Cuando el enemigo está dentro

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¿Qué diríamos de aquella empresa cuyos directivos no cesan de criticar y menospreciar, acusándoles de vagos e incompetentes, por sus continuos “cafelitos” matutinos y las pausas eternas, por su impericia supina, a sus empleados, a los medios personales de que disponen? Pongo el símil con la empresa privada porque gusta a los altos directivos y representantes de la cosa pública ensalzar el paradigma empresarial (siempre eficaz y eficiente) frente a la Administración Pública siempre burocrática, torpe, “legalista” y estulta. Partamos, no obstante, de que la Administración se rige por principios distintos y obedece a lógicas diferentes a las puramente empresariales, algo que parecen olvidar (intencionadamente) las modernas corrientes de las políticas públicas, por la sencilla razón de que no es prioridad de lo público buscar el lucro a costa de lo que sea y de que su objeto es la tutela de los intereses generales (y no de los intereses privados).

Aún así, y asumiendo aquel paradigma, ¿qué empresario se lanza piedras contra su propio tejado y no cesa de pregonar en el mercado los males que aquejan a su empresa, ensalzando a la vez a la competencia de un modo continuo e insistente? Hay también que saber dirigir para que la organización funcione correctamente, pero esto es otro problema, claro está.

Que la Administración Pública no es una empresa, ni que debe actuar sólo con esquemas de funcionamiento empresarial es algo que se impone de modo aplastante. Para empezar, si funcionara realmente atendiendo al paradigma empresarial los que la dirigen serían profesionales cualificados, competentes y reconocidos, tanto como se lo pudiera permitir la propia organización. Y le interesaría siempre rodearse de los mejores, de los más competentes, porque su supervivencia en el mercado dependería en buena parte de ello.

Nada de esto sucede, por más que guste desempeñar el papel de grandes gestores a quienes carecen de la brillantez y eficacia necesaria para tales cometidos (con honrosas excepciones), expertos en sobrevivir e imponerse en las luchas internas de los partidos y en unas elecciones, que no es poco, pero que desconocen realmente cómo se gestiona una Administración, y menos tratando de aplicar criterios de gestión empresarial (en lo que resulten aplicables, como decimos). Y es que una cosa son las tareas de gestión y de dirección de una organización y otra bien distinta son las tareas políticas. Cuando la política, entendida como el arte de lo posible (para muchos, ello significa equivocadamente el arte del torcimiento impune de las reglas que se imponen al resto de los mortales) se inmiscuye en las tareas técnicas, de gestión pura y dura, y profesionales, y viceversa, las cosas siempre empiezan a marchar mal. Porque el control deja de ejercerse como debiera ejercerse según criterios técnicos, y porque se adoptan decisiones regladas de todo tipo ajenas a criterios técnicos y profesionalizados.

Pero no sólo es grave la intromisión en el ámbito administrativo, profesionalizado, ejerciendo presiones intolerables (igualmente es grave la conducta de quienes se pliegan a ellas de modo vergonzante, para ir ganando favores), sino que además se señala con el dedo al personal al servicio de la Administración, tachándolo de inepto, aquejado del pecado capital de la pereza, y encima sobredimensionado. Personal que ha superado exigentes oposiciones (mención especial, claro está, merecen aquellos empleados públicos que entraron sin superar tales pruebas, o a través de pruebas recortadas a su medida y maquilladas, por presiones políticas o personales, y que en buena lógica luego no responden a unos mínimos niveles de calidad, lo que repercute en la mala imagen de ese funcionariado abúlico que trata de venderse a la opinión pública, pues de todo hay), y que es muy competente, cuyo mérito y capacidad ha sido demostrado, con iniciativa, laborioso, cumplidor y decente. Aclaremos que la fijeza en su empleo no obedece al mero hecho de superar unas duras oposiciones, idea también equivocada y malintencionadamente divulgada, sino que responde a sus funciones de servicio público, que deben ser neutrales, imparciales y objetivas, con independencia de la autoridad política de turno que ocupe la poltrona, siempre temporal. Es decir, que si no es de la “confianza” del político de turno, que no sea despedido, lo que es una garantía para y del propio sistema. Y que ahora parece más que nunca que protege al funcionario de quienes dirigen el sistema, que con su dedo acusador, y tras jugar durante décadas a ser generales con la pólvora del Rey (mientras son sostenidos por los verdaderos dirigentes de todo este tinglado), apuntan al funcionariado como el culpable de todos los males.

