El colapso de nuestros ayuntamientos y la imaginación

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Los problemas se nos amontonan, con su rugir feroz de garras y dientes afilados: desempleo, crisis de la deuda, déficit, peligro de recaída en la recesión… Pero este espanto de cifras macro y la angustia del desempleo no deben hacernos olvidar la delicadísima situación por la que atraviesan nuestras instituciones territoriales, autonomías y ayuntamientos, con toda su caterva de diputaciones, mancomunidades, consorcios y empresas municipales asociadas. No nos andaremos con rodeos. Si no se toman medidas de extraordinaria entidad, este conglomerado institucional puede colapsarse antes del próximo verano, colapso que ya ha comenzado por su parte más débil, los ayuntamientos. Cada día nos desayunamos con un nuevo desaguisado a las finanzas municipales: les cortan la luz, les cierran los tranvías, los equipamientos, sus trabajadores no cobran… Y esto sólo es el principio. Alcaldes y concejales apenas si tienen margen – o valentía – para actuar, y miran al cielo a la espera de un milagro que, desgraciadamente, no acontecerá.Los responsables políticos de estas instituciones, en muchos casos sin experiencia de gestión, no logran comprender lo irreversible de su dramática situación. En el fondo de su alma siguen pensando que alguien vendrá a resolverles la situación. “No pueden dejarnos caer, al final vendrá el Estado y nos darán el dinero que precisamos” repiten con la fe del mantra sagrado. Se equivocan. En esta ocasión, el Estado ni está ni se le espera. Son ellos los que tendrán que arreglar la situación en la que ellos mismos se metieron, al calor de la orgía de la euforía colectiva y de la irresponsabilidad de gestión que, entre todos, hemos tolerado cuando no alentado. Aquellos ayuntamientos que fueron prudentes se encuentran en la actualidad saneados, mientras que a los manirrotos y pintoreros – que son muchos – les aguarda el frío y el crujir de dientes de la ruina.

Si no hacen algo, irán inevitablemente al colapso. Es inviable que los gastos sigan subiendo con rapidez, mientras que los ingresos se estancan o retroceden. Los munícipes no saben cómo controlar esos gastos que en gran parte están predeterminados por férreos armazones legales, como, por ejemplo, las subidas salariales en las empresas municipales, normalmente generosas en las cláusulas de sus convenios. Algunas empresas municipales que no tienen dinero ni para pagar las nóminas, tienen que soportar subidas salariales superiores al 4%. Un disparate irresponsable que nadie sabe detener. El agujero se ha hecho de tal magnitud, que ni siquiera una acción más contundente de los munícipes serviría por sí sola para la solución. PSOE y PP – ojalá con el apoyo de otras fuerzas políticas – tendrán que alcanzar en esta legislatura dos grandes acuerdos en la materia. Uno, a corto plazo, de saneamiento municipal, y otro, para medio plazo, de redefinición de la arquitectura y entramado institucional español, claramente sobredimensionado, obsoleto, redundante e ineficiente, a pesar de lo mucho bueno que también nos ha aportado.

Para acogerse al plan de saneamiento municipal – algo parecido al fondo de rescate europeo – los municipios tendrían que comprometerse a unas medidas estrictas de control de su gestión municipal, con un reforzamiento del papel de los interventores y secretarios, y un riguroso cumplimiento de un plan de ajuste y disminución de déficits. Se permitirían las quitas a cambio de pronto pago, lo que aliviaría la deuda de los municipios.

A medio plazo serían precisas medidas más imaginativas y osadas, pero igualmente imprescindibles si queremos desfacer el entuerto en el que nos hemos metido. Las empresas no pueden pagar sus impuestos porque, a su vez, las instituciones no les abonan sus facturas, o viceversa. Una medida inteligente sería la de crear un sistema de compensación de créditos y deudas. Los ayuntamientos deben dinero a las empresas, y éstas, a su vez, a los ayuntamientos. En la mayoría de las ocasiones, la compensación de esos saldos resulta tarea imposible. Si se consiguiera realizar, tanto las empresas, como los ayuntamientos verían mejorar y sanear sus balances, al tiempo que se ahorraría una enorme cantidad de dinero en reclamaciones, recargos, abogados y pleitos. Si se alcanzara un gran acuerdo nacional podrían compensarse, incluso, los saldos entre las empresas y las distintas administraciones, lo que mejoraría tremendamente la situación patrimonial y de balance de empresas e instituciones.

