Control (o más bien descontrol)

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Es deprimente, pero al fin, parece que la democracia en España es tan solo algo meramente formal. Los ciudadanos nos limitamos a acudir con cierta ilusión (o desilusión) a las urnas cada cuatro años para legitimar que unos u otros nos mangoneen durante otros cuatro años. Y ahí parece que acaba la cuestión. Mera democracia formal.

Un verdadero sistema democrático, exigiría que todos creyéramos en él y, por supuesto, que esa creencia fuera coherente con las acciones subsiguientes. No es extraño que cunda del desánimo entre los ciudadanos. En España no hay un sistema de check and balance reales, es decir, control y equilibrio, control y contrapesos, frenos y contrapesos, en el fondo, lo que Montesquieu propuso, un sistema de poderes independientes, en un tiempo como el nuestro, un sistema sofisticado en el que efectivamente, el poder esté controlado, contrapesado, un sistema en el que quien la hace, la paga, quiera o no. Acción-reacción.

Las dos acciones básicas del poder no son otras que, primero, intentar mantenerse en él. Y segundo, escapar a todo control siempre que pueda. Si es obvio que legítima es la primera de las aspiraciones, ya que los partidos no son sino organizaciones encaminadas a obtener el poder y gobernar, están para eso, no tan legítima es la segunda, escapar a toda costa del control tanto de la oposición como de las instituciones creadas para controlar. Ese escapismo que ni Houdini superaría, no hace sino demostrar que quien lo practica, no cree en absoluto en el sistema.

A esta obturación de los sistemas de control hay que añadir una evidente libertad de expresión mediatizada por el gobierno y los grupos de poder que se alinean a su lado. Sólo quedan, menos y muy minoritarios, versos sueltos que tratan de ser una mosca molesta (por respeto escribo “molesta” por el adjetivo en el que todos estamos pensando) que zumba aleatoriamente y a la que es fácil en un momento dado dar un manotazo. Hasta las redes están controladas; de hecho, hay medios y personas que se ven expulsadas de canales como Youtube o Twitter, al parecer cuando algunos controladores, consideran que han sobrepasado la libertad de expresión y consideran que es incierto lo que dicen o que es ofensivo. Una censura soterrada que no se sabe quién lleva a cabo. Nacen webs como “maldita.es” que se arrogan el control de la verdad o como Newtral, que chequea las noticias de otros y dice qué es bulo y qué no. Desconocemos el modo que tiene Twitter o Youtube de saber quién ofende, qué es cierto, desconocemos quién lo decide, con qué protocolos… ¿tienen chequeadores en España? En ese caso, ¿quién controla a esos chequeadores? ¿Esos chequeadores no tienen y practican una ideología concreta?

Volviendo a la cuestión de los controles, debemos recalcar que todo queda en algo meramente nominal. Es penoso ver cómo, los pocos mecanismos de control que hay, o más bien que había, tratan de ser maniatados para tergiversar la verdad y permitir que el poder haga lo que le parezca sin más. De modo no exhaustivo, podemos enumerar algunos casos que hemos podido ver, unos desde los albores de nuestra democracia y otros más recientes. El movimiento siempre es hacia la creación de controles pero solo nominales, nunca hacia la implementación de nuevos sistemas reales y realistas de control: 

Control del Centro de Investigaciones Sociológicas. Encuestas teledirigidas que pretenden cambiar la realidad manipulando datos.

Control de la información: control de RTVE (2 canales) y RNE (cinco canales). Control de cada una de las radiotelevisiones y radios autonómicas por cada uno de los gobiernos autonómicos. Sin críticas a los gobiernos. Algunas autonomías como Cataluña, 8 canales de TV y 4 de radio)

Control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Control del Consejo General del Poder Judicial ya desde la Ley de 1985. Control de nombramientos de cada órgano de gobierno de los tribunales superiores de justica autonómicos. El Vicepresidente de entonces ya dijo, gráfica y con desparpajo que Montesquieu ha muerto.

Control del Tribunal Supremo. Tribunal en el que acaba cualquier reproche sobre corrupción en todas sus formas.

Control del Tribunal Constitucional. ¡Cuántas cuestiones dependen de él! Tribunal que en la práctica se convierte en un tribunal de instancia cuando no es ésa su función.