Así llegamos, en una vuelta de tuerca más, a las últimas medidas que se recogen en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (tiene guasa lo del fomento de la competitividad, que por lo demás parece querer lograrse devaluando el precio de la siempre torpe mano de obra, medida de compleja ingeniería empresarial sin duda alguna), con la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, entre otras mutilaciones al modo griego, irlandés, portugués, e italiano. Todo ello precedido de esa pertinaz campaña pública en contra del funcionariado vago y abúlico, como si fuera el causante de todos los males actuales. Funcionariado que presta servicios cuyo trabajo equivalente prestado por el sector privado es muchísimo más costoso para la Administración, y pese a ello reiteradamente contratado como sabemos. Es la progresiva destrucción de la cosa pública por quienes vienen viviendo de ella y quejándose de ella a la vez durante décadas, de forma continua, y sus descendientes, que en esto suele adquirir la condición de heredable.

Por cierto, y para terminar, propongamos que esta vez también se proceda a recortar las retribuciones de las autoridades, de todas ellas (como ya se sugiriera por la FEMP en 2010, ¿recuerdan?), en una catorceava parte de sus retribuciones totales. Más que nada para dar ejemplo, que siempre andamos necesitados de ellos, y para que el reparto de las cargas y “penas” públicas sea igualitario, como reclama el Tribunal Constitucional de la vecina Portugal.

14 Comentarios

  1. Estoy de acuerdo con todo lo indicado, y añadiría que los funcionarios nunca nos beneficiamos de la burbuja, y ahora en cambio parece que somos los culpables de todo. Eliminar ciertos privilegios – de acuerdo-pero también corresponde a otros asumir cargas- empleados de banca, empresas cuasi publicas, etc.

  2. Perfecta descripción de la situación. Enhorabuena por el post. Creo que habría que difundirlo entre la sociedad por el completo desconocimiento que hay en la misma sobre la función pública.

  3. Pues si, eso es lo que hay ahora y siempre. Recomiendo un lectura de hemeroteca de 1996 y de 1979 a 1982 cuando se hablaba de la REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN. Fantástico por lo recurrente y el poco avance, pero para qué estamos nosotros? Pues para esto.

  4. ¡Sabias palabras!… destinadas a ser comprendidas por el colectivo e ignoradas por «quienes vienen viviendo de la cosa pública y quejándose de ella a la vez durante décadas».

  5. Totalmente de acuerdo.
    La de veces que he intentado convencer a algún político de que la administración no puede actuar como una empresa.

  6. Un ejemplo práctico de tan acertada descripción: BOE de 13 de junio: 20443 Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de laSeguridad Social por la que se anuncia la licitación del expediente 12/2405 para la contratación del servicio para la impresión, manipulado yenvío de documentos de vidas laborales y bases de cotización de laTesorería General de la Seguridad Social, a realizar durante 5 meses….4. Valor estimado del contrato: 4.711.640,00 euros (IVA excluido).

    «Funcionariado que presta servicios cuyo trabajo equivalente prestado por el sector privado es muchísimo más costoso para la Administración, y pese a ello reiteradamente contratado como sabemos. Es la progresiva destrucción de la cosa pública por quienes vienen viviendo de ella y quejándose de ella a la vez durante décadas, de forma continua, y sus descendientes, que en esto suele adquirir la condición de heredable.»

  7. Muy acertado. Se nos culpa a los funcionarios del desastre cuando han sido ellos con su política cortoplacista y de obtención de rédito electoral inmediato los genuinos causantes . Lo peor es que la opinión pública ha asumido ese discurso. Tendremos que hacer mucha pedagogía.

  8. El artículo retrata la realidad hasta el mínimo detalle : la culpa siempre la tienen otros , en este caso los funcionarios , que en la mayoría de las ocasiones han seguido el principio constitucional que establece que la » administración sirve con objetividad los intereses generales » , y ahí duele , pues tal como está montado el sistema de » soberanía de los partidos políticos » , las palabras objetividad e intereses generales molestan ,por la sencilla razón de que se contraponen a lo que la clase política defiende , es decir el partidismo y los intereses particulares , y para conseguir esto han creado un entramado en el que ejercen todo el poder, eligen a los futuros representantes ( comités de listas de los partidos ) , esos representantes eligen al Ejecutivo , al que no controlarán sino todo lo contrario , determinan enormemente la composición del Poder Judicial , el Tribunal Constitucional , el Tribunal de Cuentas , etc.. en definitiva todo el sistema de pesos y contrapesos que dan sentido a un Estado de Derecho, el resultado a la vista lo tenemos : un desastre económico por que decide quien no sabe y no se deja asesorar por quien es experto en la materia, y una corrupción extendida si no generalizada en todos los estamentos de lo público y de lo privado. De todo esto no tiene culpa el funcionario .

