Tras tantos años de profesión he podido plantearme en muchas ocasiones qué es eso de la cultura, un concepto que, desde mi punto de vista, ya adelanto, es polisémico. Así que en un primer momento y para variar, hay que echar mano al DRAE:
1. f. cultivo.
2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
4. f. desus. Culto religioso.
Cultura física
1. f. Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, y práctica de ellos, encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales.
Cultura popular
1. f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Obviamente se ha escrito mucho sobre la cultura, quizás demasiada digresión de desocupados. Sólo unos pocos especialistas -cogidos con pinzas- podrían apuntar racionalmente de qué estamos hablando y siempre con criterios discutibles. “Cultura en mayúscula” dirían algunos. Sin embargo, en un ayuntamiento y más si este es pequeño, somos más prosaicos, nos embarramos en lo práctico, casi siempre en lo crematísticamente interesante para nuestra corporación. Nos interesa, a efectos administrativos, que para los secretarios es lo que importa, saber de qué diantres hablamos. Por supuesto, es evidente que cada cual tiene su formación cultural y sus propios intereses, al margen de lo que impone lo oficial.
Como vemos que indica la RAE, hay muchos significados. Llegar a un consenso debió costar muchas discusiones de nuestros queridos académicos, algunos aun toman aspirinas. La acepción que apunta el apartado tres es el que más nos puede interesar en las entidades locales y me refiero a entidades locales para que queden englobadas también las diputaciones provinciales, organismos que afortunadamente (¿o desgraciadamente?) cuentan con una buena financiación. En otro momento nos plantearemos este interesante debate, para qué existen las diputaciones, porque lo primero que a cualquier FHN se le viene a la cabeza es que cultura es uno más de los planes que se formulan. O una excusa para realizar ciertas acciones por cualquier administración (todas tienen competencias) y por cualquier motivo y que resulte políticamente correcto. Cuando nos referimos a las diputaciones, hay que elaborar un plan de cultura, solicitar, certificar (!), ejecutar y justificar en plazos y condiciones que impongan las bases. A veces certificar cosas absurdas, pensadas quizás por supuestos “técnicos culturales” (¿quiénes son?) como acreditar y firmar cuánto se ha dedicado a la cultura el año anterior. ¿Cómo hacer esto cuando desde el punto de vista técnico y pragmático no sabemos qué es cultura? Máxime cuando el desarrollo presupuestario no lo permite delimitar tampoco. El aplicado FHN se devanará los sesos Y certificará lo que haga falta previo informe y antecedentes obrantes en el expediente. Recomiendo visitar la página https://antropologies.wordpress.com/2013/10/13/definiciones-de-cultura/ que da bastantes pistas., artículo de Julio Zino que habla de las definiciones de cultura, resumiendo lo que muchos intelectuales han considerado “cultura”.
Aunque es algo que se da por sentado, la cuestión tiene su aquél. Nuestra Constitución, inserta la palabra cultura en 14 ocasiones. En el Preámbulo se refiere a la voluntad de proteger a todos los españoles de …/… sus culturas…” y de “promover el progreso de la cultura” (¿no es algo rara esta frase?). Promoción de la cultura, acceso a la cultura, garantizarán la cultura… etc.
A partir de estas premisas, me pregunto si es necesario o no financiar la cultura; y qué cultura, claro. Cualquier cosa casi que al político se le ocurra podría ser cultura. Sólo con añadir un adjetivo, convertir la palabra en adjetivo o la preposición “de”, todo puede ser cultura: industria cultural, activismo cultural, cultura de la tradición, cultura del ocio, cultura festiva, cultura del agua, cultura de la trufa, cultura del mimbre, cultura del vino, cultura del bienestar, cultura musical, cultura de la cocina, raíces culturales, patrimonio cultural, multiculturalidad, cultura taurina, bono cultural, agenda cultural… no sigamos, la lista es infinita. Por poner otro ejemplo, hace unos años la jota aragonesa no se consideraba como manifestación cultural subvencionable, luego se cambia el criterio y sí. O sea, qué “manifestaciones” culturales sí y cuáles no son dignas de protección. Porque la polisemia del término nos lleva a que los poderes públicos, o sea, los que manejan los dineros públicos, decidan con una más que una discutible discrecionalidad, qué sí y qué no. Y dicho sea en términos de mejor defensa: muchos de nuestros políticos disponen de una formación cultural bastante cuestionable (como se decía en la época franquista sobre las fincas, “manifiestamente mejorable”). ¿No es un modo de dirigismo en el mejor de los casos o de captación de votos y colocación de amiguetes en el peor?
La pregunta es si las instituciones públicas deben aportar financiación para favorecer determinadas manifestaciones culturales o la cultura es algo que se debe autofinanciar al menos en un alto porcentaje. Si consideramos cultura como conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, puede ser adecuado financiar aquéllas, aunque ya dudamos que haya una institución que desee fomentar el juicio crítico. Se fomenta más el gusto gregario, el de manada, el borreguil, en definitiva, se practica en la mayoría de los casos, una manipulación descarada. Pero siendo ingenuos, si se trata de fomentar una conciencia crítica, deberíamos plantearnos que si se favorece este juicio crítico, debe hacerse desde la más pura asepsia, hecho que hoy por hoy veo imposible.
Sugiero echar un vistazo a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para encontrar líneas de subvención de lo más rocambolescas y peregrinas. La relación es infinita. Y organismos públicos cuyo único objeto parece ser conceder subvenciones. O sea, repartir dinero público, que al fin, como dijo una memorable ministra no es de nadie. Pero es de todos. Ingentes cantidades de dinero. Es la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, las Comarcas, Organismos Autónomos de cualquiera de ellas, sociedades públicas… todos “otorgan” subvenciones bajo supuestos criterios de transparencia y fundándose en razones de fomento de lo cultural.
Un apunte final: se está en plazo para solicitar cuatrocientos euros en forma de bono cultural aquellos que cumplen 18 años en 2022. Vaya hedor electoral. ¿Nadie va a decir nada? ¿Este planteamiento no raya lo inaudito (hay calificativos mucho más contundentes que me abstendré de indicar) cuando el año que viene hay tres procesos electorales? Se indica como justificación (ver https://bonoculturajoven.gob.es/) , «para fomentar el descubrimiento y el acceso a diversas expresiones culturales». E incluyen 200 euros para artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales. y artes audiovisuales. Por ejemplo, entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales o audiovisuales. 100 euros para productos culturales en soporte físico. Por ejemplo, libros, revistas, prensa, u otras publicaciones periódicas; videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray. 100 euros para consumo digital o en línea. Por ejemplo, suscripciones y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales, compra de audiolibros, compra de libros digitales (e-books), suscripción para descarga de archivos multimedia (podcasts), suscripciones a videojuegos en línea, suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.
Por todo esto ¿no sería necesario replantearse, previo debate sosegado y con argumentos, qué es lo que el erario público debe financiar o no?. Sabemos que en lo que llamamos “estado del bienestar”, una parte del mismo atiende o debe hacerlo a la promoción y difusión cultural; y sabemos que los recursos son escasos y las necesidades siempre alternativas y crecientes. Por eso, se debería tener presente qué es lo que se va a financiar, para qué, qué efectos va a tener, a quién se dirige. Y hacerlo desde un debate desapasionado y desde criterios lo más objetivos u objetivables posible, teniendo en cuenta, por supuesto aquello de “primum vivere deinde philosophare”.