¿Congelación salarial o inflación de cargos?

Está claro que, en época de vacas flacas, la desnutrición municipal, tan invocada como cierta, no tiene visos de arreglarse, sino de empeorar. Algunos munícipes relevantes hablan de asfixia, pero quizá quieran decir anorexia.

En esta coyuntura –aunque lo de los ayuntamientos ya parece estructural del sistema-, dos bloques de noticias saltan a diario a los medios de comunicación. Por un lado, el referente a los ecos de la congelación financiera que propone la Administración estatal de cara a los próximos presupuestos y, de otro lado, las decisiones que, cual efecto dominó, van adoptándose en numerosas corporaciones locales a efectos de autolimitarse en sueldos y gastos no indispensable.

Como bien conocemos, el primer documento, que esperemos no sea el último, que el Ministerio de Economía y Hacienda ha entregado a la FEMP prevé que los ayuntamientos reciba en 2009 un 6,3% más que este año, lo que se traduce en unos mil millones más. Pero ese dato, como rápidamente se ha contestado desde los ayuntamientos, incluye un fondo que no corresponde al año 2009 sino al dinero que el Estado debe a los municipios desde 2007. Porque cuanto más pobre se es, gran paradoja, más se sufre la morosidad del rico. Así, excluyendo esa partida de atrasos, el presupuesto baja un 0,6% o, lo que es lo mismo,alrededor de 700 millones menos para el año que viene.

Ante tan malas noticias, cuya inevitable difusión aún las hace peores, porque la alarma de catástrofe multiplica siempre los efectos negativos, los partidos políticos han reaccionado, en muchos lugares, pactando o liderando medidas de austeridad, que están muy bien aunque lleguen tarde. Economizar o racionar en plena penosidad o en situaciones de escasez no es ninguna virtud, sino una necesidad y, lo meritorio, es hacer de la necesidad, virtud, según el pensamiento barroco. Pero sobre todo, saber conjugar inversión en lo creciente y ahorro previsor para lo menguante, lo que, evidentemente, no ha sucedido. Se habla de la culpa de las competencias impropias o complementarias y de tantas cosas que han llevado a muchos municipios a situaciones embarazosas y a recalificaciones escandalosas para salir del atolladero a base de ladrillo y de mortero.

Además de reducir gastos suntuarios o economizar en energía eléctrica o teléfono, no pocos consistorios apuestan en estos días por congelar o bajar los sueldos de alcaldes y concejales liberados, reducir las dietas de los que no lo están y prescindir o ajustar al funcionariado de confianza y demás asesores. Todo ello, repito, aunque llegue tarde es plausible y edificante (término que a muchos regidores sólo identificarán con hacer pisos). Pero insisto en algo que no es novedoso: hay que ir más allá, en este caso con el pertinente apoyo legislativo.En unas corporaciones con multitud de servicios gestionados por el sector privado, ¿son necesarios tantos concejales y diputados provinciales? ¿Hace falta incrementar el empleo público como si todo se siguiera gestionando directa e indiscriminadamente? Particularmente creo que 21 concejales, varios liberados, en un ayuntamiento de 20.001 almas es un exceso. O 27 representantes en uno de 250.000 o 25 en una Diputación cuya provincia tiene una población mínima.

La calidad democrática no depende de la inflación de cargos y parece hora de coger el toro por los cuernos. Primero, racionalidad; la austeridad ya vendrá dada por añadidura.