  9. Muy bueno!!! Pero no nos servirá de nada tener la razón, porque si los políticos adolecen de habilidades de gestión y capacidad para dirigir, nosotros carecemos de las habilidades políticas para conseguir los cambios que todos anhelamos.

  10. No todos los políticos carecen de habilidades de gestión y de capacidad para dirigir.

    No todos los ciudadanos carecen de habilidades políticas.

    No toda la gente anhela conseguir las mismas cosas.

    Hay que hacer un esfuerzo por salir de las generalizaciones y de los tópicos.

    También debemos ser un poco más serios y tener más sentido de la proporción, especialmente cuando se ocupan cargos públicos elevados. Eso será útil, por ejemplo, para que el Reino de España no sea considerado en el exterior como un país-fantoche, falto de credibilidad. Acabo de leer lo que ha dicho un Ministro, calificando como “absolutamente reprobable” la conducta de quien repercuta la subida del IVA en operaciones anteriores al 1 de septiembre; y semejante “rigorista moral” pertenece al gobierno que ha aprobado una amnistía fiscal para grandes defraudadores de Hacienda, haciendo mofa del derecho constitucional del artículo 31.1 de la Constitución, a contribuir todos al sostenimiento de las cargas públicas, de acuerdo con los principios de igualdad, capacidad económica y progresividad. Cómo recuerda esto a la hipocresía y al cinismo practicados por la Iglesia Católica, muy capaz de condenar una minifalda, mientras bendice la tortura y el genocidio.

    Por otro lado, es necesario darse cuenta de que a veces un político no tiene tanto margen de maniobra como algunos suponen, pues a menudo está preso en un Partido y a la hora de gobernar también tiene una celda marcada por las condiciones de contorno, aparte de un conglomerado de intereses particulares enfrente ofreciendo resistencias al cambio.

    Aquí siempre se presenta a los Políticos como “los malos de la película”, que también, pero ¿Qué decir de una población que permite mandar a semejantes sujetos y que les permite hacer o no hacer determinadas cosas?

    Si en España tenemos tan mala clase política, es debido a mi juicio a tres factores, entre otros:

    1) La existencia de una masa de población de baja calidad ciudadana y acostumbrada a comportamientos rastreros que asume con “normalidad” un alto grado de caciquismo y de corrupción en todos los niveles del Gobierno de la cosa pública, como herencia histórica de una serie de despotismos que afectaron más tiempo y más intensamente al pueblo español que a otros occidentales: catolicismo, absolutismo, tradicionalismo, franquismo, etc. Con sus secuelas de mal gobierno, mala educación, falta de civismo, jesuitismo y pillería.

    2) El blindaje normativo que se han montado los Partidos en el poder, para dificultar cambios que no les convengan (sistema electoral, diseño de los órganos constitucionales, privilegios de casta, etc.)

    3) La escasez y debilidad de los movimientos sociales avanzados y alternativos para provocar cambios profundos (culturales, económicos y políticos) que se hicieron mucho antes en países que ahora lideran el Mundo Occidental y que en España quedaron pendientes o frustrados (reforma agraria, reforma económica, reforma financiera, reforma fiscal, reforma democrática, reforma del sistema político, reforma institucional, reforma religiosa, etc.)

  11. Ya en el 2014, se nos sigue tratando por el mismo camino, esas cafeterias y esos periodicos los leen los que están igual de fijos pero en la privada y pensionistas… se nos controla hasta la visita al médico, se nos deniegan bajas e informan de las mismas pasadas semanas deduciendose de nuestros emonumentos hasta el 100% como escarnio, hasta 3 controles por cualquier IT ( INSS, Mutua y Salud Laboral), se nos divide por compañeros que reciben productividades a nuestra costa sin mas principio ni escrúpulos, poca capacidad de discrepacia en las decisiones que nos afecten, etc…

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