Día a día los funcionarios locales tratamos, supongo que con mayor o menor acierto, de aplicar normas y de gestionar recursos, tratando de llevar a efecto las políticas municipales que el equipo de gobierno intenta sacar adelante, de pequeño calado sin duda en muchas ocasiones, ya que mi Municipio no es muy grande, pero también indudablemente, muy importantes para los que allí estamos por la ilusión que se puede tener y porque supone también dar pasos adelante.
Y realmente cada día encuentro nuevas dificultades, a veces casi insalvables, en gran parte derivadas del propio sistema. Estos problemas se traducen en dos aspectos: 1) La inmensa masa normativa que pesa sobre nuestras cabezas que, pretendiendo normativizar hasta la extenuación, no crea sino inseguridad jurídica por la extensión y farragosidad de la gastroenteritis legislativa y reglamentaria que nos invade. 2) Porque siempre andamos con menos dinero que un maestro de escuela de la posguerra, lo cual implica que podemos hacer muchas menos cosas de las que querríamos y podemos gestionar de un modo deficiente por falta de medios personales y materiales.
Reflexionando sobre ello, muchas veces llego a la conclusión de que no sé si es que gastamos mucho (demasiado) y mal –cosa que no creo en realidad- o bien es que tenemos poco dinero y queremos hacer demasiadas cosas –cosa que sí creo-. En el fondo se nos puede recomendar que no tratemos de tener tantos ni los mismos servicios de una gran ciudad, no puede ser, y en parte es cierto. Pero también lo es que las "aspiraciones de la comunidad vecinal" son muchas y hay que tratar de que, llanamente, donde uno vive, se viva bien, lo mejor posible. Por lo tanto, siempre estaremos en una situación de precariedad o déficit estructural. Ese es un principio económico incuestionable, siempre hay recursos escasos, muchas necesidades y las decisiones económicas y políticas consisten esencialmente en aplicar aquellos recursos escasos a las necesidades que se estiman más importantes, esa es la decisión política más relevante que tienen que asumir los equipos de gobierno y que se puede leer en los presupuestos.
Todo esto viene a propósito, o querría hilarlo, con el tan traído y llevado últimamente tema de las competencias municipales impropias (histórica batalla de la FEMP) y a propósito de ese oscuro objeto del deseo que es la descentralización. El mes pasado una Excelentísima Sra. Diputada de la Oposición en el Congreso le preguntaba en una sesión de control (?) al Excelentísimo Sr. Ministro de las Cosas del Dinero acerca de qué pasaba con eso de las competencias impropias; sencillamente, que ya valía hombre, de que los Ayuntamientos tuvieran que asumir competencias que no tocan, haciéndolo porque los vecinos lo reclaman y, como Administración más cercana a los ciudadanos (qué bella expresión y cuánta demagogia alrededor de la idea) no pueden dejar de atender esas justas peticiones. El Ministro, no sin cierta sorna, le contestó que por qué le decía eso cuando la gran parte de las competencias de las que hablaba son de las Comunidades Autónomas y recordó de manera literal el sabio proverbio castellano de que "que cada palo aguante su vela". Qué maravilla el refranero. Y tenía razón, una parte de esas competencias impropias son quizás del Estado Central pero la mayoría ahora corresponde ya a las Autonomías, o sea del Estado Descentralizado. Es evidente que muchas Comunidades Autónomas olvidan deliberadamente que también son Estado y que por lo tanto pertenecen a un todo. Es ocioso recordar que el art. 137 de nuestra Constitución habla de que "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses". Es decir son Estado.
Mucho constitucionalista habrá estudiado el asunto, mucho administrativista habrá sacado punta al tema, pero a mí, quizás simplemente un oscuro funcionario perdido en algún lugar del agro de la Península Ibérica, el sistema no me produce más que rubor, por qué voy a negarlo. Las Comunidades Autónomas hoy por hoy se han convertido en los verdaderos actores del gasto público a través de un enrevesado sistema asimétrico en el que difícilmente se entiende ni atiende al elemental principio de equilibrio territorial y de la solidaridad. En España seguimos sin ‘cerrar’ el sistema político y tampoco el financiero. Opino que tiene o tendría que llegar el momento en que se produjese un cambio radical; chocolate para todos o para nadie para que a nadie se le ocurra preguntar ¿y qué hay de lo mío? ni utilizar unos votos-bisagra para arañar más recursos. Si existe un sistema de asignación de recursos para unos (cupos, conciertos, transferencias puntuales, acuerdos bilaterales,, etc), pues por qué no para todos. ¿O es que porque una parte del territorio tenga un hecho diferencial –que muchos ya se han preocupado deliberadamente de alimentar hasta límites desmedidos- tiene derecho a disponer de más dinero que otras? No puedo estar en absoluto de acuerdo con ese planteamiento, ni (supuestas) diferencias culturales, lingüísticas ni históricas pueden justificar un sistema así. Al final lo que quiere el ciudadano andaluz, gallego, vasco o aragonés es vivir lo mejor posible y tener los mejores servicios posibles y creo que todos ellos pueden (podemos) comprender que la convivencia implica solidaridad. Algún día alguien tendría que estudiar si es efectivamente cierto, como dice la Constitución que "Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales." Probablemente, papel mojado. O eso de que "Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado."
Cuando algunas Comunidades reclaman más autonomía política ¿es porque existe en ellas más sentimiento nacionalista que en otras? Es probable, pero también lo es que ya se ha desarrollado imperceptiblemente un fomento de la diferencia para luego justificar la diferencia de trato, casi siempre sin estridencias o alharacas pero sin pausa, con la constancia del corredor de fondo. Al final, "el que la sigue, la consigue". Que nadie hable de solidaridad cuando nos hemos dotado, y cada vez se acentúa más, de un sistema político y financiero en sí mismo asimétrico, atípico, desigual, injusto e incoherente.
Hechas estas digresiones sobre las competencias y financiación autonómica, quizás hay que clamar por esa tan comentada segunda descentralización, porque las Comunidades Autónomas reclaman al Estado competencias y financiación, cuestión que no se aplican a sí mismos con respecto al tercer pilar del Estado, las Entidades Locales, para dotarlas de una autonomía real. Cuánta tinta se ha vertido sobre esto. Es imprescindible facilitar recursos económicos significativos a los Municipios o, cuando menos que se defina de una vez el marco competencial del Estado, de las Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos, asumiendo verdaderamente cada uno las competencias que les sean propias pero asignando recursos para ello. En los últimos treinta años se ha producido un claro desplazamiento del poder desde una centralidad en la capital del Estado hacia cada una de las capitales de las Comunidades Autónomas. Cercanía al ciudadano pero también, en el fondo, afán de control político –ahora más cercano, eso sí- y modo de expresión de un poder que hace en ocasiones del sometimiento económico su premisa de funcionamiento. Posiblemente las soluciones son bastante más sencillas de lo que parece, sólo haría falta voluntad política y una generosidad que, permítaseme, no presumo en absoluto.