Los municipios son grandes propietarios de activos de distinta naturaleza. Son ricos en bienes, pero carecen de la liquidez que precisan imperiosamente. Debemos facilitar el pago con activos mobiliarios o inmobiliarios para aquellos ayuntamientos que lo consideraran oportuno, así como embarcarse en colaboraciones público/privadas de diversa naturaleza. En algunas ocasiones, para salvar la prestación de determinados servicios públicos, se podría favorecer el copago en especie, esto es, la participación activa  de los ciudadanos en la coproducción de servicios públicos, que trasciende el mero uso responsable de los recursos públicos.    Podemos evitar el colapso de nuestra administración territorial. Pero solo si trabajamos de forma valiente, osada, imaginativa, a través de grandes acuerdos, y con una estrategia a medio plazo. Si no hacemos nada, irán cayendo una tras otra como un castillo de naipes. Aún podemos reescribir esta crónica de un colapso anunciado.

4 Comentarios

  1. Magnífico análisis. Y me asalta una duda: ¿conoce alguien el tamaño ‘real’ de la deuda de nuestras administraciones públicas en general y de las autonómicas y locales en particular?:

    – ¿Cuánto pactado con el proveedor en régimen de «ya me facturarás»?
    – ¿Cuánto en albaranes y/o facturas sin registrar/contabilizar/imputar a presupuesto?. Por cierto, la ‘contabilidad de costes’ de las administraciones públicas, tan en boca de todos en este momento, ¿no debe recoger esos inputs?
    – ¿Cuánto gasto y pasivo, ya devengado (y formalmente vencido), simulado y diferido como compromiso de gasto futuro?
    – ¿Cuánto gasto, pasivo cierto y/o aval, difuminados a través de entidades (instrumentales) controladas .. pero no consolidadas?
    – ¿Cuántas provisiones por depreciación de activos y/o para riesgos sin cuantificar ni registrar?
    – ¿Cuántos derechos pendientes de cobro .. perpetuos .. sin provisionar?
    – ¿Cuánta deuda fuera de balance («menores ingresos futuros», al margen de su consideración en el SEC) por razón de infraestructuras ejecutadas y/o gestionadas en régimen de colaboración público/privada?.

    Aunque, en todo caso, es obvio que el verdadero problema, además de pasado (algo desconocido), es futuro (más que incierto), pues resulta obvio que los ingresos anuales reales no alcanzan los gastos anuales reales: y esa falta de alcance, real, no puede ser solucionada irrealmente -como siempre- empujándola y disfrazándola hacia delante.

    ¿Podría la «colaboración público/privada» extenderse a este menester, es decir, a conocer (controlar/gestionar) el verdadero tamaño del problema, así como ayudar en su solución?.

    Saludos cordiales.

    • Me hace gracia que se hable de la situación de los Ayuntamientos cuando en muchos casos ,los Alcaldes han gobernado y gastado como si el pueblo fuese suyo .Se bebe y se come ,las tasas que se aprueban no se cobran, se dan fondos perdidos para plazas de toros, se regalan plumas de 500 euros al pregonero, se compra el periódico los fines de semana para uso particular con dinero público,……y así sucesivamente. Y ahora queremos que papa estado venga, cuando en muchos casos quien nos gobierna son partidarios del liberalismo económico.

  2. Buenas Javier
    Creo que no lo saben ni ellos , de todas las formas , si tienes una pymes y no quieres la ruinaaaaaaaaaaaa , no trabajes para los ayuntamientos ni el estado .
    Ellos si tu no pagas un recibo de autonomos que lo pillan de la cuenta y si ellos no te pagan a ti , no pasa nada , todos somos España , jajajjajajajaj

    Saludos y lo dicho , lo mejor es no trabajar para ellos
    Jose Tepes

  3. Pero nunca se habla de aumentar los ingresos, relacionados estos con el problema del fraude fiscal (¿90 mil millones?); de la no proporcionalidad real de los tributos, mandatada por la Constitución y contradicha por la realidad de la fuerza fáctica; de unas sicavs que tributan algunas un 1%; de unas profesiones liberales que tributan un 25% menos que asalariados con nómina; del empleo sumergido, que se estima en un 25% del pib y 4 millones de trabajadores; de unos gastos absurdos, como las corridas de toros en las televisiones autonómicas (51 en la de Castilla la Mancha a 70 mil la corrida, más, dicen 26 mil euros mensuales de un sueldo y 10 mil de otro). De un sistema autonómico cuya finalidad no era la de multiplicar gastos, sino la de evitar prevalencias nacionalistas. No hay un problema de la administración pública: hay un problema de racionalidad nacional, que no se ataja nunca. Pocas medidas racionales se puede esperar de un país que mete las corridas en Cultura y permite que entren menores en ellas. ¿Imaginan la caza del zorro figurando en el organismo de cultura inglés correspondiente?

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