Control del Tribunal de Cuentas. Recordemos la última, cambian consejeros y cambia el criterio:  los avales prestados por empresa pública catalana a los condenados en el procés ahora son válidos.

Control de la Fiscalía (lo dijo el mismo Presidente: “¿… quién controla la Fiscalía?… Pues eso”. Véase sin embargo el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Control del Instituto Nacional de Estadística. Reciente dimisión del Director ¿o dimisión antes de ser cesado?

Control de la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, órgano de prestigio cuando lo dirigía el ahora Ministro Escrivá y que ahora ha decaído.

Control del Centro Nacional de Inteligencia.

Control de la Agencia EFE, cuyo accionista único es la SEPI.

Etcétera.

El próximo asalto lo será al Banco de España. Los datos que ofrece, no gustan. Una ministra ya ha indicado que el Gobernador no sabe lo que dice.

Obviaremos las críticas que hemos hecho en numerosas ocasiones al sistema de libre designación que desde hace muchos años se extendió a los FHN. Véase el post https://www.administracionpublica.com/de-nuevo-esa-libre-designacion/  de 2014. Lo impensable que es que el controlado sea nombrado o cesado por quien es objeto de control, es de locos. En España son libredesignados hasta los conductores de altos cargos, no vaya a ser que olviden el deber de secreto y se vayan de la lengua con respecto a algo que puedan escuchar a los viajan en el asiento de atrás.

Se supone -y sólo se supone- que todos los órganos indicados anteriormente, son absolutamente independientes. Pero no. Y me pregunto que, aunque es obvio que el Gobierno intente controlar a todos estos órganos, no me explico cómo es posible que todos los altos cargos, se supone que la crème de la crème de la función pública, se presten a seguir las directrices y consignas del Gobierno. Esto es lo realmente grave. Porque una de las características esenciales e imprescindibles del servicio público es la independencia. ¿Cómo es posible criterios tan dispares en los tribunales según se sea nombrado por uno o por otro partido? ¿No decía el del pueblo que la ley es la ley y hay que atenerse a la ley? Y si tratan de mediatizar al mismo, o sea, al servidor público, lo que se esperaría son dos cosas: a) o que denuncie públicamente las presiones cuando éstas se produzcan y b) que en todo caso, si el presionado no puede escapar a esa presión, se vaya a su casa voluntariamente, o sea, que dimita. Eso es lo que escandaliza, que haya tanta gente que se preste a retorcer argumentos o cambiar sus criterios por mantenerse en un cargo de prestigio y bien retribuido.

Seguiremos clamando en el desierto y tenemos que seguir insistiendo en que es necesario un profundo cambio, pero desde la interiorización. Hace falta practicar la “deportividad democrática”, aceptar las reglas, que quien la haga la pague. Si das una patada al contrario y más si es dolosa, tarjeta roja, a la calle; si cometes penalti, no protestes. Se impone, no hay que cansarse de recordarlo, un gran PACTO DE ESTADO NACIONAL. Hace falta un cambio del sistema electoral además en el que:

1) El representante político esté en contacto con el ciudadano, éste sepa quién es, y además le pueda demandar cosas y exigir respuestas.

2) No sea necesario pactar con minorías que no aceptan la Constitución (todos los nacionalistas y algunos otros) y que prestan su apoyo sólo por medio de recibir trato especial, olvidando toda solidaridad. Eso sí, nunca admitirán abiertamente que lo hacen y retorcerán la argumentación para reconducirla a razones de derechos históricos, deudas históricas, igualdad y estatutos. Demagogia y puro palabrerío.

Está todo inventado, un sistema mayoritario o un sistema de doble vuelta nos ahorraría muchos problemas. A la par que un sistema de nombramiento de jueces independiente y un sistema que garantice la asunción de responsabilidades.

Sería hora de empezar a cambiar y hora de empezar a creer en nosotros mismos.

1 Comentario

  1. En la Función Pública, por concurso de méritos hasta nivel 28. Y una Oficina independiente del Defensor del Funcionario, que evite injerencias políticas en el desempeño independiente y neutral de funciones burocráticas. No debe ser el político el que controle al funcionario, sino el funcionario al político.
    Y para esto, no hace falta un proceso constituyente.

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