urbanizaciones. ¿Somos conscientes de que luego se presentarán reclamaciones exigiendo la responsabilidad patrimonial a la Administración?
Nunca podremos estar a salvo de los riesgos. Somos muy frágiles y hay mucha apariencia y falsedad en la seguridad con la que nos desenvolvemos. Pero ya que presumimos de ser tan racionales y contar con tantos instrumentos jurídicos ¿por qué caemos en la irracionalidad del capricho y no seguimos la sensatez de seguir unas mínimas reglas? Os paralizo, queridos lectores, antes de que me deis vosotros la respuesta: ¡porque falta voluntad política!
De acuerdo con los planteamientos.
El hecho de vivir es un riesgo grave en sí mismo y no se pueden no obstante prever todas las consecuencias de todo. Y lo más grave, echar siempre a otro la culpa de todos los males. La Administración siempre parece tener la culpa de todo.
Ciertamente, en un Estado tan sumamente intervencionista (¿por cierto qué hay de la Directiva de Servicios de 2006 y las CCAA?), en el que casi se necesita autorización para respirar veinte veces por minuto en vez de trece (como diría la canción), es normal que si algo sale mal se pidan reparaciones.
Muchas de esas personas que edificaron sus casas sobre cauces de riberas o en lugares peligrosos y lo hicieron las más de las veces sin licencia o forzando interpretaciones extrañas. Luego, el mensaje a la administración es ¡no haberme dejado hacerlo ahí! Este es el país de nunca jamás, en el que además aprobar un PGOU es más difícil que la película Misión Imposible y ni Tom Cruise lo conseguiría ya
Gracias, Ignacio por tu comentario con el que coincido. Recuerdo lo que se escribe en la introducción a la «Trampa del consenso»: la situación actual es una forma carísima de organizar la irresponsabilidad. Saludos, mf.